V Congreso de Antropologia Social |
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La Plata - ArgentinaJulio-Agosto 1997 |
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La Plata, Argentina, 29 de julio al 1 de agosto de 1997
Comisión de trabajo: Antropología Política y Jurídica
LAS SOCIEDADES DE FOMENTO EN OLAVARRIA. ORGANIZACION POPULAR Y PRACTICA POLITICA
Autora: Gabriela Brook
Becaria de Entrenamiento en Investigación
Cátedra de Antropología Sociocultural I
Facultad de Cs. Sociales de Olavarría. UNCPBA.
San Martín 3060. (7400) Olavarría
INTRODUCCION
La ciudad de Olavarría se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ligada a la producción agrícola tanto como a la industria (minera sobre todo), llega a la década del noventa con una tasa de desempleo que ronda el 20 %.
Los efectos de las políticas de ajuste que se implementan en nuestro país y en toda Latinoamérica desde hace dos decenios, y que en los últimos años se profundizan hasta lo imprevisible, se hacen sentir en esta ciudad como en el resto del país.
En este contexto, el problema de la reproducción social en el capitalismo, que el Estado benefactor había mantenido bajo control, al menos mientras duró, reaparece con la misma crudeza que a fines del siglo pasado y principios de éste. El discurso que se ha vuelto hegemónico en las dos últimas décadas es el neoliberal y predica la responsabilidad individual frente a la satisfacción de necesidades hoy consideradas básicas. No utilizo el término "hegemonía" porque haya alternativas (esto podría ser materia de muchos debates), sino atendiendo a las movilizaciones sociales que están teniendo lugar cada vez con mayor frecuencia que, aunque puntuales, dan cuenta de que no se renuncia a derechos adquiridos por mucho que se presente a esta renuncia como necesaria para el despegue hacia "el primer mundo".
En Olavarría, las Sociedades de Fomento aparecen en la década del cuarenta ligadas a la expansión urbana, más concretamente a la gestión de servicios (o consumos colectivos) considerados parte de lo necesario para la reproducción social en el espacio urbano. Son organizaciones populares, en tanto surgen por iniciativa de vecinos que deciden juntarse para crearlas. En los cincuenta años que transcurrieron desde entonces hasta el presente, las instituciones de este tipo crecieron en número (en la actualidad son 36) y el fomentismo, por el carácter descentralizado de su organización, se convirtió en una pieza clave de la administración municipal, independientemente de la orientación política que tuviera el gobierno de la ciudad en cada momento.
Esta situación es la que coloca a los fomentistas en posición de disputar algún espacio de poder en el plano local. Sin embargo, toda la organización fomentista no funcionaría sin la participación de la gente en cada barrio.
Ahora bien, no todos decimos lo mismo cuando hablamos de participación y a la hora de preguntarnos si participar en las Sociedades de Fomento implica hacer política nos enfrentamos a la necesidad de aclarar qué se entiende por cada una de estas cosas.
En el presente trabajo se adoptará una definición de "participación", tal como hoy se la entiende en los ámbitos académicos, y luego se esbozará el proceso histórico en el cual se fue construyendo ese significado.
Por otra parte, la participación en las Sociedades de Fomento está directamente vinculada a la reproducción. El siguiente paso será entonces la descripción y análisis de las actividades fomentistas con el fin de indagar acerca del carácter político o no de tal participación.
LA PARTICIPACION
Habitualmente la participación como problema ha sido abordada, por un lado, desde la óptica de la óptica de lo que podríamos llamar el "ejercicio de la ciudadanía" y, por otro, desde el análisis de las políticas sociales. En el último caso se la ha estudiado desde la necesidad que pueda tener el Estado, o más concretamente los programadores sociales, de la participación "popular".
Ahora bien, en el ámbito específico de las Sociedades de Fomento, la gente da cuenta de sus propias definiciones, necesidades, deseos y expectativas de participación. El significado que ellos atribuyen al término, si bien construido en el marco de su propia cotidianeidad, a la vez incide en sus prácticas participativas. Valga la aclaración, no es este un círculo cerrado: la incidencia no es determinación y tanto las prácticas como los significados cambian en el transcurso del tiempo. Las instituciones fomentistas existen dentro de una sociedad y en su estudio encontraremos significaciones con respecto al poder, a la política y a la participación propias de esa sociedad. En este sentido Geertz señala "El lugar de estudio no es el objeto de estudio. Los antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios, ...); estudian en aldeas" (GEERTZ; 1987: 32). Lo que aquí se estudia son formas de ejercer el poder en el ámbito de las Sociedades de Fomento -no a las Sociedades de Fomento como grupo cerrado, autocontenido-, de aquí la importancia de acercarnos a estas significaciones y de hacerlo dentro de un contexto más amplio.
La definición de participación que aquí se propone, debida a DEL BRUTTO (1986: 22) es la que la entiende como "un proceso social relacionado con la adopción de decisiones en el marco político de una sociedad".
Desde comienzos de siglo hasta el primer gobierno peronista, la participación ligada a la reproducción asumía la forma de lucha, de movilizaciones de protesta encabezadas en gran medida por los sindicatos. "Durante el período 1946-1955 se establece un modo particular de relación entre el Estado y los sectores asalariados urbanos y el gasto público social adquiere una fuerte expansión. La participación social fue concebida, en esta etapa histórica, como la incorporación de grandes contingentes poblacionales al acceso de bienes y servicios colectivos resignificados como derechos" (CARDARELLI; 1991: 3; 4). El reconocimiento de "derechos sociales" da lugar a una esfera autónoma dentro del Estado que se ocupe de garantizarlos y, con ello a las políticas sociales.
Por otra parte GARCIA DELGADO y SILVA (1985: 70) observan que "con el ascenso del peronismo al gobierno [las Sociedades de Fomento] dejan de actuar como ámbitos exclusivos de solidaridad y autoayuda en la sociedad civil para constituir canales de participación institucionalizada mediante la creación de Juntas Comunales, las que tienen el rol de asesoramiento y a la vez de resolución de decisiones municipales".
En la ciudad de Olavarría, durante este período se verifica un aumento continuo de la población, producto de migraciones internas, en un momento de fuerte expansión industrial. La ciudad se extiende, aparecen nuevos barrios que van redefiniendo la "periferia" y proliferan las Sociedades de Fomento. En el marco de la mencionada relación particular entre el Estado y los sectores asalariados urbanos, la participación ligada a la reproducción se realizaba en el ámbito de las instituciones fomentistas. Si aceptamos la definición de política de COHEN (19 : 31) quien la entiende como "un conjunto de acciones por las cuales se dirigen y administran los asuntos públicos", entonces en estas instituciones se hace política en tanto que intervienen (tanto en la planificación como en la ejecución) en el trazado de calles y en la provisión de servicios que van desde los consumos colectivos hasta la gestión de Salas de Atención primaria de la Salud.
"A fines de la década del 50 y durante casi toda la del 60, las preocupaciones sobre las temáticas del desarrollo, en el marco de los procesos de industrialización o de modernización de nuestros países [latinoamericanos], comienzan a incorporar los aspectos sociales dentro de una visión que sostiene la ecuación desarrollo=crecimiento económico [...]. Las políticas sociales se concebían subordinadas jerárquicamente a las políticas productivas, sobre la base de que la eliminación de la pobreza era una suerte de subproducto natural del crecimiento de la economía" (CARDARELLI; 1991: 5).
A esta visón, enmarcada en la teoría de la modernización, se opuso otra, tanto en la teoría como en las prácticas participativas: la teoría de la dependencia. Según la última, las relaciones sociales subyacentes a la pobreza son la consecuencia misma del capitalismo dependiente. La práctica que de ella se derivaba estaba orientada hacia el cambio social.
El gobierno de Onaganía, como tantos otros de Latinoamérica, temerosos ante el ejemplo vivo de Cuba que mostraba que el cambio social era posible en un país de este continente, hizo suya la misión de controlar la participación: la alevosía del uso de la violencia contra determinados sectores de la población y la sutileza de la redefinición del término "participación".
Durante este período, y no por casualidad, tiene lugar una escición en el significado de este término mediante la utilización de dos adjetivaciones presentadas como dicotómicas: la participación política y la participación social.
Durante el gobierno de facto, la política social que se implementaba desde el Estado se basaba en los modelos de desarrollo de la comunidad, importados acríticamente de países de Africa y Asia en los que se estaban dando procesos de descolonización. En estos casos, se entendía que su incorporación al capitalismo los catapultaría automáticamente al progreso. El hecho de que esto no se cumpliera se atribuyó a "problemas culturales", debidos a la diversidad étnica de los incipientes Estados nacionales. La importación de estos modelos fue acompañada de la equiparación de los pobres con los grupos étnicos de aquellos países y la explicación de la persistencia de la pobreza a pesar del desarrollo industrial se explicó también por "problemas culturales". La propia teoría social, en la década del 50, había provisto un marco de sentido para esta analogía: la "cultura de la pobreza". Oscar Lewis la definía como "un modo de vida que pasa de una generación a otra en las familias". Y sostenía que si se consideraba a los pobres de distintos países, podían observarse en ellos ciertas regularidades, que agrupaba en cuatro características: a) falta de integración a las instituciones de la sociedad; b) bajo nivel de organización social; c) organización familiar basada en la mujer y d) en el plano individual, sentimiento de inferioridad (LEWIS; 1986).
"Algunos lectores han entendido mis palabras como si dijera «el ser pobre es terrible pero tener la cultura de la pobreza no es tan malo». Lo que en realidad afirmo es que es más fácil eliminar la pobreza que la cultura de la pobreza" (LEWIS; 1988: 122).
Los proyectos de desarrollo se organizaron en base al supuesto de que la organización de la comunidad (implicaría cambios en sus pautas culturales y así) contribuiría a la eliminación de la pobreza. Sin embargo, estos supuestos provenientes de la vertiente culturalista, se fueron reutilizando fuera del contexto de su producción y conforme retrocedía el Estado benefactor, fue ganando lugar una concepción generalizada de la pobreza según la cual ésta era una característica de determinados grupos o personas.
Durante el gobierno de facto de Onganía, las políticas sociales propiciaban la participación de la comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos propios, para la satisfacción de lo que se llamó "necesidades sentidas" (aquello que la comunidad reclamaba como necesidad). El papel de los técnicos "tenía una dimensión pedagógica orientada a la formación de líderes comunitarios así como la captación y coptación de líderes naturales" (TENTI, citado por CARDARELLI; 1991: 9), dando por sentado que los miembros de la comunidad no tenían experiencias organizativas previas.
Esta clase de participación, adjetivada de "social" era más que permitida, promovida por el Estado autoritario. A la vez, la participación asociada a los partidos políticos, adjetivada tradicionalmente de "política" estaba prohibida. Con esto se daba lugar a la concepción de una participación (ligada a la reproducción) que no fuera política aunque se diera en el marco de la relación directa entre la comunidad y el Estado.
La disociación entre participación política y social conlleva una nueva separación del problema de la reproducción de la política. Es la negación de la existencia de "derechos sociales". Es el comienzo de la deslegitimación y desmantelamiento del Estado de Bienestar.
La despolitización que se intentaba imponer desde el gobierno de facto tenía su contracara en los movimientos sociales contestatarios como el Rosariazo, el Vivorazo en la provincia de Mendoza, el Cordobazo y la movilización que dio origen a las Ligas Agrarias.
Así, los primeros años de la década del 70 en nuestro país iban a caracterizarse por una alta participación política, no tanto en número como en grado. Esta participación estaba orientada hacia el cambio social y había convertido al trabajo barrial en tarea central de la militancia. En este breve período la participación ligada a la reproducción era evidentemente entendida como una práctica política.
Durante el gobierno justicialista de 1973 reaparecieron las Unidades Básicas que en el ámbito barrial competían con las Sociedades de Fomento (al igual que en los anteriores gobiernos peronistas) por superposición de funciones. Y también porque, tanto entonces como ahora, los fomentistas se consideraban los legítimos representantes de los habitantes de ese territorio que es el barrio.
El golpe de 1976 puso fin a toda forma de participación (ligada la reproducción) y de organización popular. Consideradas delitos a partir de entonces, las sanciones que les correspondieron fueron: privación de la libertad, tortura, muerte y el exilio forzado. El genocidio que los militares llevaron a cabo desde el gobierno tuvo, y tiene, el efecto del castigo ejemplar y justamente este efecto se produce sobre las prácticas participativas.
En Olavarría, las Sociedades de Fomento continuaron con sus actividades en tanto que las Unidades Básicas fueron diezmadas: sus militantes detenidos, torturados y algunos de ellos todavía desaparecidos. Es probable que las instituciones fomentistas y los que participaban de ellas deban su supervivencia (a la última dictadura) al discurso "apolítico" que las caracteriza y a las funciones que cumplían en el contexto de un Estado ya en retracción.
En momentos en que la crisis del petróleo ponía en jaque al fordismo y hacía sentir sus efectos por todas partes, el discurso económico neoclásico se erigía en contra del Estado de Bienestar y la "redistribución" se traducía como "gasto". Entre otras imposiciones del gobierno militar cuenta la de este discurso como hegemónico y como rector del rumbo económico del país.
Al respecto, MIDGLEY (1993: 208; 209) afirma que "Los programas estatales de asistencia empezaron a experimentar dificultades durante los años 1970. Al alcanzar el gasto en materia de asistencia social niveles sin precedentes, aumentó la resistencia pública frente a la tributación. Con la crisis de energía durante la misma década, la inflación y la recesión debilitaron las economías anteriormente pujantes y tuvieron un impacto negativo en los programas gubernamentales de asistencia. Además, los empréstitos globales así como el endeudamiento de los países en desarrollo aceleraron y debilitaron aún más los gastos en materia social. Los críticos de la participación gubernamental empezaron a atraer la atención, y sus enfoques fueron acogidos con entusiasmo creciente en círculos intelectuales y políticos".
En el mismo año en que se imponía en nuestro país la última dictadura militar (1976), la Organización Internacional del Trabajo se pronunciaba sobre el concepto de necesidades básicas: "el principal objetivo de la estrategia (basic needs) debe ser el de garantizar una efectiva participación de las masas en el proceso político a fin de amparar los intereses de la población" (CARDARELLI; 1991: 15). La misma autora observa que se le otorgaba de esta manera un sentido político a la participación. Por otra parte, este concepto aparece como superador del de necesidades sentidas, que tiene un explícito contenido subjetivo. De todas maneras, "el énfasis puesto en la participación se irá desplazando hacia un enfoque que identifica a las necesidades básicas con el consumo de bienes de los pobres..." (CARDARELLI; 1991: 16). Pero en nuestro país será con el comienzo del gobierno democrático de 1983 que comiencen a debatirse estos temas.
Fue entonces cuando comenzó a debatirse profusamente en torno a la participación, no en cuanto al contenido del término, a su significado sino a su función. Se la entendía como ejercicio efectivo de la democracia. No era sólo un derecho sino también un deber, una cuestión de responsabilidad cívica.
En el ámbito académico, el siguiente fragmento es elocuente en cuanto a la importancia que se le daba al tema en los primeros años de la democracia: "En un sentido, elegir estudiar a los movimientos sociales implica una opción teórica y, en este caso, también un compromiso ideológico. Opción teórica en cuanto a privilegiar las dimensiones sociales y culturales en el análisis de los procesos de democratización. Compromiso ideológico en cuanto a la búsqueda de mecanismos de participación y presencia socio-política de los sectores subordinados" (JELIN; 1987: 9).
Durante el gobierno de Alfonsín se intentó una política de descentralización de los municipios en la cual las entidades intermedias, sobre todo las Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales eran claves. Nuevamente la participación aparecía como requerimiento del Estado, en este caso necesaria para la consolidación de la democracia. Nuevamente también aparecía unificado el concepto de "participación" y no desdoblado en "social" y "política". Y esto justamente porque se reivindicaba la práctica política tan largamente denostada en el pasado.
Sin embargo, la socióloga Bibiana DEL BRUTTO (1986: 105; 106) en un análisis crítico del intento de descentralización en la Capital Federal, advierte "es cierto que descentralización y participación pueden ir unidas, pero hasta tanto no se hagan modificaciones legales, la actual estructura administrativa -que no es proclive a la participación- tiende a reproducirse indefinidamente. [...] No se puede considerar al municipio como una empresa y a la descentralización como una estrategia que consolida el sistema democrático, la descentralización es simplemente una táctica que ayuda a mejorar la eficiencia".
CARDARELLI (1991; 29-31) afirma que el problema iba más allá del déficit en el aparato institucional: "no pudo superarse la promoción de políticas participativas «desde arriba» aun cuando el gobierno democrático de 1983 intentó la reconstrucción de ámbitos ampliados de participación social. En efecto, la participación comenzó a formar parte del discurso de los programas sociales, extendiéndose ahora a otras áreas estatales además de la tradicional de Promoción Social. Atento a la pobreza recién «descubierta», los programas participativos (se contaban más de 40), se diseñaron en función de poblaciones o temáticas específicas: el Plan Alimentario Nacional, Esfuerzo Compartido (vivienda), Plan Nacional de Alfabetización, Generación de Ocupación Productiva, Educación Ambiental, Participación Juvenil, Mujer Salud y Desarrollo, etc. [...] Esta escena pública para la pobreza y la participación favoreció, asimismo, la creación de más de 90 Organizaciones No Gubernamentales de Promoción y Desarrollo, especialmente en la Capital Federal, Conurbano de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé".
En la ciudad de Olavarría hubo sólo una de estas ONGs. (ligadas a la reproducción), que se conformó en 1985 y dejó de funcionar en 1993. En cambio, a partir de 1983 comenzó a reestructurarse el fomentismo a raíz de adecuarse a la recuperada democracia de Partidos. Por un lado, desde el Estado se propiciaba el trato con entidades intermedias como parte de la concertación de políticas sociales. Por otro lado, en el ámbito específicamente barrial, se ponía en evidencia nuevamente la superposición de roles, ahora con las Unidades Básicas y también con Comités de distintos Partidos políticos, y la disputa por la representación. A esto se sumaba el hecho de que afloraban, en el interior de cada Sociedad de Fomento, las pertenencias partidarias de los propios fomentistas. En función de la visibilidad de estas diferencias, cada una de esas instituciones estableció normas para tratar con los representantes de los Partidos políticos. Se conformó además la Federación de Sociedades de Fomento para acordar estrategias en común (en el trato con el Estado) entre las distintas instituciones fomentistas representadas en ella por dos delegados de cada una.
En 1989, ante la hiperinflación y los saqueos que tuvieron lugar en la ciudad de Rosario, se conformó en Olavarría un Comité de Emergencia en el cual las Sociedades de Fomento tuvieron un papel muy importante. En realidad, se trataba de detectar a los grupos más afectados por la crisis para focalizar en ellos la asistencia directa, en esto radicaba la importancia de la presencia de las organizaciones barriales en el mencionado comité. Pero también por este medio se daba lugar a la discusión, en el plano local, acerca de los caminos posibles para superar la crisis hiperinflacionaria.
A partir de entone podemos hablar de lo CARDARELLI (1991: 35) llama "participación para la sobrevivencia". La misma autora afirma que "se instaló en las instituciones públicas y privadas de ayuda la «cultura de la emergencia», que además de consolidar el modelo asistencial, fortaleció la creencia en la autogestión de los pobres en torno a la subsistencia, acompañada en todo caso por la provisión pública y/o privada de insumos elementales".
La década del 90 se caracteriza en toda Latinoamérica por la profundización de las políticas de ajuste, en un contexto de desocupación creciente, y la retracción casi total del Estado -en principio en su dimensión nacional- en nombre del equilibrio de la balanza de pagos. El discurso tecnocrático acerca de cómo deben cerrar las cuentas nacionales para transformar el territorio argentino en un país confiable no alcanza a eclipsar el efecto que estas políticas tienen sobre sus pobladores, quienes las viven en carne propia: un vertiginoso aumento de los grupos sociales excluidos tanto del trabajo como de aquellos consumos que en nuestra sociedad se consideran básicos.
Sin embargo, la resistencia al modelo asume dos formas características: la culpabilización de todos los políticos y la movilización espontánea local.
El (predominante) carácter local de la protesta descentraliza de hecho las consecuencias de la política económica nacional, dado que serán los municipios los que tengan que dar respuestas a los reclamos que motivan las movilizaciones. Sólo cuando aquellos se vean desbordados recurrirán a otras instancias: la provincia primero y la nación después. En este contexto, las políticas sociales con un alto grado de autogestión tienen la virtud de adecuarse a las actuales limitaciones monetarias de los municipios y a la necesidad de los gobernantes de mantener el control sobre las demandas de la población.
LAS SOCIEDADES DE FOMENTO EN OLAVARRIA
Las Sociedades de Fomento son instituciones formales que surgen, en casi todos los casos, por iniciativa de un grupo de vecinos que decide agruparse para peticionar ante el Estado. En casi todos los casos, las razones tienen que ver con la provisión de servicios públicos. Cada una de ellas tiene su estatuto, que suele redactarse según un modelo. En él se fija la forma en que se integra la comisión directiva, el número de miembros, la duración de los mandatos, los requisitos para la conformación de listas, para votar, la forma de elección que es por asamblea de vecinos y debe convocarse por los medios de comunicación con un mes de anticipación, así como otras pautas de funcionamiento interno.
Cada institución fomentista, para ser reconocida, debe elaborar y presentar el estatuto, junto con la conformación de la comisión directiva y el radio de acción que abarca, a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad. Antes de 1985 esto era suficiente para conformar una Sociedad de Fomento. Pero en ese año se aprobó una ordenanza según la cual a las entidades que hicieran aquella presentación se las reconocería como Junta Vecinal y recién después de un tiempo de funcionamiento se las reconocería como Sociedad de Fomento a condición de que abarcaran un área de 36 manzanas.
Si dentro del área de una Sociedad de Fomento un grupo de vecinos decide conformar otra institución de este tipo, será reconocida pero como Junta Vecinal.
Parte del financiamiento de estas instituciones proviene de la cuota de socio, que va desde los $ 0,50 a $ 2 . La cantidad de miembros va desde 37 ("pero estamos en campaña de socios", aclara su presidente) en una institución que se fundó en enero de 1972, hasta un máximo de 1200 socios en la Sociedad de Fomento más antigua de Olavarría, fundada el 29-04-41; el resto oscila entre los 62 y los 500. El resto del financiamiento proviene, una parte, de cenas, bailes, rifas que sus propios miembros organizan para juntar fondos, y la otra, del Estado, sea el gobierno municipal o de subsidios otorgados por legisladores provinciales (por la séptima sección electoral a la que pertenece Olavarría).
Además de la gestión de servicios, la mayoría de las instituciones fomentistas tiene a su cargo una Sala de Atención Primaria de la Salud, algunas en la misma sede de la Sociedad de Fomento o Junta Vecinal. La mayor parte, también fue construida y puesta en marcha por los miembros de la propia institución. El equipamiento suele provenir de donaciones o de la Municipalidad. Por estatuto, la mitad de la cuota de socio debe destinarse a "la Salita", como habitualmente se la llama, en caso de tenerla. Con esos fondos (generalmente escasos) se paga a una enfermera y a una persona que haga la limpieza. El municipio abona el sueldo del médico que esté a cargo. Quienes no son socios de la Sociedad de Fomento deben pagar $ 1 para ser atendidos, con lo cual les conviene asociarse y en general lo hacen.
Las Sociedades de Fomento que tienen sede habitualmente prestan el espacio para los centros recreativos que organiza la Municipalidad y que consisten en cursos de peluquería, manualidades, corte y confección, cosmetología, bordado, baile, fútbol infantil, etc. Las instituciones fomentistas solicitan estos cursos según lo que sus miembros consideran que es necesario en el barrio. Se valoran especialmente a aquellos que puedan ofrecer una salida laboral.
La participación en las Sociedades de Fomento da cuenta de los tres elementos que propone MIDGLEY (1993: 2) como constitutivos de lo que define como participación de la comunidad (que, a pesar de algunas semejanzas, no se confunde con desarrollo de la comunidad) y que, por otra parte, no difiere de lo que los fomentistas llaman participación: la contribución, entendida como el compromiso de trabajo voluntario, tiempo y obtención de recursos, la organización y la obtención de poder, en tanto acceso a la toma de decisiones sobre aquello que les concierne.
El trabajo voluntario, la colaboración para la resolución de "los problemas de la comunidad" es una de las premisas fundamentales de los fomentistas: "Por estatuto somos 22 (9 titulares) en la Comisión y hay gente que son colaboradores. Podemos ser diez, doce personas para trabajar, por ahí somos tres o cuatro. Por eso siempre hay que seguir. Yo si estoy sola sigo igual. Al otro día aparecerá otro" (SM; 1996).
Esto lo decía la presidenta de una Sociedad de Fomento. El trabajo al que se refería era una ampliación de la Sala (de Atención Primaria de la Salud).
"Yo soy el que decía que a las personas, después de los 80 años había que darle asistencia gratis, volcarse a las escuelas, trabajar con los rotarianos. Hay que darle el salón y brindarse, hay que sembrar para recoger" (P; 1996).
Pero el trabajar para "darle a la gente" tiene un límite que es el de la reciprocidad: se espera, según se desprende de la metáfora de la siembra y la cosecha, que por haber recibido beneficios del trabajo de los fomentistas, a cambio se mantendrá la relación con la institución. En este sentido, la eficacia en la solución de los problemas de los habitantes del barrio es entendida por los fomentistas como un elemento determinante en la participación (en su acepción colaboracionista): "En la actualidad, el presidente, vice, secretario [de la Sociedad de Fomento] son del barrio L. Esto es el paso más importante que dimos. La gente del barrio L. que era marginal y sigue siendo marginal, son los primeros que se acercan cuando hay jornadas solidarias. Acá vivieron chicos, dormían en la Sala. Eran chicos de la calle, que ahora están trabajando. Terminaron su primaria a la noche y quieren salir. Y están saliendo. Por esto tuvimos denuncias, de todo. Y nosotros sacamos la cara por ellos" (J; 1996).
Sin embargo, aparte de la reciprocidad, de la devolución de trabajo, el incorporarse y participar de una institución fomentista implica también la formación de ideas acerca de cómo deben funcionar las cosas en ella, de qué es lo importante y qué no, en qué debe intervenir, etc. Estas ideas pueden estar de acuerdo o no con lo que sucede en la práctica. El lugar que pueda darse a las discrepancias, la forma más o menos compartida en que se tomen las decisiones, también tienen una incidencia directa en la participación, en un sentido cuantitativo, es decir en que más o menos gente se incorpore al fomentismo.
"Dicen «si me voy yo no hay quien venga». Y yo les digo «son mentiras: hay gente en la calle que está esperando que te vayas para venir». Si a mí [como presidente] me falta la mitad de la comisión directiva, yo ya me inquieto" (P; 1996).
En estas palabras que se refieren explícitamente a la participación, se cuela además un marcado personalismo ("yo", "a mí", "me", "yo"), una identificación de la institución con la persona que la lidera (sea o no el presidente). Esta es una de las características más visibles del fomentismo - y no sólo del dirigente fomentista-: hay en él quienes dirigen, quienes consienten ser dirigidos y quienes buscan ser dirigidos. Lo que parece claro es que cuando el poder se concentra en un solo par de manos y se ejerce arbitrariamente genera resistencias que se expresan no sólo verbalmente, acusando al dirigente de dictador, sino también quitando la colaboración.
Por otra parte, el trato entre las Sociedades de Fomento y el Estado municipal, se reduce a acuerdos entre personas: el dirigente fomentista por un lado y un miembro del Ejecutivo o un concejal por el otro. Y si bien los fomentistas se atribuyen el rol de "peticionar" ante el Estado en nombre del barrio, en muchos casos es el propio gobierno local, en la persona de alguno de sus miembros, el que "sugiere" que construyan una Sala, o pongan en marcha un Jardín Maternal Autogestionario, etc. El trato personalizado y la distancia social que existe muchas veces entre el fomentista y los miembros del gobierno hacen que se caracterice a esta relación como clientelar. Sin embargo, en general no se trata únicamente de un intercambio de bienes materiales por apoyo político (esto incluso ocurre en muy pocos casos), sino también del uso que hace el municipio de estas instituciones para implementar políticas sociales, de salud, etc., y del acuerdo para ello que deben obtener de sus integrantes.
A partir de 1983, tal como observa CARDARELLI (1991: 31), hubo una "escena pública para la pobreza y la participación". Hasta entonces en Olavarría se daba una suerte de división del trabajo, en cuanto a la gestión de las políticas relacionadas con "derechos sociales", entre la Municipalidad y las Sociedades de Fomento: a las últimas correspondían los consumos colectivos; a la primera correspondía el problema de la pobreza urbana, en manos de la Secretaría de Acción Social; la gestión de la atención (primaria) de la salud, como vimos era (y sigue siendo) compartida. Las Sociedades de Fomento que surgieron en este período se encontraban con nuevas necesidades, no porque la pobreza fuera nueva, sino porque se la descubría, se la hacía pública. Algunas de estas instituciones generaron proyectos en torno a ella, y podríamos decir que a contramano de la lógica de la responsabilidad individual. Pero, salvo durante la crisis hiperinflacionaria de 1989, la mayoría de las Sociedades de Fomento se limitaba a informar a la Municipalidad que había tal o cual "problema social". En esta categoría los fomentistas incluyen: la imposibilidad de alimentarse, la falta de trabajo, la violencia, el robo. Ya en la década del 90, aún aquellas instituciones que se habían organizado en torno a la pobreza abandonan la empresa y los fomentistas retoman el argumento de que "la pobreza es un problema cultural", algo que "se aprende de chico". Así, a medida que se incrementa en forma progresiva, la pobreza comienza a volver a su lugar1 anterior, dejando libre la escena pública para aquellos que están "descendiendo" pero que todavía pueden sostenerse con un mínimo de ingresos. Por otro lado, también desde el municipio se focaliza la Acción Social de diferentes maneras (según se trate de "nuevos pobres" o de "los que no tienen arreglo") de tal forma que va quedando sin efecto el criterio de universalización de asistencia con el consecuente (y constante) aumento de la exclusión.
CONCLUSIONES
La forma de hacer política en el ámbito local, de decidir sobre los asuntos públicos, se va instituyendo, a lo largo de los últimos cincuenta años, como una práctica en apariencia puramente económica, en que se intercambian distintas cosas: bienes materiales y simbólicos, trabajo voluntario, apoyo político.
En la relación que establecen las instituciones fomentistas con el Estado local, el fomentista hace valer la necesidad que el Estado tiene de él, de su trabajo y del de otros fomentistas que lo siguen. El éxito o el fracaso en este cometido es siempre temporario porque está sujeto a cambios de personas y de orientaciones políticas en el gobierno local. Desde el Estado, con más fuerza según el momento histórico, se abona el discurso de la responsabilidad individual y el valor del trabajo, según el cual los fomentistas (con su labor no favorecen al gobierno sino) simplemente cumplen con su deber. En estas luchas puntuales por el poder generadas por cada situación particular éste puede ser ejercido por cualquiera de las dos partes.
La cuestión es que el valor del trabajo voluntario y la ética de la responsabilidad individual están internalizados en los propios fomentistas y no hay necesidad de que ningún gobernante se los recuerde, alcanza con que en sus discursos elogien el trabajo fomentista. Aún así, ejercen su cuota de poder cuando se oponen en bloque a alguna medida que el gobierno intente tomar y con la que no acuerden.
Sin embargo, estamos hablando de los dirigentes fomentistas. Quienes no lo son intervienen sólo indirectamente en la política local. Sostienen con el aporte de su trabajo al dirigente quien establece acuerdos y desacuerdos personalmente, en el marco de su relación con el gobierno. No participan en este tipo de decisiones pero pueden impugnarlas si consideran negativos sus efectos. La sanción a los dirigentes puede traducirse en la conformación de una nueva lista para las elecciones siguientes, y puede ir más allá haciéndolo objeto de acusaciones de dictador o de ladrón que suelen resultar en el alejamiento, casi siempre temporal, del dirigente.
Digamos entonces que la participación ligada a la reproducción, en el ámbito de las Sociedades de Fomento, es una práctica política en tanto que los fomentistas intervienen directa o indirectamente en los asuntos públicos. No significa esto que el fomentismo constituya una alternativa política. Hasta y por ahora, no abandona su papel mediador, en pos de algún proyecto propio.
BIBLIOGRAFIA
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NOTAS
1 El lugar de la discriminación, el estigma, la culpabilización de la víctima, la imputación de cuanto "desorden" tenga lugar a los pobres del barrio, a quienes se los asocia con un sector geográfico interior al mismo pero bien delimitado.
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