A nivel internacional se está imponiendo un nuevo modelo de gestión integral por cuenca hidrológica, a partir del cual las políticas de distribución, manejo y calidad del agua tienen que ser rediseñadas considerando todos los usos, así como contar con el consenso de los distintos representates de los usuarios. En el caso de México, este modelo propone la radical transformación de la estructura institucional, de las formas organizativas de los agricultores con riego, así como de la escala de la unidad de gestión del recurso. Sobre esta base se ha iniciado la creación de los consejos de cuenca, los cuales son órganos de representación de todos los usuarios del agua en una cuenca.

Este trabajo analiza las condiciones que enfrentan los distintos tipos de organizaciones de regantes para acceder al agua en una cuenca caracterizada por su acelerado deterioro ambiental, así como por ser una de las primeras en ser incorporadas al primer consejo de cuenca en México. En este caso se constatan los profundos conflictos políticos y económicos en torno al agua, en la que los agricultores con riego van perdiendo acceso al agua, frente a los intereses urbano-industriales, al mismo tiempo que, como productores enfrentan una profunda reconversión hacia una agricultura empresarial, en la cual el manejo del agua para riego ha tenido que incorporar criterios de mercado y productividad.

Introducción

En los estudios acerca del agua en México se resalta la desigual distribución natural de este recurso, así como las consecuencias que esto tiene para la población.(1) De esta manera, la mayoría de los estudios antropológicos acerca de la organización social en torno al agua para uso agrícola se concentran en los aspectos del acceso, distribución del recurso, y sus consecuencias en la diferenciación social y organización al nivel de la comunidad de regantes.(2) En el caso del agua para uso urbano-industrial, predomina un enfoque más centrado en las regulaciones político-administrativas, y en la organización y movilización para acceder al servicio de agua potable, entre un conjunto más amplio de servicios públicos. Muy recientemente se han iniciado investigaciones acerca de la manera en que la desigualdad social, económica y política se expresa en la organización social existente para aprovechar el agua, así como la relación que esto tiene con el rápido deterioro ambiental. Sin embargo, son pocos los estudios que se hayan concentrado en el análisis de la problemática social a partir de una cuenca hidrológica, considerando a todos los grupos de interés que existen en torno a este recurso; la mayoría de la literatura al respecto está abocada a analizar los modelos de planeación y gestión.(3)

En los últimos años, la antropología mexicana está abordando estos problemas con nuevos enfoques y a otra escala. El cambio consiste en sustituir el énfasis que se daba a la problemática indigenista, por otro enfoque en el que interesa más la investigación de la problemática nacional en la población rural no indígena y urbana industrial, tanto en sus dimensiones diacrónicas como sincrónicas. Así, se da un desplazamiento en la escala geográfica, incorporando propuestas de análisis regional que consideran la complejidad y diversidad social, económica política y cultural, e incluyen las relaciones de interdependencia que la región sostiene con el sistema mayor, lo que obliga a dedicar especial atención a la naturaleza misma de las fuerzas externas que actúan sobre los sistemas locales/regionales.(4)

De la misma manera que se ha dado esta transformación en la antropología, en otras disciplinas más vinculadas con la gestión de los recursos naturales se ha dado un importante desplazamiento de sus intereses y aproximaciones teóricas. Así se han establecido criterios ambientalistas para el estudio de los recursos hídricos, en los que la unidad (física o natural) de análisis, gestión y planeación del agua es la cuenca hidrológica.

En nuestro país, a partir de diversas experiencias a escala internacional en la gestión de los recursos naturales, y considerando las características ambientales como es la geomorfología, los regímenes climáticos y los sistemas bióticos, se ha redefinido la unidad de gestión del agua, pasando de una administración fundamentada en la división política, a otra al nivel de cuenca hidrológica.

Con base en los trabajos elaborados por diversas instituciones, desde el enfoque del planificador, en particular los de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico de principios de los años 1970 a 1986, se propusieron varios apartados a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, así como las profundas transformaciones de la estructura institucional para el manejo del agua: en menos de seis años se impuso una propuesta de gestión integral del agua, con base en la cuenca hidrológica como unidad de gestión. En este sentido, es importante analizar las relaciones sociales que surgen en torno al uso y distribución del agua de una cuenca hidrológica, dado que esto tiene un marcado impacto social. Alrededor de la política del agua confluyen una multitud de factores e intereses que pueden generar alianzas o conflictos por la distribución del recurso entre los usuarios del agua potable de las localidades rurales y urbanas, así como entre los productores agropecuarios y los urbano industriales. Aún hace falta un análisis global de este proceso de apropiación del agua que nos permita entender la heterogeneidad de formas sociales que existen para acceder a ella, y la manera en que el acelerado proceso de transformación económica y ambiental las está afectando.

Este trabajo aborda la problemática desde dos aspectos centrales. El primero se refiere a la gestión integral del agua, entendida como un proceso tanto de control técnico como de control social, en el cual se incluye la administración, la planeación , la organización y la división del trabajo para el control técnico así como los mecanismos de dirección política y procesamiento de las demandas y conflictos que existen en torno al recurso. El segundo aspecto es el de la participación, entendida como la capacidad desarrollada por los grupos organizados para influir en las decisiones o acciones que determinan sus condiciones de vida, su situación social, o su acceso a los recursos.

Algunas precisiones conceptuales

En las distintas disciplinas o enfoques teóricos que ofrecen definiciones de ambiente , se resaltan aquellas que, además de su caracterización como el conjunto de factores físicos que rodean a los seres vivos, amplía su significado para incluir las circunstancias sociales, culturales y económicas de los grupos humanos. De esta manera asumen una perspectiva sistémica para el análisis de las condiciones ambientales , a partir de la cual es posible caracterizar las relaciones de los sistemas sociales regionales con los sistemas naturales. Con una perspectiva de este tipo es posible examinar el impacto de las políticas de desarrollo regional y de gestión de los recursos naturales en la relación población-ambiente.

Estos enfoques ambientalistas consideran distintos criterios para representar la relación de los factores sociales con los naturales. En el desarrollo de parámetros cuantitativos confiables, se han implementado diversas metodologías para la construcción de indicadores socioambientales, los cuales permiten dirigir la toma de decisiones en la gestión de los recursos, así como la planeación del desarrollo regional (Hufschmidt, M.M:1991, y Kuik, Onno and Harmen Verbruggen;1991).(6)

En este sentido, queremos resaltar el impacto que ha tenido la incorporación de los criterios del desarrollo sostenible en la planeación y gestión de los recursos, el cual, en su definición más general implica el establecimiento de las condiciones apropiadas para lograr la satisfacción de las necesidades del presente a partir de la explotación racional de los recursos naturales, sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones (Del Amo; 1990). Uno de los varios enfoques prácticos, pero no por eso menos analíticos, afirma que el desarrollo sostenible es primordialmente un concepto de gestión, el cual se refiere al proceso de elaboración de políticas de desarrollo regional en las que se precisan objetivos y metas en los aspectos económico (crecimiento), sociales (equidad en su distribución y acceso) y ambientales (sustentabilidad ambiental). La elaboración de dichos objetivos y metas sólo son posibles a partir del impulso de procesos de concertación y transacción entre los actores sociales e institucionales involucrados en el uso y aprovechamiento de los recursos. Así, el desarrollo sostenible implica el ponerse de acuerdo en cuales recursos se van a explotar, cómo se aprovecharan, y quiénes se beneficiaran de esto, así como del reconocimiento de las restricciones y condiciones para la concertación de cada uno de los actores sociales involucrados (Dourojeanni, A.;1994a y 1994b, citando a Nijkamp, Peter; 1990).

El enfoque de cuenca en los estudios de la relación población-ambiente

La cuenca hidrológica es el territorio donde las agua fluyen hacia un punto, la cuales puede ser claramente delimitada por el parteaguas, y en donde se consideran tanto las aguas superficiales como subterráneas vinculadas por el ciclo hidrológico. Su definición como región es funcional, de acuerdo a determinadas relaciones físicas y requerimientos de gestión, planeación o sociales. Este enfoque nos permite analizar los vínculos biofísicos de las actividades humanas que se llevan a cabo en las tierras altas, y su impacto aguas abajo, porque a lo largo de la cuenca, los diversos grupos humanos están vinculados a través del ciclo hidrológico.

Asimismo, se parte de un enfoque holístico, porque permite a los planeadores y manejadores considerar muchas facetas del desarrollo de los diversos recursos, grupos humanos que la habitan, y las interacciones que se generan entre ambos factores. Así, podemos analizar desde los disturbios de uso del suelo en tierras altas y los efectos que tienen a lo largo de la cuenca, como la dirección espacial que asumen diversos procesos sociales, y que tienen como resultado una cadena de impactos ambientales que pueden ser fácilmente examinados en el contexto de la cuenca. La cuenca provee del marco para analizar los efectos de las interacciones humanas con el ambiente, los que operan en un ciclo de retroalimentación en los cambios del sistema social.

El uso de los enfoques de cuenca para la planeación o el estudio de la relación población -ambiente puede ser integrado o parcial, ya que en muchos casos se puede recortar el objeto de estudio a determinado recursos o problemas, como son los recursos forestales, los problemas de erosión y conservación de suelo, los de desarrollo rural o la conformación de sistemas agrícolas, e incluso, como se está desarrollando en México, un modelo que permita analizar al conjunto de la población y su relación con la totalidad de los recursos.

Con estos principios, y sin contradecir el sentido de las políticas económicas neoliberales, a nivel mundial se han propuesto varias transformaciones radicales en la gestión de los recursos naturales que redimensionan el desarrollo regional. En nuestro país, la Comisión Nacional del Agua (CNA), organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), ha considerado como la mejor unidad natural de gestión integral del agua a las cuencas hidrológicas, para lo cual ha transformado la anterior gestión por división político-administrativa, en una administración por región y cuenca hidrológica.

Esta redefinición se fundamenta en el reconocimiento de los procesos naturales de tierra y agua de una cuenca -sustentado por diversas experiencias e investigaciones internacionales-, como la base más apropiada para la delimitación de las unidades de gestión y de intervención de las políticas de desarrollo sostenible, así como del establecimiento de instancias de negociación y concertación entre los actores sociales e institucionales (Newson; 1992). Esta propuesta está encaminada a regular el acceso a de los recursos naturales para frenar el deterioro ambiental, la cual es muy distinta en términos programáticos, organizativos, técnicos y conceptuales a las propuestas de generación de polos de desarrollo a partir de las comisiones por río que existieron en nuestro país entre los años 1940 y 70.

La nueva perspectiva se centra en las interacciones del ecosistema natural y el sistema social. Sin embargo, en este enfoque el desarrollo sostenible definido por los tres tipos de objetivos antes citados, enfrenta dificultades al no contar con indicadores comunes ni un sistema de conversión para darles un común denominador, el cual, de cualquier manera, es muy difícil de cuantificar. En nuestro caso, se reconoce que la delimitación de metas y objetivos depende en gran medida de las características políticas del sistema social regional, así como de los procesos de gestión y participación, lo cual no ocurre de forma automática sino con base a transacciones entre actores sociales; y estos últimos sólo actúan de acuerdo a la estructura social que representan, y de la cual surgen.

La cuenca del río Laja

La cuenca de estudio fue seleccionada a partir de su alto grado de diversidad ecológica interna, que permite la observación y estudio de una amplia gama de sistemas agrícolas como adaptaciones humanas al medio ambiente, y un alto grado de representatividad de los distintos tipos de conflictos por el recurso. Ahí nos encontramos con una fuerte especialización productiva, con la proximidad de centros urbanos agroindustriales de importancia, así como un marcado deterioro del recurso en cantidad y calidad. Desde el siglo XVI La cuenca del río Laja en está región se realizaron trabajos muy intensivos para aprovechar el agua con fines agrícolas y urbanos, época desde la cual se presentan las primeras confrontaciones por su uso y aprovechamiento entre los hacendados y la pequeñas y medianas explotaciones agrarias, así como entre los agricultores y sus usuarios urbanos.(7)

Con estos elementos, se evalúa el caso concreto de gestión integral de la cuenca hidrológica del río Laja (5), afluente del Lerma (uno de los más importantes de México, por su densidad demográfica e importancia de las actividades económicas que ahí se realizan). El período de estudio está delimitado por la creación del consejo de cuenca Lerma-Chapala en 1991 a la fecha. En realidad, se quiere cuestionar la capacidad de este nuevo modelo de gestión del agua para frenar el deterioro ambiental, a partir de un supuesto consenso entre los grupos de interés que existen en torno al agua.

El área de estudio corresponde a la cuenca del río Laja, con una extensión territorial de 12,290 Km2, de la cual, aproximadamente, 10,059 Km2 corresponden al estado de Guanajuato y 2,241 Km2 al de Querétaro. El río Laja tiene su nacimiento en el estado de Guanajuato y desemboca al río Lerma, abarcando una parte del estado de Querétaro. Se origina en la vertiente suroriental de la Sierra de San Pedro y en la nororiental de la Sierra de Guanajuato. Siguiendo su trayectoria en sentido noroeste-sureste, recorre los llanos de San Felipe de la Unión, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, luego continúa hacia el sur hasta entroncar con el Río Lerma en las cercanías de la ciudad de Salamanca, poco antes de pasar junto a la ciudad de Celaya se le une el caudal del río Apaseo. Esta incluye además del área de escurrimiento del río Laja, la cuenca cerrada de Laguna Seca, y las cuencas de los ríos Querétaro, Huimilpan y Apaseo.

La cuenca del río Laja está entre la altitud mínima de 1,600 m sobre el nivel del mar y la máxima de 2,600 m. En ella predomina el clima seco templado, con una precipitación pluvial que oscila entre los 450 y 600 mm anuales. El clima muestra poca variabilidad, por lo que la vegetación presenta pocas variantes a nivel de grandes tipos. La vegetación primaria es básicamente de tres tipos: encinar en las partes más altas, pastizal y matorrales -en sus diversa modalidades- en las partes media y baja, los cuales ocupan alrededor del 70% de la extensión territorial de la cuenca.

Debido a los disturbios humanos de diversa índole a través de varios siglos, los tipos de vegetación primaria han sido alterados, lo que determina que en la actualidad se presente un mosaico de estados sucesionales de muy distintas edades, con tendencias evolutivas diferentes, dadas por variantes principalmente de suelos, topografía o uso. Esta alteración del entorno natural se remarca con los fuertes problemas de erosión en áreas descubiertas, en las que se generan cárcavas, siendo éste un problema muy avanzado en la cuenca alta.

En los últimos años el río Laja ha dejado de ser una corriente permanente, sin embargo, sus escurrimientos permiten sostener la agricultura de riego en su vega, así como la del distrito de riego de La Begoña y gran número de unidades de riego en su cuenca baja.

En cuanto a los recursos hídricos subterráneos, la regionalización más utilizada por la CNA, identifica los siguientes acuíferos:

Tabla Nº2

Acuíferos de la cuenca del río Laja

Fuente: Plan Maestro de la cuenca Lerma-Chapala. Documento de Referencia. 1993. pág. 26.

Estos datos muestran que los acuíferos de la cuenca se encuentran en veda rígida -desde casi 20 años- y su deterioro se ha acelerado en la última década, particularmente en la porción del acuífero del río Laja que corresponde a la cuenca cerrada de Laguna Seca, en donde el abatimiento en algunos pozos alcanza los 10 m anuales.

La cuenca de Laguna Seca, comprende parte de los municipios de San Luis de la Paz, Dr. Mora y San José Iturbide, y su superficie es de 230 mil ha en las que existen alrededor de 900 pozos, con un volumen de extracción de 219 millones de metros cúbicos por año. En esta cuenca, la precipitación en los meses de mayo a octubre representa un volumen de 500.25 Mm3 anuales. Ahora bien, únicamente el 22% de dicha precipitación (110 Mm3) logra infiltrarse hasta los mantos freáticos, el restante 78% (390.25 Mm3), es aprovechado, en parte, por los cultivos (de temporal y de riego) y por la vegetación nativa, pero la mayor cantidad se pierde por escorrentías y evaporación. Como resultado de lo anterior, se tiene un balance negativo de 109 Mm3 en el acuífero de dicha cuenca, por lo cual el nivel fréatico se abate alrededor de los 2.33 metros al año.

En el caso de El Bajío de los estados de Guanajuato y Querétaro, el problema no presenta la misma gravedad que el anterior, aunque se sabe que todavía hacia 1960, el agua se presentaba a "flor de tierra" y en otras a los 5 y 10 m de profundidad. Sin embargo, la perforación incontrolada de pozos provocó el descenso de los niveles fréaticos, los que llegaron a los 80 a 120 m, en 1970, mientras que en la actualidad, algunas zonas tienen que realizar perforaciones de 300 a más m de profundidad. Es necesario recordar que cuando las perforaciones de los pozos llegan a 150-200 m, se encuentran las aguas termales con temperaturas de 40Co o más, y en la mayoría de los casos estos recursos son aguas sulfurosas y carbonatadas.

Con respecto a la contaminación del recurso hídrico, vemos que los principales municipios aportadores de contaminantes a las corrientes de la cuenca son: Querétaro, Celaya y Salamanca, con 42.4 %, 36.5% y 7% -respectivamente- de DBO total. Esto coincide con la importancia de su producción industrial y el índice poblacional. Esta es la cuenca más contaminada de la región Lerma-Chapala, no por el monto total de contaminantes, sino por la relación de éstos con respecto al volumen de agua escurrido. De acuerdo a un estudio de la CNA, las concentraciones de DBO alcanzan los 241 mg/l, con descargas de 143 ton/día. De esto, el 68% del DBO vertido corresponde a fuentes municipales, y el 32% al sector industrial. Los principales sectores industriales generadores de esta contaminación son las industrias químicas con el 64% del total, y la alimenticia con 21%; el resto corresponde a la metal-mecánica y otros giros.

En esta cuenca se está dando un acelerado proceso de deterioro ambiental a partir de la sobrexplotación de todos sus recursos naturales, el rápido crecimiento de la carga demográfica (promovida por políticas de industrialización regional), y los drásticos cambios económicos que alteran la asignación de los recursos, limitando la inversión en nuevas tecnologías y en obras que coadyuven a la conservación de los recursos hidráulicos. En esa región ya está en marcha una crisis ambiental, manifiesta en la acelerada erosión del suelo, sobrexplotación de sus acuíferos, deterioro en la calidad del agua por contaminación urbano-industrial; así como la confrontación de diversos intereses sociales, muy difíciles de conciliar.

Gestión integral por cuenca hidrológica

También la organización social e institucional se transforma en este sentido, alcanzando nuevos niveles de complejidad. Si bien aún persiste una fuerte centralización en las instancias federales, se pretende crear primero nuevos espacios de representación de todos los intereses que existen alrededor del agua, bajo la figura de consejo de cuenca, para después no solo otorgarles un papel consultivo, sino incluso ejecutivo y de redistribuidor de los recursos financieros. Así también, en varios gobiernos estatales ya se han creado las subsecretarías del agua, las cuales sustituyen a las correspondientes oficinas del gobierno federal. A la fecha, ya se han creado tres consejos en las regiones hidrológicas de Lerma-Chapala, río Bravo y Valle de México, y la Comisión Nacional de Agua está en proceso de reestructuración a partir de la creación de 13 Gerencias de Cuenca, al interior de las cuales podrán crearse uno o varios consejos.

Los consejos de cuenca se definen como una instancia de concertación y coordinación cuya delimitación territorial es el área geográfica que comprende el beneficio de las aguas de una o varias cuencas hidrológicas conectadas entre sí. Asimismo, es un espacio de discusión en el que participan representantes del gobierno federal, de los estados y municipios involucrados, así como representantes de los usuarios. En la actualidad, en el país existen tres Consejos de Cuenca: el de la Cuenca del Lerma-Chapala, el del río Bravo, y el del Valle de México.

La modernización del sector implica varios aspectos, tanto desde el punto de vista tecnológico para realizar un mejor aprovechamiento, control y saneamiento integral, como el relativo a la regulación de su aprovechamiento por parte de los usuarios, aspecto que se denomina administración de los usos del agua.

Los derechos y obligaciones de los usuarios para la utilización de las aguas nacionales, se establecen en dos documentos: el título de concesión en el cual se autoriza el uso de aguas nacionales, zonas federales, extracción de materiales, así como la construcción, operación o uso de la infraestructura hidráulica, y el permiso , en el cual se autoriza la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores propiedad de la nación, considerando determinadas condiciones de calidad. Asimismo, la Ley Federal de Derechos establece que los usuarios deben pagar una contribución por el uso de las aguas nacionales y sus bienes inherentes, incorporando el principio de que paga más quien utiliza más agua y también quien descarga mayor carga de contaminante paga más , independientemente de si se cuenta con el título o permiso correspondiente en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

De esta manera, nos encontramos que en cada región existe siempre un amplio sector de aprovechamientos irregulares, incluso ilegales en tanto no cuentan con ninguna documentación, a pesar de existir por décadas. Esto es particularmente agudo en la cuenca Lerma-Chapala. Bajo estas condiciones nos encontramos 3 tipos de usuarios: los regulares , que cumplen con los términos establecidos en sus concesiones, permisos o algún otro tipo de autorización, así como con sus obligaciones fiscales; irregulares , que contaban con autorización, pero no respetaban las condiciones establecidas en los mismos, principalmente en cuanto al volumen a extraer y calidad del agua a descargar, y/o bien no cumplían con sus obligaciones como contribuyentes; los irregulares , que no contaban con autorización alguna pero que cumplían con sus obligaciones fiscales; y los clandestinos , que no cumplían con ninguna obligación.

Para atender esta problemática, otorgar seguridad jurídica en el derecho al uso del agua y conocer con mayor precisión la ubicación y cantidad y calidad de los volúmenes de agua que extraen los usuarios el 11 de octubre de 1995 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación tres decretos presidenciales que otorgan facilidades administrativas y fiscales a usuarios de aguas nacionales y sus bienes inherentes. Pero el avance del registro de los aporvechamientos y descargas es un obstáculo enorme a la federalización y proyecto de modernización, pues además de que tiene todavía un carácter autodeclarativo de los derechos por uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes inherentes, no existe la capacidad de la CNA para procesar correctamente las solicitudes así como de inspección y verificación, propiciando que los usuarios de estos bienes se inclinen a la subdeclaración o la franca omisión de las obligaciones y pagos correspondientes.

Además, se han establecido líneas de política con base en estímulos fiscales y a través de señales económicas asociadas a las tarifas por aprovechamiento y descarga, con las cuales se pretende sanear los cursos de agua, así como equilibrar la explotación de los acuíferos y aguas superciciales. Esto ha generado amplios conflictos por la cuota de agua con los usuarios urbano industriales, como ha ocurrido en prácticamente todas las ciudades medias del Bajío y con varios grupos empresariales del corredor industrial Querétaro-León.

En el presente gobierno, el proyecto modernizador para el sector agua está centrado en una profunda reorganización institucional, con base en lo establecido en el Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA). Este programa ya se inició, y consiste en la desaparición paulatina de las gerencias estatales y la reubicación de las regionales. Se pretende que la estructura de la CNA le permita abordar eficientemente el carácter multisectorial del agua, en el ámbito central a través de su Consejo Técnico y en el regional a través de los Consejos de Cuenca. La evolución de la estructura institucional se inscribe en el marco descentralizador del nuevo federalismo , pero existe también la imperiosa necesidad de mantener integralidad en la administración del recurso.

Organizaciones para el riego

En la cuenca se han identificado cuatro estratos organizativos de regantes, claramente diferenciados por el tamaño promedio de las unidades de producción que los conforman, la forma en acceden al agua para riego, el tipo de aprovechamiento predominante, la forma de acceso a la tierra, así como el patrón de cultivos y el destino de venta de su producción. De la misma manera, la representación de sus intereses es muy diferenciada; el estrato dos y tres corresponde a los menos representados, en tanto que los estratos uno y cuatro aparecen sobrerepresentados en las distintas instancias de gestión del agua.

El primero estrato corresponde a las unidades de riego privadas. Estas se caracterizan por el hecho de que han sido los mismo regantes quienes han construido y operan las obras hidráulicas, las cuales corresponden en su mayoría a pozos profundos. Estos sistemas son relativamente recientes, y ninguno de ellos data más de 100 años. Estas unidades privadas no tienen ningún vínculo organizativo formal con las instituciones públicas de gestión del agua, y en su mayoría son productores empresariales privados con un patrón de cultivos rentable. Entre estos, podemos caracterizar a los grandes propietarios privados de la cuenca alta de la cuenca, en donde alrededor de 12 de estos productores controlan la producción de chile de exportación, y en muchos casos están asociados con productores del cuarto estrato para el cultivo por contrato. Existen varias organizaciones representativas de estos agricultores, como es las uniones de productores de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. El tamaño de sus unidades de producción pude ser muy variado, desde unas 10 ha hasta 2,000 ha, ya que muchas veces cultivan mediante sistemas de mediería o renta, o terciería en la parte alta de la cuenca. La unidades de producción más grandes se encuentran en la parte alta, en tanto en la baja son relativamente más pequeñas. Entre ellos predomina la propiedad privada, aunque se encontraron varios casos de ejidatarios con tierras en propiedad privada.

El segundo estrato organizativo de regantes es aquel que accedió al agua a través de la reforma agraria o con el apoyo del sector público. Estos son conocidas como Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (Urderales), las cuales han dependido en muchos sentidos de los recursos y programas públicos para acceder al agua. Entre estos se encuentran tanto sistemas de distribución por aguas superficiales como subterráneas, y si bien existe un vínculo formal con las instituciones, este no es muy fuerte en la actualidad. Si bien el origen de la mayoría de los casos es la reforma agraria de la década de los años 30, la cual les dio acceso a la tierra y agua de las haciendas, aunque en algunos casos se encuentran formas organizativas previas, probablemente de origen colonial, como son los jueces y juntas de agua. Sin embargo, la representación de sus intereses aparece muy dispersa en las instancias de gestión del agua, ya que se da fundamentalmente a través de los comisariados ejidales o de los responsables de las asociaciones de regantes por pozo o aprovechamiento de aguas superficiales.

Este estrato se caracteriza por se predominantemente ejidal, y espacialmente se concentran el la cuenca baja, con unidades de producción de alrededor de 5 ha en promedio. Este sector ha sido gravemente afectado con la transformación productiva, ya que su patrón de cultivos predominante hasta hace algunos años fueron el sorgo y otros granos agroindustriales. La apertura comercial los ha forzado ha volver a cultivar productos con bajos costos de producción, como es la expansión actual del maíz en esta región, o en su caso asociarse en la producción de cultivos por contrato.

El tercer estrato organizativo corresponde a los regantes de los sistemas de gran irrigación o Distritos de Riego. En estos, existe un fuerte vínculo con la estructura burocrática que maneja el agua, a pesar de haber sido ya transferido el manejo del agua de los canales secundarios hacia abajo a organizaciones de regantes. En nuestro caso, sólo existe un distrito de riego, relativamente pequeño, pero en el cual la distribución de las aguas de la presa I. Allende, ha permitió inicialmente un proceso de homogeneización en el acceso al agua. En este predominan el acceso a la tierra por la vía ejidal, aunque existe un sector de ejidatarios que tienen propiedad privada, así como de propietarios privados con superficies no muy grandes.

Los productores de gran irrigación son los que más se vieron beneficiados por las políticas públicas de subsidio a través de las cuotas de riego. En este sentido, varias investigaciones han demostrado que la productividad del agua en los distritos de riego es mucho más baja que en la pequeña irrigación. Actualmente, los regantes están representados en asociaciones de usuarios por módulos de riego, con la responsabilidad de realizar la operación y conservación de la red secundaria. A pesar de que formalmente tienen una amplia capacidad de decisión a ese nivel, su vínculo con las distintas instancias de gestión del agua, en particular la CNA, es muy fuerte y dependiente.

El cuarto estrato organizativo corresponde al de un sector nuevo de productores empresariales, los cuales están influyendo considerablemente en el manejo del recurso, ya que son generalmente parte de una cadena agroindustrial. A pesar de que son pocos, estos son muy importantes en cuanto a su peso en las decisiones dentro de la estructura de gestón del agua, ya que varios de ellos han sido o son al mismo tiempo funcionarios estatales o federales. En este caso tenemos al gobernador de Guanajuato y a su secretario de desarrollo agropecuario. Las unidades de producción son las más grandes, en dos casos analizados superan las 5,000 ha. En todos los casos ninguno es propietario de la tierra de toda esa superficie, ya que les implicaría inmovilizar una gran parte de su capital. Estos estan asociados o son dueños de varias agroindustrias importantes.

Una de las estrategias para modernizar la agricultura más productiva del país fue la transferencia de los distritos de riego , la cual consiste concesionar la operación, administración y conservación de la red de distribución secundaria y parcelaria a asociaciones civiles de usuarios del servicio de riego. El objetivo de esta política es crear órganos financieramente autónomos y administrativamente independientes, que permitan eliminar los subsidios al precio del agua, introducir mecanismos de mercado en su asignación, así como mejorar substancialmente la productividad de los recursos agua y suelo. Así, la Comisión Nacional del Agua (CNA) reorganizó a los productores de los distritos en módulos y se les dio en concesión el servicio de riego en la red secundaria; las presas y otras fuentes primarias continúan a cargo de la CNA. Actualmente más del 90% de la superficie de gran irrigación ha sido transferida, en tanto que la mayor parte de la pequeña irrigación está desde su origen bajo control de sus propios usuarios.

Dentro de la cuenca del río Laja está el Distrito 085, La Begoña y una pequeña parte del Distrito 011, Alto Río Lerma. El Distrito se localiza en el centro-este del estado de Guanajuato, con una extensión de 14,644 ha, de las cuales 12,390 ha son regables y un volumen asignado de 124 MM3 de aguas superficiales y 60 MM3 de aguas subterráneas. El Distrito comenzó su operación en 1969. Sus principales fuentes de abastecimiento son: la presa I. Allende, con una capacidad de almacenamiento de 251 MM3, y la presa I. Orozco Portugal (Neutla), con un almacenamiento de 5 MM3. El Distrito aprovecha los escurrimientos del río Laja, del cual recibe un promedio anual de 182.6 MM3 y de 38 MM3 extraídos de 21 pozos oficiales y 111 particulares; cuenta con dos presas derivadoras y con casi la totalidad de sus canales revestidos (principales y secundarios). En su mayoría, sus usuarios pertenecen al sector ejidal, ya que de los 3,288 usuarios del distrito, el 78.93% son ejidatarios, con una superficie de riego de 9,029 ha (72.88% de la superficie total), y 693 (21.07%) son pequeños propietarios, con una superficie de riego de 3,360.5 ha (27.12%).

La estratificación social de los usuarios está más determinada por la posibilidad de acceso al agua, dado el alto índice de sobrexplotación del manto freático. Es decir, en el distrito la superficie cultivada está supeditada al uso y manejo de aguas superficiales y a la extracción de aguas subterráneas, motivo por el cual todos los usuarios tienen un promedio de 4 ha de riego con aguas superficiales. la mayor parte de la superficie sembrada es de cultivos perennes y de hortalizas, las que exigen gran cantidad de agua en una región donde la escasez de este elemento es crucial aumentando de esta manera la presión por la demanda de agua.

Dentro del programa de transferencia de los distritos se propuso la formación de cuatro módulos de riego: Neutla, Comonfort (bombeos del río Laja), Margen Izquierda y Margen Derecha (Unidad Celaya). En consecuencia, después de la obtención del título de concesión, las Asociaciones de Usuarios convocaron a los productores agrícolas para decidir las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las demandas de agua de sus asociados, así como la necesidad de ajustar las cuotas por el servicio de riego, con el propósito de obtener una cuota de autosuficiencia. De esta manera se establecieron nuevos criterios de distribución del agua mediante la dotación y la medición volumétrica, también se definió el uso que se daría a las cuotas por riego, con las cuales están pagando la operación y mantenimiento de la infraestructura concesionada. Asimismo, se inició un proceso organizativo para exigir a la CNA el compromiso de rehabilitar la infraestructura existente y buscar el financiamiento con coinversión federal o estatal para la nueva infraestructura requerida. La transferencia del distrito implica el involucramiento de los productores en una gestión mucho más empresarial del agua, con cuotas que permitan el autofinanciamiento. Esto, aunado al contexto económico de la agricultura, ha impulsado un proceso de diferenciación social y productiva muy acelerado.

Con respecto a la pequeña irrigación, si bien la CNA es la encargada de supervisar los pozos existentes y controlar que no se construyan nuevos. Toda la cuenca está considerada como área de veda rígida desde hace más de 15 años. Sin embargo, en los hechos, la construcción de pozos continuó hasta hace dos o tres años, cuando la rentabilidad de este tipo de riego decayó. Se han establecido varios programas de regularización de aprovechamientos, pero a la fecha no se ha logrado realizar completamente. A principios de 1995, la CNA de Guanajuato había otrogado poco más de 2,000 titulos de concesión, cuando se estima que existen alrededor de 16,500 aprovechamientos, de los cuales unos 3,000 son clandestinos.

En los últimos años se ha acelerado el abatimiento del manto freático de la cuenca alta, con disminuciones de 3 a 10 metros anuales, particularmente en la microcuenca cerrada de Laguna Seca. Con esto, la pérdida de surpeficie regada es sustancial. Sin existir estudios al respecto, encontramos en algunas localidades la pérdida de hasta un 80% de la superficie regada por incosteabilidad de la energía eléctrica o de seguir profundizando los pozos. La pequeña irrigación de la cuenca baja se encuentra en mejores condiciones, aunque los problemas de contaminación urbano industrial y la erosión del suelo de la parte alta, han limitado su capacidad productiva. En este sector tenemos una mayor expulsión de fuerza de trabajo, aunque no tan fuerte como en otras regiones del Bajío, así como un acelerado cambio en el patrón de cultivos, que probablemente tendrá sus consecuencias ambientales. En todo caso, es en la pequeña irrigación de la cuenca en donde se remarcan las diferencias socioecónomicas de la agricultura campesina -cada vez más pobre y con menor acceso al agua- y la agricultura empresarial -capaz de construir y profundizar sus pozos y, como ocurre con el brócoli y el espárrago, de vincularse al mercado internacional-.

A modo de conclusiones

El enfoque de gestión integral por cuenca hidrológica en México está transformando profundamente las reglas de acceso al agua y, de acuerdo a los actuales proyectos gubernamentales, muy pronto lo hará para otros recursos naturales. Sin contradecir en ningún sentido las políticas económicas neoliberales, con este modelo de gestión se ha llevado a cabo la descentralización del manejo del agua. Por un lado, han sido transferidos los sistemas de grande irrigación a asociaciones de usuarios, desapareciendo los subsidios al precio del agua y buscando imponer criterios de mercado para su asignación. De la misma manera, la pequeña irrigación está enfrentando la desparición de las tarifas preferenciales en energía electrica para la operación de los pozos profundos, y el impacto de las políticas de transformación productiva. El establecimiento de los títulos de concesión por aprovechamiento tiene, como uno de sus objetivos, el facilitar la transacción de derechos entre los agricultores eficientes y no eficientes, y entre el uso agrícola y urbano industrial. Este mismo proceso de descentralización ocurre en el sector urbano-industrial, en el que se resalta la concesión al capital privado del manejo de distintas partes de los sistemas urbano-industriales de abastecimiento y saneamiento.

Sin embargo, consideramos que este enfoque de gestión integral establece varias condiciones de gran valor para un manejo y explotación equilibrada de los recursos naturales. Por principio, y aunque no se ha logrado aún en nuestro caso de estudio, se rompe el principio de centralidad estatal, y se reconoce la necesidad de incluir a todos los intereses que existen en torno al aprovechamiento del agua; asimismo, se establece como principio de gestión una unidad hidrológica natural, en la que se toman en cuenta todos sus usos para ordenar los aprovechamientos.

En nuestro caso de estudio, resulta contradictorio este proceso de descentralización y la necesidad de involucrar a los distintos grupos de usuarios del agua en su manejo a través de las nuevas instancias de representación de intereses, los Consejos de Cuenca, en los que se pretende consensuar los objetivos de equidad social, desarrollo económico y equilibrio ambiental, para alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos hídricos.

En la cuenca del río Laja prevalece una gran diversidad de condiciones ambientales (físicas y sociales), las que han generado una gran diversidad y complejidad de formas organizativas para acceder al agua. Asimismo, el fuerte proceso de centralización de la gestión del agua, promovió la conformación de cuatro estratos organizativos claramente diferenciados.

A pesar de que el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala existe desde hace más de 7 años, apenas se percibe la participación de las organizaciones de regantes de la cuenca del río Laja. La fragmentación de sus intereses se manifiesta en su poca o nula presencia en las decisiones que se toman en las distintas instituciones responsables del manejo del agua, las que afectan su acceso al recurso. Esto lo explicamos a partir de la persistencia de un modelo de representación de intereses que calificamos de corporativo, en el que la participación de los distintos grupos es restringida.

En el período de estudio se ha manifestado una disminución en la superficie regada, en parte como resultado de las políticas de trasnformación productiva en la agricultura, entre las que está la desaparición de subsidios y la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio. El efecto sobre las organizaciones de regantes es muy significativo. Por un lado, se presenta un proceso de desorganización social en las zonas de riego con pocos recursos productivos, y la concentración del acceso al agua en un estrato de agricultores, capaces de afrontar los requerimientos económicos del cambio tecnológico. Pero desde una perspectiva general, todo el sector agrícola aparece poco representado en cuanto a sus intereses en las nuevas instancias de gestión y concertación: ya se vislumbra su derrota frente a los intereses urbano industriales en la competencia por el acceso al agua.

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