En nombre de todas las vidas

CONFERENCIA PREPARATORIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
06 y 07 de Septiembre

ESPERANZAS…

Cada evento de estas características genera al interior de nuestros Pueblos la expectativa de nuevos marcos de relación con el mundo natural del cual los Pueblos Originarios del mundo nos sentimos parte y no dueño. Buscando la señal que nos indique que el andar alegre hacia el precipicio que nos propone este modelo económico perverso, puede ser detenido.
En este número dos de KIMVN vamos a compartir los objetivos centrales de este evento, como también entender las motivaciones que movilizan a cientos de dirigentes y militantes indígenas de diversos puntos del mundo hacia la Conferencia Preparatoria de los Pueblos Indígenas que se realizará previo a la cumbre de áreas protegidas.
Damos a conocer también el análisis de importantes instituciones relacionadas al tema como el Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales y COICA.
Y para finalizar una reflexión - que continuaremos - sobre los 100 años del primer Parque Nacional de Argentina instalado en territorio de la Nación Originaria Mapuche.

HACIA DURBAN

Resoluciones de la UICN sobre Pueblos Indígenas (1996)

Han pasado casi 30 años desde que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su 12° congreso realizado en Kinshasa, reconoció por primera vez la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras en el establecimiento de áreas protegidas. La resolución exhortaba a gobiernos y entidades de conservación a reconocer el valor de las formas de vida de los pueblos indígenas y a idear formas para que los pueblos indígenas pudieran convertir sus tierras en áreas de conservación sin tener que renunciar a sus derechos o ser desplazados.
No obstante, la gran mayoría de las áreas protegidas establecidas desde entonces han violado estos derechos. En los últimos 15 años, la comunidad conservacionista ha hecho esfuerzos más concertados para desarrollar principios y pautas tendientes a conciliar los derechos indígenas con las iniciativas de conservación. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) impone a los gobiernos la obligación de respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas, y de proteger y alentar el uso tradicional de sus recursos naturales por parte de estos pueblos. Al mismo tiempo, ha habido importantes avances en la legislación internacional, que ha definido con mayor claridad los derechos de los pueblos indígenas, avances que se han consolidado en el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Estos reconocen los derechos de los pueblos indígenas a:
la autodeterminación;
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales;
no ser privados en ningún caso de sus medios de subsistencia;
poseer, desarrollar, controlar y usar sus tierras, territorios y recursos comunales, que tradicionalmente han poseído u ocupado de alguna otra forma;
disfrutar libremente de su propia cultura y mantener sus formas de vida tradicionales;
otorgar su consentimiento libre e informado previamente a que se realicen actividades en sus tierras;
ser representados por sus propias instituciones;
ejercer su propia ley consuetudinaria;
la restitución de sus tierras y compensación por las pérdidas sufridas.

Estudios realizados por pueblos indígenas sobre sus propias experiencias con áreas protegidas, y las conclusiones que se pueden extraer de ellos, tienen implicaciones importantes para los conservacionistas que se reunirán en setiembre de 2003 en Durban, Sudáfrica, en el V Congreso Mundial de Parques. Si las organizaciones de conservación, incluidas la UICN y la WCPA, y las agencias estatales desean asegurar que las áreas protegidas existentes y futuras sean establecidas y manejadas respetando los derechos de los pueblos indígenas, deben:

reafirmar su compromiso de respetar y respaldar en todos sus programas de áreas protegidas los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente;

dar prioridad a la reforma de leyes, políticas y programas nacionales de conservación para que éstos respeten los derechos de los pueblos indígenas y permitan a los pueblos indígenas tener la propiedad y el manejo de las áreas protegidas;

asegurar que se asignen fondos suficientes a los programas nacionales de conservación y a los programas regionales e internacionales que los apoyan, para ejecutar estas reformas legales y de políticas;

volver a capacitar al personal de conservación de las oficinas nacionales e internacionales para que comprenda y sepa cómo aplicar estos nuevos principios;

establecer mecanismos efectivos para el diálogo abierto, la reparación de injusticias y el intercambio transparente de información entre los conservacionistas y los pueblos indígenas;

alentar a otras agencias internacionales de conservación importantes a que aprueben políticas claras sobre los pueblos indígenas y las áreas protegidas, de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente y estos nuevos principios de conservación;

combatir la discriminación instalada en los programas y oficinas de conservación nacionales e internacionales y, cuando resulte necesario, aprobar políticas sociales afirmativas que reconozcan y respeten la diversidad cultural;

apoyar la consolidación de las organizaciones de los pueblos indígenas como instituciones representativas independientes;

Es necesario aprobar medidas claras en el Acuerdo de Durban que permitan llevar a cabo estas acciones, lo cual es el resultado que se espera obtener del V Congreso Mundial de Parques. Esto es particularmente importante en la medida que la puesta en práctica de las Conclusiones del Congreso Mundial de Parques dependerá finalmente de los debates de la VII Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica a realizarse en Kuala Lumpur en 2004. La credibilidad del CDB se verá fuertemente acrecentada a partir de que se observen plenamente las normas sobre derechos humanos ya establecidas en otros tratados de la ONU.

Por: Forest Peoples Programme.
Para mas documentación de apoyo, consultar el sitio http://www.forestpeoples.org

"El proyecto de ley pretende legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras en áreas protegidas donde no existen tales actividades, como son la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Amboró y el Madidi", aseguró el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente (Fobomade).
Para los ambientalistas no hay margen para la duda: la aprobación de este proyecto de ley será un "duro golpe a la gestión de áreas protegidas y la liquidación de proyectos de uso sustentable de la biodiversidad".
Entre los campesinos e indígenas de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) también hay la certidumbre de que el proyecto de ley, impulsado por la hija del presidente de la República, Alejandra Sánchez de Lozada, "pretende privatizar los recursos genéticos y de la biodiversidad de las áreas protegidas y entregar la administración de las mismas a privados, excluyendo la participación de las comunidades locales".
En un documento público, campesinos e indígenas exigieron paralizar la aprobación de este proyecto de ley. "Proponemos que se abra un nuevo espacio de verdadera concertación para la elaboración de un proyecto de ley que posibilite la consulta y participación efectiva de todos los sectores sociales, recogiendo sus aspiraciones y demandas, y que proponga una regulación integral de la conservación de la biodiversidad y su administración y gestión social".
Y es que además de la orientación y contenido del proyecto, lo que cuestionan ambientalistas e indígenas es la forma "mañosa y fraudulenta" con la que se estaría manejando el proceso de consulta de la nueva ley, a través de "talleres" en los que sólo se buscaría convalidar el proyecto gubernamental.

Según la Coordinadora, en estos talleres y audiencias de consulta " se pretende hacer avalar el contenido de un proyecto inconsulto y violatorio de derechos fundamentales de indígenas y campesinos.

A continuación una síntesis del resultado logrado por las mas importantes organizaciones indígenas relacionadas a la temática de suriga de la declaración de los Pueblos Indígenas de Mesoamérica ante el Primer Congreso Mesoamericanos de Areas Protegidas (marzo de 2003).

Declaramos:
1) Que la gestión de las Areas Protegidas entre las partes interesadas (Estados, Investigadores, ONG’s, etc.) y los Sujetos de Derecho (Pueblos Indígenas), debe pasar primero y como pre-requisito fundamental por el reconocimiento a la libre determinación de nuestros Pueblos.
2) Debe formularse un marco jurídico que garantice la plena participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de manejo, conservación, protección y administración de las áreas protegidas establecidas dentro de sus territorios.
3) Que el Estado reconozca y respete la plena vigencia de los derechos colectivos y colaterales de los Pueblos indígenas sobre sus territorios, como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.
4) Garantizar que el Estado provea a los Pueblos Indígenas, recursos financieros, técnicos y administrativos para el manejo de áreas protegidas.
5) Garantizar que las iniciativas a desarrollarse en áreas protegidas debe ser obligatoriamente bajo la consulta, consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.
6) Dar plena vigencia al principio de igualdad de derechos y oportunidades en la toma de decisiones.
7) Asegurar que los ingresos resultado del uso y usufructo de las áreas protegidas deben ser invertidos y distribuidos para el desarrollo de las comunidades que habitan en áreas protegidas, así como en la reestructuración de los ecosistemas.
8) Rechazamos el Protocolo Centroamericano de Acceso a los Recursos Genéticos y a los conocimientos tradicionales que marginan y no reconocen nuestros derechos.

Con lo anterior queremos dejar constancia de cuales son los pre-requisitos fundamentales para la implementación del co-manejo entre las partes interesadas y los pueblos indígenas, bajo una política de cooperación, y darnos una oportunidad para que las futuras generaciones: vean, creen y se recreen en un mundo tan rico en diversidad biológica, al menos como el que nos ha sido heredado, así como nuestro entender de una responsabilidad compartida, en tanto Pueblos Originarios de Mesoamérica.

Declaración de los Pueblos Indígenas de Mesoamérica ante el Primer Congreso Mesoamericanos de Areas Protegidas, Managua, Nicaragua, 9 de marzo del 2003.

La gran Amazonía, que se extiende sobre aproximadamente 7.584.331 km2 (*) es poseedora del bosque tropical húmedo más extenso del mundo, con flora y fauna que constituyen, por sí solas, más de la mitad de la biota mundial, conformada por cientos de miles de plantas y millones de animales, muchos aún desconocidos por la ciencia occidental. Al mismo tiempo, sus aguas representan entre 15 al 20% de toda la reserva de agua dulce del planeta Tierra y solo el gran Río Amazonas vierte el 15.5% de las aguas no saladas al océano Atlántico.
En este mundo de extraordinaria diversidad de especies, estamos los Hunikuin, Shuar, Yine, Kichwa, Tagaeri, Machsco y tantos otros centenares de Pueblos milenarios denominados indios, protectores de nuestros territorios, en los que está casi el 100% de bosques y su biodiversidad hoy existentes. Amenazada por factores políticos, económicos y sociales, la Amazonía se encuentra en un proceso continuo de ocupación, tensiones, conflictos, daños humanos y ambientales, justificados por el mito de la integración ó de la necesidad de aliviar la pobreza de otras regiones.
Los diversos intereses sobre los recursos estratégicos existentes en la Amazonía (uranio, petróleo, níquel, zinc, cobre, oro, recursos genéticos, entre otros), han hecho de esta vasta región un lugar propicio para la generación de conflictos, habiendo creado figuras y conceptos para adjudicar adjetivos a la naturaleza bajo la figura de áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales, faunísticas, ecológicas, etc. Ninguna de estas figuras representa garantía de protección verdadera de los territorios indígenas afectados por las 181.251 hectáreas de zonas protegidas en los países de la Cuenca Amazónica, ya que son absorbidas por intereses de explotación minera, petrolera, maderera, colonización y turismo.
Para nosotros, los impactos son aún más complejos, considerando las prácticas habituales de asistencialismo, división y cooptación para justificar los supuestos acuerdos o consultas a las comunidades, pueblos y organizaciones.
Como forma de superar estos conflictos es indispensable asegurar las garantías de nuestros territorios como medio de protección de la naturaleza. Lo anterior debe ser respetado y apoyado principalmente por los gobiernos, porque es la mejor garantía de hacer conservación con la presencia de vida humana, que la representamos los pueblos indígenas. Entonces, solo así se pondría en práctica la declaración de principios de la Cumbre de la Tierra, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Foro Intergubernamental sobre Bosques, y de los otros instrumentos internacionales de relevancia en materia ambiental.
En los casos en que se superponen las áreas protegidas a nuestros territorios, se debe reconocer nuestra preexistencia y los derechos ancestrales consecuentes existentes, incluso antes de la adopción de cualquier norma legal de reconocimiento del uso y manejo de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, así como la responsabilidad de co-administración con la participación de nuestras instituciones de gobierno local.

Entonces, básicamente resaltamos los siguientes planteamientos:

La preeminencia de nuestros derechos territoriales sobre cualquier figura de protección, así como el libre acceso y control de los recursos naturales existentes.
La prohibición de todo tipo de actividades extractivas externas en las áreas protegidas ya declaradas y garantizar a los Pueblos Indígenas los beneficios económicos por los servicios ambientales.
La eliminación de superposición de áreas protegidas, en particular aquellas que afectan a nuestros territorios.
La participación directa de nuestras organizaciones representativas en la toma de decisiones políticas, jurídicas y otras que nos afecten.

(*) Bolivia 824.000 km2; Brasil 4.982.000; Colombia 406.000; Ecuador 123.000; Guyana 5.780; Perú 956.751; Venezuela 53.000; Surinam 142.800 y Guyana Francesa 91.000.

Por: Sebastião Haji Manchineri, Coordinador General de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), Quito, julio 29 de 2003

Este año se cumplen 100 años de un hecho que indica la creación del primer Parque Nacional en Argentina: la donación de tierras que efectuó el perito Francisco Moreno al Estado Argentino sobre el cual se fundó el Parque Nacional Nahuel Huapi. Los mapuche no queremos quedar ajenos a este hecho porque cada celebración significa ejercitar la memoria, un acto totalmente imprescindible. Este ejercicio de la memoria lo queremos hacer rompiendo con el bronce con que generalmente la historia oficial cubre a los hechos y los personajes del pasado lejano ó reciente que nos impide tener una visión diferente de la que escrita por la oligarquía que impuso esos héroes y esos acontecimientos en nuestra memoria.

En el caso concreto de la reconstrucción de la memoria histórica de los Parques Nacionales y en particular el Parque Lanín y Nahuel Huapi es indispensable la visión de la Nación Originaria Mapuche. Es decir, la del pueblo nación que era dueño de ese territorio milenios antes del momento en que tanto el estado argentino como el chileno, deciden incorporar por la vìa de la violencia ( de la guerra y el genocidio) y luego de otros instrumentos como las misiones y las escuelas, el territorio de nuestra nación mapuche. Estas gestas “patrias” se denominan en la historia oficial “Conquista del Desierto”, en Argentina y “Pacificación de la Araucanía” en Chile.

La Constitución Argentina (18853-118660) establecía en su Articulo 67: “Proveer al mantenimiento de las fronteras, mantener el trato pacífico con los indios..” como reconocimiento a la existencia de otro Pueblo y a un límite de su existencia territorial. No obstante ésto, la elite oligárquica que gobernaba esa época organizó la invasión sangrienta del territorio mapuche.

Mas allá también que ningún artículo del Código Civil Argentino establecía ni establece que la apropiación de un bien por la fuerza, el hurto ó la violencia genera derecho de propiedad, nuestro territorio fue invadido militarmente, ocupado y apropiado por el Estado Argentino en forma oficial y respaldado por leyes del Congreso, que nos consideraba “enemigos de la nación”. De la misma manera nos consideraba el estado chileno para quienes éramos “invasores de las pampas argentinas” en su estrategia de establecer sus líneas fronterizas.

Queremos entonces desde este espacio vincular la construcción de la invención moderna que fue el Estado Argentino y las “razones” nacionalistas” que justificaron la creación de los Parques Nacionales.

En esto de dejar volar a la memoria libre como el viento caerán hojas manchadas desde la historia. Manchadas de persecuciones, erradicaciones forzadas, robos de territorios y propiedades, vejaciones, humillaciones y muerte . Esta revisión la hacemos como un desafío, donde nos incluímos como pueblo que habita en límites territoriales argentino-chileno, para ser capaces de crear una sociedad sin vencedores ni vencidos, de convivencia cultural, de enriquecimiento mutuo.

Y, probablemente el precio sea que algunos héroes oficiales queden expuestos con todos sus malos olores, sus manos no tan impecables, su figura brillante sostenida sobre la oscuridad de la muerte. Pero tambièn la ganancia de encontrar otras personas y otras gestas silenciadas, que den sentido y raíces a nuestros sueños, luchas, demandas. De eso se trata la historia que queremos comenzar acompartir.

Fey Kay mvten! Es todo por ahora!