La nacionalización/provincialización del "desierto". Procesos de fijación de fronteras y de constitución de otros internos en el Neuquén.

Para la sesión "Etnografías e historias de frontera en el cono sur. Liminaridad, Integración y Conflicto", coordinada por Diego Escolar y Hernán Vidal. Comentarista: Elizabeth Jelin

Claudia Briones (UBA/CONICET - cbriones@filo.uba.ar)
y Raúl Díaz (UNCOMA - rdiaz@uncoma.edu.ar).

I. PLANTEO DEL PROBLEMA

"El dirigente justicialista zapalino Raúl Grimaldi denunció que la Confederación de Organizaciones Mapuche [sic] planea formar un Estado propio, separándose de Argentina. No descartó hechos violentos como los de Chiapas, y aseguró que el sustento ideológico del grupo es muy fuerte. Afirmó que ya están gestionando el reconocimiento internacional (La Mañana del Sur 03/06/95: 30-31)."

En la medida en que éste no es ni el primer ni el único reclamo Mapuche de tierras, la interpretación de Grimaldi invita a preguntarse por qué "el caso Pulmarí" manifiesta desde el inicio un grado tan peculiar de conflictividad.

Este interrogante central gira en torno a preguntas complementarias. Habida cuenta de que la mayor parte de los pueblos indígenas de la Argentina viven en áreas de frontera, ¿por qué sólo la ubicación fronteriza de los Mapuche se convierte en problema de estado? En este sentido, si en 1990 los presidentes de Chile y Argentina producen una declaración conjunta por la cual se comprometen a "promover en forma inmediata las acciones conducentes a una efectiva integración física, económica y energética entre ambos países" (Gómez Fuentealba 1992: 210), ¿por qué resulta tan transgresor el aserto de que la pertenencia del Pueblo-Nación Mapuche también trasciende las fronteras entre los dos estados? Más aún, considerando que cinco pueblos indígenas de Salta (Wichi, Komlek, Iyojwaja, Nivackle y Tapy'y) están reivindicando "un territorio unificado" de 400 mil hectáreas (Carrasco y Briones 1996), ¿qué es lo que hace que el reclamo Mapuche de una porción mucho menor en Pulmarí represente una amenaza a la soberanía de la nación? Por último, habida cuenta de que la "Ley Integral del Indígena" (ley provincial # 2287/88) de la vecina provincia de Río Negro habla de autodeterminación, por qué en Neuquén la petición de un reconocimiento semejante se torna síntoma de una radicalización de la posición Mapuche?

Aunque a nivel provincial "lo mapuche" ha sido usado por los discursos localmente hegemónicos para potenciar la identidad regional --generando incluso una cierta consistencia de la adhesión electoral indígena al partido gobernante (cfr. Briones 1993a)-- discursos como los de Grimaldi y la puesta en disputa del liderazgo de Felipe Sapag por parte de algunos pu lonko que antes eran sus seguidores parecieran indicar un quiebre o al menos transmutación de prácticas, solidaridades, alianzas e identidades políticas. Que, en épocas de transnacionalización, la globalización del reclamo indígena primero exista como una "lucha por la dignidad" y luego devenga peligroso demanda reflexionar con qué imaginarios y procesos políticos y de acumulación puede ello tener que ver.

El objetivo de esta ponencia, entonces, es plantear una aproximación a los vínculos entre un territorio disputado y la inscripción de lo indígena en narrativas de frontera, a partir del análisis de un caso que busca condensar la reivindicación actual del Pueblo Originario Mapuche.

Intentamos describir la reinscripción de estas narrativas en su articulación a procesos de construcción de identidades y diferencias en épocas liminales de transnacionalización. Para ello, recurrimos a una historización de los imaginarios hegemónicos que contribuyeron a legitimar el espacio posible de la alteridad indígena y, en consecuencia, al diseño de territorios de inclusión-exclusión afines con la ciudadanización y conformación de la dominación económico- social de base territorial. Imaginarios de legitimación para el accionar de actores concretos, como los que se fueron consolidando, por un lado, mediante la ocupación y privatización del espacio conquistado y, por el otro, a través de instituciones como Parques Nacionales que garantizan el anclaje estatal de esa nacionalización.

En todo caso, estas líneas deben ser tomadas como una primera aproximación a un trabajo de mayor alcance en el que se logre anudar en perspectiva etnohistórica la compleja trama de significados con que se conformó la semiótica de lo nacional en un espacio de frontera internacional en "épocas de nacionalización" que, en la región en estudio, se consolida fundamentalmente a partir de 1930/40. Creemos empero que la recurrencia a esas imágenes de nación en territorios fronterizos requiere hoy afrontar nuevos desafíos, de considerarse su coexistencia con nuevos espacios de imaginación de la nación en "épocas de desnacionalización" --espacios sensibles a la influencia de los bloques transnacionales de poder económico y hegemonía cultural e ideológica que a mediados de los '90 comienzan a aterrizar en Norpatagonia.

En este sentido, no pensamos que lo que hoy se nos presenta como compleja trama de significados se trate de o sea producto de una "confusión de lenguas" sino, más bien, de la conjunción de una reterritorialización de los lenguajes, afín con la aparición de identidades "trans", de las cuales participan el conjunto de los actores involucrados en el espacio de frontera. Ya que nuevos vasos comunicantes emergen desde esta recomposición, la pregunta que lo interpreta es aquella acerca de cómo se reinscriben las "identidades profundas" en la mezcla de lenguajes en que los distintos actores legitiman la reivindicación de sus intereses materiales y simbólicos. En definitiva, qué sea la aboriginalidad estará también marcado por la globalización, la transnacionalización y la mundialización de las culturas. Dicho de otra manera, queremos entonces empezar a hacernos cargo en el desafío de un estudio sobre etnografía de frontera, de los sentidos polisémicos del Marici Weu en voces de la Pueblada II de Cutral-Co/Plaza Huincul1, y en el reclamo de Pulmarí, en tiempos de apertura de un corredor bioceánico, y de la integración chileno-argentina como reterritorialización regional de economías, sociedades y culturas. En otras palabras, de los lazos que conectan la resistencia popular marcada por el derecho a la dignidad con la reocupación del espacio territorial regional proveniente del mercado de capitales transnacionalizados, y en el que las 112 mil has. de Pulmari constituyen un segmento en el que se intensifica la disputa por la inversión de capitales ávidos de ganancia y lanzados a la conquista, entre otros recursos, del de la biodiversidad. En este aspecto, resulta determinante el hecho de que la apertura de la frontera internacional se encuentra a su vez con un "espacio" en proceso de reterritorialización aborigen, a la que se agrega la desterritorialización de pueblos enteros abandonados a su suerte en medio del "desierto". Es dentro de los límites que la frontera internacional reconstruye, que otros internos que mueven sus identidades y reterritorializan sus espacios de pertenencia, asentamiento y proyección devienen de pronto "intolerables". Por eso, los nuevos subversivos con que cuenta hoy Neuquén provienen de "mapuches usurpadores" y "fogoneros" quienes --apelando en su carta abierta a la fuerza que los sostuvo como Marici Weu para declarar "Acá tenemos sangre Mapuche"-- cometen delitos al instalarse en las rutas para "cortarlas" y quedan al margen de la ley.

Para ver cómo imaginarios que movilizan identidades se vinculan a proyectos políticos y económicos particularizando dinámicas culturales complejas, nosotros no proponemos estudiar Pulmarí sino, como dice Geertz, empezar a estudiar en Pulmarí cómo se condensan, y en particular, se agudizan, los sentidos de los otros. A qué movimientos históricos de legimitación se recurre, cómo se conforma el actual arbitrario cultural que envuelve ese conflicto. Cómo se arman de voces los actores para definir un campo semántico sobre el cual sentar posiciones. ¿Puede ser Pulmarí un terreno de disputa por el sentido de los otros? ¿Si Pulmarí es un emergente local, y una coyuntura de cruces de identidades que interpela los sentidos de la globalización, cuáles son las perspectivas de respuesta de las clases hegemónicas? ¿Qué significa Pulmarí para los actores involucrados y cómo se articulan relaciones de fuerza con el sentido de esas relaciones?

A la búsqueda de las lógicas subyacentes de sentido en Pulmarí las "evidencia(s), impone(n) poco a poco que esos nuevos objetos se sitúen en un espacio-tiempo diferente", sabiendo que "con lo social sucede lo mismo que con los lugares: sólo desaparecen para recomponerse y son, más bien, las relaciones entre espacio y alteridad las que deben tratarse hoy día para poner de relieve algunas de las contradicciones de nuestra modernidad" (Auge 1996: 97).

Así, el corte de rutas, la ocupación de tierras, la flexibilización de fronteras internacionales, las identidades reconstruidas desde la periferia de un orden fragmentado evidencian una semiosis espacial, "pero las palabras de este vocabulario tienen todas que ver con la relación entre el sí mismo y el otro" (Auge 1996: 98).

Según Ortíz (1996: 66), "la mundialización de la cultura trae, con ella, vectores poderosos de dominación, que se articulan en el nivel planetario. Por lo tanto, la situación de los lugares implica acomodaciones y conflictos. En ella estallan los intereses que recortan las sociedades." Como, siguiendo a Ortíz ( op. cit.: 55) nuestro "problema es entender cómo se articula esta maraña de fuerzas que solemos llamar nacionales, regionales, locales", empezamos por admitir que el territorio como "espacio informado" (Raffestin 1986: 177) en el cual circulan las personas está atravesado por líneas de fuerza que "no son equivalentes; poseen peso y legitimidades distintas (Ortíz op. cit.: 66)." Para poder analizar el entrecruzamiento de diferentes líneas de fuerza y lugares de disglosia (campesinista, folclorizante, telúrica, criollista, pauperizante, ruralista, ecologista, conservacionista, neoliberal, etc.) en el contexto de una situación determinada --definiendo objetivamente esa "situación" por las fuerzas sociales portadoras de legitimidades desiguales en el seno de la cual los hombres actúan-- la conformación de ese territorio debe ponerse en perspectiva histórica.

En este sentido, nuestro afán de ver de qué manera la discusión sobre cómo debiera asignarse el recurso "tierra" en "el caso Pulmarí" es atravesada por formas de construir la alteridad indígena que pugnan por re-inscribir distancias históricas entre aboriginalidad y nación se enfrenta con el problema de articular explicativamente los distintos factores, fuerzas y procesos que se han ido conjugando para que narraciones hegemónicas de "fronteras" (a la vez geográficas y sociológicas) fueran inscribiendo a los Mapuche en nichos cambiantes de alteridad. Derrotero que, en términos de Williams (1993), resumiríamos como el pasaje de "inapropiados inaceptables" (cuya inadecuación permitiera justificar la Conquista del Desierto como cruzada nacional), a "subordinados tolerables" forjadores de identidad provincial y, en épocas recientes, a inapropiados cada vez más "intolerables". Si, para ello, nos centramos en su territorialización, no sólo es porque el reclamo territorial es hoy el eje articulador de las luchas indígenas sino fundamentalmente porque, como dice Harvey (1989: 238), cualquier contienda por reconstituir las relaciones de poder es una lucha por reorganizar también sus bases espaciales. En este sentido, presumimos que para algunos la "peligrosidad" del reclamo mapuche no radica en que soliciten tierras, sino en la forma en que su discurso desafía la (des)territorialización hoy propuesta por un estado-nación preso de las contradicciones que genera un modelo que le demanda ser agente central de su propio achicamiento e invisibilización.

Ahora, el carácter preliminar de nuestra aproximación radica, entre otras cosas, en que tratamos de vincular tres tipos de procesos que, aunque imbricados, manifiestan "tempos" diversos. Por un lado, procesos de transformación de modelos de acumulación global y regionalmente imperantes que van marcando el predominio local de distintas actividades económicas (ganaderiles, mineras e hidrocarburíferas, frutícolas, etc.) y de diversos actores sociales. Por el otro, procesos de integración jurídico- politica que van definiendo y reconfigurando superposiciones entre territorios y competencias nacionales y provinciales, mostrando tensiones y desfasajes entre impulsos de nacionalización y provincialización, así como tensiones alimentadas por una más reciente trans- nacionalización que combina tendencias contradictorias de des-centralización y re(des)-nacionalización. Por último, la consiguiente pero nunca mecánica transmutación de concepciones sociales involucradas, la cual va propiciando una constante redefinición de identidades y alteridades.

Aquí, parecieran haber primado sucesivamente desde intentos por homogeneizar lo heterogéneo que han sido centrales a la conversión de los "inapropiados inaceptables" en "subordinados tolerables", hasta atisbos de reconocimiento de una cierta heterogeneidad en la homogeneidad como base de un pluralismo concebido a la manera de "cara benévola" de la subordinación, para llegar recientemente a un desafío a, y rigidización de los límites de, ese pluralismo. Es entonces por razones fundamentalmente expositivas que este trabajo "sincroniza" procesos con dispares tempos, tras lo que identificamos como umbrales claves en la transformación de los modelos de acumulación en Neuquén. Confiamos que la profundización futura de este primer intento nos permitirá complejizar los vínculos entre los tres tipos de procesos y redefinir la periodización de lo que por ahora no admite superposiciones mejor especificadas.

A este respecto, si bien desde la perspectiva de conformación del estado argentino la generación del 37 marca ya los antecedentes de un antes y un después en formas de posicionar a la aboriginalidad respecto de la comunidad política envolvente imaginarizando a la Patagonia como "desierto" (Svampa 1994), tomamos como punto de partida de nuestro análisis el año 1880, en tanto época de manifestación plena del modelo de "nación-como-estado" que va a territorializar y a nacionalizar la Patagonia y sus habitantes en base a prácticas y preceptos de exclusión e inclusión que, aún buscando homogeneizar y disciplinar individuos en torno al concepto de ciudadano, re-crean fracturas entre contingentes poblacionales. En esto, según la distancia ficcional que se establezca entre lo que se les atribuya a esos otros internos como "su modo de ser" y las normas implícitas de la nacionalidad, la "diferencia" de quienes son así alterizados va a quedar representada como encarnadura impropia no simplemente ya de la nacionalidad, sino fundamentalmente de la "humanidad universal" que queda diluida en cada "configuración racio- na(cio)nal" (Williams 1993: 153). Partiendo de que los territorios nacional y provincial también son construcciones --en este caso estatales administrativas-- cristalizadas socialmente como espacios exteriores pero consubstanciales a individuos que se interpelan entonces como ciudadanos ya territorializados (Alonso 1994) y de que la inscripción geográfica de fronteras externas e internas asume y crea a la vez fronteras sociológicas, nos interesa en este trabajo leer la distancia ficcional que el estado nacional/provincial argentino/neuquino ha ido estableciendo entre aboriginalidad (Briones 1997) y nación/región como emergente parcial de sucesivas políticas de territorialización de los indígenas.

II. SOBERANIZACION Y PLURALIDAD DE MERCADOS (1880-1940-50).

A partir de la incorporación militar de Pampa y Patagonia, son varios los impulsos e iniciativas jurídico-políticas a través de las cuales el gobierno central busca extender su soberanía territorial a todos los rincones de "la patria" (territorio neuquino incluido). La diferencia entre "(indios) argentinos" y "chilenos" va a constituir uno de los ejes de una oscilante política de territorialización de ocupantes precarios, cuyo reconocimiento en estos términos va de todos modos inscribiendo los cruceros identitarios de quienes quedan incorporados como otros internos a la "nación". Sin embargo, la presencia estatal efectiva es comparativamente débil en el Neuquén y el proyecto hegemónico global de articular el país en base al eje Atlántico tropieza con un modelo preponderante de acumulación que plantea desfasajes considerables respecto de esos intentos centrales de sincronización. En la práctica, entonces, a pesar de que el programa del gobierno federal es nacionalizar estos territorios --centralizando su control y consolidando la soberanía territorial en base a una idea rígida de frontera internacional-- recién a partir de 1940 se produce una integración económica nítida de todo el territorio al mercado del Atlántico. Hasta esa fecha, las economías del norte, sur y oeste neuquino muestran una fuerte articulación con el mercado del Pacífico sur, lo cual también fue afectando los procesos identitarios locales.

II.a. Organización jurídico-política y articulaciones económicas subregionales

Mientras una remite a extranjeros (incluso indígenas) sujetos a otra normativa, la otra es propia de quienes quedarán ya afectados a las regulaciones económicas, sociales y políticas emanadas de los aparatos de estado, según el aserto de que los territorios adquiridos por conquista o por cesión se convierten en propiedad y jurisdicción de la administración nacional.

En forma paralela al acto de (re)ciudadanizar los indígenas circunscribiendo sus derechos sobre las tierras para justificar el despojo --es decir, al acto de extender la juridicidad estatal a contingentes sometidos sancionando la aplicabilidad de las diversas formas jurídicas que van a regular la (im)posibilidad que esos contingentes poblacionales tengan de obtener tierras para vivir-- opera su subordinación política e ideológica como otros internos ubicados en "territorios nacionales", esto es, en una coordenada espacial de ciudadanía que --si bien circunscribe un espacio donde impera la normativa estatal autónoma y soberana respecto de otras normativas estatales que regulan a quienes quedan así definidos como "otros externos"-- restringe el acceso pleno a los derechos políticos conferidos a los habitantes de las distintas provincias del país.2

Aún quebrados los nexos entre "desierto" y ausencia de "ciudadanos territorializados", la forma de incorporar material y simbólicamente al indígena como habitante ya pacificado y sujeto a la normativa del espacio nacional lo emplaza imaginariamente en un camino de ciudadanización que, en verdad, nunca terminarán de recorrer por completo.

Cuando Roca introduce el tema de "colocar" como estrategia para "disciplinar", afirmando que las políticas de colocación de los indígenas constituyen la vía "para que puedan mejorar sus costumbres, civilizarse, en una palabra, e incorporarse a la más de la población como ciudadanos argentinos (DIP 1991: 205)", pone en evidencia que el discurso capitalista sobre el mundo del trabajo va a operar, en tanto ámbito inherentemente relacionado a la sociedad y la cultura, como instrumento clave de control estatal. Definido desde una disciplina laboral que opera como principio rector sobre el que se fundan las ideas de propiedad privada y de "orden y progreso" del régimen burgués liberal, ese discurso sólo legitima el trabajo de algunos (Ejército y Gendarmería como agencias cuyo trabajo es "mantener el orden"). Por el contrario, los sectores sociales subordinados que son construidos como la negación misma del sujeto trabajador acaban deprivados de aspectos esenciales de humanidad (Nagengast 1994: 123). En este sentido, no es extraño que, como reseñan Cerutti et al.

(1996) la trashumancia de los chilenos residentes en el Neuquén --población que representa en 1895 el 61% de los habitantes del territorio (Manara y Fernández 1993: 279)-- constituya desde temprano base de argumentos delegitimadores sobre su contribución al progreso de la región, ocupando en la economía del prejuicio un papel equiparable al que antes tenía el supuesto "nomadismo" indígena.

En todo caso, la ocupación efectiva post-conquista de un espacio antes "desierto" y el control geopolítico de Patagonia va a depender de acciones estatales directas y de otras indirectas, en el sentido de quedar "libradas" a iniciativas privadas. En este marco, los dispares tempos de ejecución de prácticas que ya se venían ensayando (asentamientos del Ejército o de misiones religiosas, ampliación/redefinición de marcos jurídicos) así como de otras novedosas (instalación de establecimientos escolares, registros civiles, líneas ferroviarias, creación de Parques Nacionales, asentamientos urbanos y turísticos, fomento de empresas privadas de explotación agropecuaria, forestal, minera e hidrocarburífera) irán creando desfasajes regionalmente significativos entre la integración imaginaria y la integración efectiva de la nación-como- estado. En esto, la política de tierras implementada según un modelo de expansión territorial sin poblamiento (surgida fundamentalmente de la necesidad de ampliar el espacio para la ganadería extensiva) constituirá un eje estructurante crucial de las disparidades regionales.

A diferencia de otras zonas patagónicas, Bandieri (1993a: 135) opina que en la que nos ocupa ni la Ley de Empréstito (N§ 947 de 1878) ni la de Premios Militares (N§ 1628 de 1885) son las causantes más importantes de la apropiación privada de tierras en Neuquén, ya que dichas normativas sólo concretaron respectivamente la adjudicación del 0,15% y el 1,18% de la superficie provincial. Serán por el contrario la ley 1018 de 1879 (la cual autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar --vender tierra pública a particulares-- en lotes de 2500 has) y la ley 1265 de 1882 (que establece la venta de tierras fiscales en remate público con la condición de invertir capital e introducir población estable) las que presidirán la apropiación del sector oriental y precordillerano neuquino (Bandieri 1993a: 135-6). Aquí, ya desde principios de siglo merced al traslado de la Capital de Chos Malal a Neuquén en 1904 y las puntas de rieles establecidas en Confluencia hacia 1902 y en Zapala hacia 1914, el paulatino crecimiento económico de la subregión se entrama a partir de dos industrias principales, la de una incipiente producción de alfalfa, vid, frutales y luego de la petrolera, ambas constituidas en dirección atlántica (Bandieri 1993b: 149).3 Hacia mediados de la década del 40, tanto la crisis del modelo ganadero meridional como las grandes obras de riego y viales (puentes) del ejército, la demanda de mano de obra por el aumento de la actividad petrolera y el crecimiento de la fruticultura estimulan migraciones hacia el departamento de Confluencia que auguran una desmesurada urbanización de la capital provincial a expensas del desarrollo del interior neuquino (Favaro y Morinelli 1993: 298-9) bajo un modelo de acumulación donde ocupantes precarios e "intrusos" sólo encontrarán lugar como asalariados de emprendimientos capitalistas.

En el sur y occidente del territorio neuquino, en cambio, serán especialmente la Ley Avellaneda o de Colonización (ley N§ 817 de 1876 que estipulaba la obligación de colonizar a los adjudicatarios) y la Ley de Liquidación (ley N§ 2875 de 1891 que anula esas obligaciones) los dos pilares en base a los que el Estado Nacional fomente la emergencia de un mercado de tierras regional donde, mientras algunos de los primeros concesionarios ponen inmediatamente a producir las tierras por explotación directa, administración o arrendamiento, un número significativo de los mismos (propietarios ausentistas ligados a elites porteñas) apelan desde 1891 y hasta fines de siglo a la venta especulativa a sociedades constituidas ad hoc (mayoritariamente de capitales chilenos). Empleando un número considerable de mano de obra asalariada chilena e indígena, estas sociedades permitirán que el proceso de acumulación también se efectivice en el país transandino (Bandieri et al. s/f: 148 y ss.).

En todo caso, mientras los territorios patagónicos del litoral atlántico incrementaban para esta época la producción de ganado ovino lanero por el proceso de desmerinización de la Pampa Húmeda (Vapnarsky 1982), la tempranamente privatizada área andina del Neuquén será ocupada por "empresarios ganaderos con importantes posibilidades de acumulación", constituyendo "la base territorial de las primeras estancias en tanto unidades capitalistas de producción" (Bandieri et al. s/f:.: 134 y ss.). Estos empresarios dedicados a la cría bovina vienen a suplir una demanda chilena antes abastecida por los indígenas y por la provincia de Mendoza que a fines de siglo está transformando sus potreros alfalfados en viñedos. El mercado del Pacífico, a su vez, será el proveedor de los bienes de consumo básicos (Bandieri 1993b: 185).

Paralelamente, como en el norte neuquino esas normativas casi no se aplicaron, el asentamiento espontáneo de pobladores (muchos de ellos chilenos) en tierras fiscales y propiedades privadas no explotadas dará prevalentemente lugar a la conformación de una sociedad de "intrusos" y ocupantes precarios. Más concretamente, a medida que el área surandina provincial se privatiza, se produce un desplazamiento de pequeños ganaderos caprinos propios de la región que incrementa la caprinización del noroeste (Bandieri op. cit.: 160). Aquí, el asentamiento de pobladores tanto indígenas como no indígenas tenderá a favorecer una dinámica de crianceros trashumantes que también comercializan su ganado en los mercados chilenos e irán siendo paulatinamente subordinados por el sector mercantil local (Varela y Font s/f: 181). La actividad de estos crianceros se complementará con la participación en la industria minera (principalmente explotación aurífera) que entre 1890 y 1910 también ubica en centros mercantiles del sur chileno y, en caso de involucrar explotaciones de filones a cargo de empresas, depende de compañías con capital chileno (Bandieri 1993b: 207 y ss.). La actividad maderera del área cordillerrana y antecordillerana también va a depender hasta 1930 de los intereses (y a veces capitales) de las provincias meridionales de Chile (Bandieri 1993b: 238 y ss.).

En todo caso, lo que interesa destacar del período es que la tempranamente dispar aplicación de normas fundantes de privatización redundará en dos cosas. Primero y al menos en parte, en la actual abundancia de tierras públicas en una provincia como Neuquén, donde sólo el 41,1% de su superficie corresponde a propiedades privadas y el 44,9% a ocupaciones "precarias o irregulares" afectando a fiscaleros que pagan permisos de pastaje al estado provincial (Bandieri 1993a: 140). Segundo, en una clara individuación de perfiles y actores a nivel subregional, a veces con vínculos transcordilleranos estrechos.

Si sintetizamos entonces las articulaciones económicas propias de estas primeras décadas, vemos que el modelo de acumulación preponderante en las zonas suroccidental y septentrional del espacio territorial neuquino será excéntrico respecto del eje atlántico de estatidad, al menos hasta que la progresiva disminución de franquicias entre ambos países que se produce entre 1930 y 1940 conlleve la paulatina interrupción del intercambio legal de ganado entre proveedores neuquinos y compradores chilenos, interrupción que se vuelve casi definitiva con la institucionalización del control del comercio por la Gendarmería Nacional en 1941 (Bandieri et al. s/f.: 137). A partir de aquí --y al menos en lo que respecta a grandes productores que son los únicos con acceso a crédito y posibilidad de vender sin intermediación vacunos para invernar en provincia de Buenos Aires-- el intercambio regional basado en la ganadería deberá orientarse al Atlántico. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, pasarán a depender de intermediarios locales que serán quienes obtengan los principales beneficios (Bandieri 1993b: 192-3). En verdad, lo que ocurre en 1940 es que ambas subregiones se integran siguiendo el modelo imperante en la zona oriental del territorio. En todo caso, que de 1880 a 1940 la articulación económica globalmente preponderante de las actividades ganaderas, forestales y mineras del norte, oeste y sur neuquino haya sido con Chile --a pesar de que para esa época prima como proyecto del gobierno central atraer política y económicamente a los territorios nacionales hacia el eje "Atlántico" (para lo cual, se tienden desde FF.CC. hasta se crean Parques Nacionales)-- muestra que las "fronteras" distan de ser límites inequívocos entre estados-nación. Más bien, separan arbitrariamente formas sociales, pueblos y regiones cuyas prácticas quedan definidas y determinadas por la resignificación de esos límites, y por tanto signadas por el conflicto y contradicciones tanto materiales como ideacionales (Alvarez 1995: 448), donde la inscripción de la alteridad indígena va recortándose a partir de prácticas de inclusión (reconocimiento de ocupaciones precarias) y de exclusión (permanentes relocalizaciones a medida que se entramaban mercados subregionales en base a actividades económicas particulares).

Si pensamos ahora en las acciones estatales más directas, no cabe duda que los asentamientos militares hilvanados como cadena de fortines en el Neuquén para apoyar las sucesivas campañas militares de la conquista del desierto seguirán siendo un operador clave de control del espacio neuquino a menos hasta fines de siglo XIX. Muchos de ellos, darán lugar a ciudades hoy son cabecera de departamento. De todas formas, como sumarizan Cerutti et al. (1996), el período 1895-1930 se caracteriza por una presencia estatal casi inexistente en el Territorio. Recién en 1887 se funda en Chos Malal (que para entonces aún era capital) la primera escuela con cierta continuidad en el Territorio.

Pero la extensión de la red educativa será sumamente lenta, a punto que una Memoria de la Gobernación del Neuquén de 1900 reconoce que hacia principios de siglo las familias con recursos mandan a sus hijos a educarse a Chile. Más aún, en la memoria de Justicia e Instrucción Pública de 1900 también se destaca que la escasez de jueces departamentales en el territorio entraña dos peligros: que no se cumpla con la ley de registro civil y la gente se interne en Chile para bautizar a sus hijos (dándole nacionalidad extranjera).

En este sentido, Parques Nacionales aparece como una de las instituciones estatales más comprometidas en la apropiación efectiva, el control y el manejo del espacio originariamente ocupado por los pueblos originarios. Su origen y conformación posterior --vinculada directamente al ejercicio de la soberanía nacional en zonas de frontera y al control militar de los límites internacionales-- evidencia una forma de apoderamiento del espacio, de afirmación nacional y de diagramación de los espacios sociales, económicos y culturales que definirán a futuro características particulares para el conjunto de la región (Díaz 1996). Así, la sanción de la ley 12.103 que crea en 1934 el Parque Nacional Nahuel Huapí como jurisdicción inalienable y sujeta a dominio público recrea las asimetrías históricas en base a las que esos espacios se venían organizando. Mientras se respetan propiedades particulares existentes, esta forma de territorialización da pie para reubicar algunas comunidades que vivían dentro de las áreas designadas como protegidas, difiriendo los reclamos indígenas sobre tierras ubicadas dentro del ámbito.

II.b. La (re)inscripción de alteridades.

En el marco de la tensión generada por la coexistencia de intentos por entramar una "representación patriótica" centralizada y articulaciones económicas con perfiles diferenciados a nivel subregional, ¿cómo ha ido jugando en esta etapa la alterización de contingentes indígenas? Al menos en relación a las políticas de radicación que se implementan durante igual período por parte del estado chileno (Bengoa 1985), la del argentino puede caracterizarse como espasmódica, en el sentido de que opera menos por aplicación sistemática de las leyes correspondientes, que por entrega de tierras a caciques renombrados (Sayweke, Namuncura y Curruhuinca) para celebrar su sometimiento (Carrasco y Briones 1996; UNC-APDH 1996), o por concesión de permisos precarios de ocupación a quienes iniciaran un largo deambular por sedes del poder burocrático-administrativo local y especialmente del nacional (Olivera y Briones 1987). Se hace entonces necesario indagar los motivos posibles de esta aparente falta de coherencia.

Si ya desde Alberdi formaba parte del sentido común de los bloques de poder el aserto de que "gobernar es poblar", las disputas entre las elites morales girarán en torno a cómo y con quiénes. En un ilustrativo debate parlamentario donde se interpela en 1882 al Ministro del Interior para que justifique la ampliación del presupuesto para pago de gendarmes y racionamiento de indios de la Colonia Conesa (Briones y Lenton 1997), el Diputado Calvo sintetiza el imaginario hegemónico sobre las poblaciones de territorios nacionales:

"Debemos hacer una ley de territorios (...) Es necesario cuidar la parte de la población que pueda colocarse allí, y que en Europa se llama pauperismo: la gente destituida de recursos, vagos, etc. Es necesario que mantengamos allí gendarmes, para impedir que aquellos vagos y toda aquella gente de vida irregular que prefiere siempre esas apartadas regiones, vuelvan á sus andadas anteriores: a la depredación y al salteamiento (Congreso de la Nación 1882: 219)."

Dentro de esta percepción global, no es extraño que los indígenas se construyan como inapropiados aún más inaceptables, pues adeudan como asignatura pendiente la de "ser civilizados". Según se evalúe su aptitud para recorrer un camino de disciplinamiento, así como el lugar que en la geografía imaginaria de la "patria" podrían ocupar luego de recorrerlo, se barajan desde el gobierno central dos posibles soluciones: destinarlos a ejércitos de línea para que se conviertan a largo plazo en jornaleros4 o radicarlos en colonias.5 En la medida en que esta puja no encuentre una solución consensuada, estas y otras "soluciones" van siendo puestas en práctica simultáneamente, contradiciendo a veces las iniciativas y sugerencias de los gobernadores del Neuquén como Olascoaga que son quienes se enfrentan al desafío práctico no ya de imaginar sino de tomar iniciativas que aseguren "el poderío y la inviolabilidad de una nación" en un territorio económica, social y culturalmente "chilenizado".6

Aunque desde "el lugar de los hechos" pudiera quizás resultar incontestable que la radicación de "indios argentinos" era mejor opción para extender la soberanía que la de dejar librado el territorio a "intrusos chilenos", la posibilidad de consensuar un lugar para la alteridad indígena en el contexto de una marcada centralización -- recordemos, por ejemplo, que corresponde al gobierno central aprobar los actos de los gobernadores de los territorios-- lleva a que las perspectivas de elites morales localizadas tampoco logren imponerse para configurar "un indio" y definir una política sistemática al respecto. No sorprende entonces que se vaya consagrando en el Neuquén un sistema diversificado de tenencia de tierra mapuche que, en esta etapa, incluye tanto ocupaciones por reasentamiento post-bélico de comunidades (algunas con permisos precarios, a veces en recompensa por servicios militares, otras "toleradas" o de facto), como reasentamientos y traslados compulsivos originados por obras de utilidad pública o creación de Parques Nacionales (UNC-APDH 1996: 203-4).

En este marco, resta por tanto preguntarse qué cruceros identitarios se fueron inscribiendo. Si bien la progresiva privatización del suelo impactó desde temprano las formas organizacionales y ocupación de fuerza de trabajo de las unidades domésticas mapuche (Radovich y Balazote 1995: 70), lo cierto es que --buscando maniobrar entre las indefiniciones apuntadas para sortear los diversos obstáculos políticos y económicos que su existencia colectiva iba encontrando en ambas vertientes cordilleranas-- los indígenas fueron ensayando caminos posibles para preservar su reagrupamiento, frenar nuevos despojos y resistir desmembramientos sin dejar, empero, de garantizar la supervivencia global de las comunidades.

En principio --según sintetiza un lonko de Gramajo en recuerdo de las palabras de sus mayores (Falaschi y Parrat 1996: 27)-- simplemente "la gente se fue juntando". Estos primeros reagrupamientos que luego irán dando lugar a las que hoy se reconocen en Neuquén como "comunidades" indígenas poseen una notable fluidez adscriptiva, pues surgen de alianzas y prohijamientos entre contingentes arrinconados, sin importar que algunos tracen genealogía de varias generaciones en territorios bonaerenses, pampeanos o neuquinos, o que otros lo hagan en términos de una procedencia transandina reciente. En todo caso, frente a sufrimientos compartidos --"los paisanos no teníamos justicia porque los ricos estaban unidos con la autoridad" (Falaschi y Parrat 1996: 35)-- se van dando hacia su interior procesos de comunalización (Brow 1990) que desdibujan paulatinamente el peso de esas distintas procedencias. Olvidando a veces estratégicamente las complejas trayectorias de quienes van así convergiendo en un mismo lugar (ver Colonia Cushamen según Delrío 1996 y Ancatruz, en Olivera y Briones 1987), se re-conforma una pertenencia compactamente mapuche, reforzada por la también común memoria de un peregrinar por reconocimiento que el inal lonko de Millaín-Currical resume así:

"...le costaron mucho formar ese campo a los tíos de nosotros y los abuelos. Tres tíos eran los que gestionaron el campo y así y todo no lo entregaban...Tuvieron que ir a Buenos Aires los tres hombres, los tres tíos. Le costaron mucho, sufrieron mucho (Falaschi y Parrat 1996: 18)."

Ahora, para ser viables ante los centros de poder federal, las solicitudes de permisos de ocupación van buscando ampararse en la "argentinidad" de (algunos de) los demandantes, quienes internalizan así la licitud de su permanencia y la de su prole adscribiéndose por nacimiento o voluntariamente a la nación. En tensión con la práctica no abandonada de visitar parientes allende la Cordillera y/o la de mantener --en base a la articulación regional preponderante-- intercambios económicos con mercados transandinos, se va entramando el imaginario del "paisano", progresivamente contrapuesto por algunos a la identidad de los guluche en tanto (indígenas) chilenos.

Paralelamente, la articulación efectiva de los espacios regionales dedicados a la explotación agropecuaria latifundista va a ir planteando nuevas amenazas a la "integridad" y crecimiento de estos agrupamientos. Tal vez por ello, la difusión del alambrado sea uno de los hitos que vehiculice con mayor fuerza para la memoria social mapuche el arrinconamiento definitivo: la imposibilidad de ocupar/arrendar campos devendrá en un drástico límite al tamaño de las majadas, así como a la posibilidad de integrar familias nuevas y, pero aún, de contener el propio crecimiento vegetativo de las comunidades (Briones 1988).

Dicho de otro modo, la expulsión de pobladores y la merma del capital animal constituyen los dos rasgos definitorios de la etapa que a partir de 1930 se caracteriza como la de "estar en un corral". A la par de reforzar la percepción de fronteras sociológicas nítidas --entre, por un lado, el conjunto de unidades domésticas que comparten un permiso de ocupación y, por el otro, propietarios privados o intrusos- - los alambrados también van a condensar, como resume un lonko de la comunidad Cayupán, causas de fricción interna: "Cuando no se limitaba la tierra, estábamos todos tranquilos; cuando ya se limitó (...) andamos todos peleados. Esa es la problema que hay y creo que pasa en todos lados (Falaschi y Parrat 1996: 23)"

Por otra parte, la materialización hacia 1930/40 de un techo tanto demográfico como pecuario, aunada a la progresiva demanda de mano de obra por los distintos frentes económicos que se van entramando, redunda en que muchos de esos pobladores se vayan desgajando de la vida comunitaria, invisibilizando su membrecía y llegando incluso a perder su sentido de pertenencia. Pues así como en la carta abierta de los fogoneros se clama "Acá tenemos sangre Mapuche", activistas de este origen se manifestaron entre sorprendidos y apesadumbrados cuando nos contaban que algunos de quienes cortaban la ruta en Cutral-Có afirmaban tener apellido mapuche sin serlo.

III. LA CONGRUENCIA DE MERCADOS Y FRONTERAS (1940/50-1980).

Desde 1940, cuando el desarrollo y predominio de la explotación hidrocarburífera y de la industria frutícola contrarrestan la no-nacionalización del espacio neuquino hasta entonces ex-territorializado por la imposibilidad de que las actividades ganaderas y auríferas se articularan con y desde el modelo agroexportador de principios de siglo, el modelo de acumulación dominante parece sincronizarse con las aspiraciones del gobierno central de integrar económica y políticamente al país en torno al eje hegemonizado por Buenos Aires. De todas formas, siendo una de las peculiaridades del Neuquén el que su cuenca de petróleo y gas aporte al país más de la mitad de la producción de hidrocarburos, la fuerte y duradera incidencia del Estado nacional en el control de los recursos más dinámicos irá generando consenso local entre los ciudadanos neuquinos acerca de la importancia de defender las riquezas provinciales, preocupación que será central en los debates de una Convención Constituyente Provincial particularmente centrada en discutir la propiedad de las fuentes energéticas y minerales (Bucciarelli et al. 1993: 333 y 340).

En lo jurídico-político, por tanto, luego de haber transcurrido más de 70 años sin que se concretase la provincialización de los territorios patagónicos, se desatará un proceso localizador que va llevando a que la novel provincia vaya paulatinamente asumiendo perfiles propios frente a las políticas del estado central. Las tensiones entre impulsos nacionalizadores y provincializadores se expresarán en Neuquén a través de la formación de un partido provincial fuerte que encuentra formas peculiares de disputar con el centralismo del gobierno federal, proponiendo incluso una manera novedosa de incorporar a los indígenas de la región a su proyecto político.

III.a. Capitalismo expansionista y provincialización.

A partir de 1930 y al menos hasta que en 1970 experimente la crisis en que actualmente aún esta actividad se encuentra sumida, la fruticultura experimenta un crecimiento sostenido. En este proceso, el año 1948 constituye un umbral clave, pues la nacionalización de la Argentine Fruit Ditributors marca la aparición de pequeños productores propietarios que, en el largo plazo, acabarán siendo un factor dinámico llevado a la descapitalización y minifundización (Bandieri s/f: 290 y ss.).

En 1934, a su vez, el campamento petrolero de Plaza Huincul se institucionaliza como asentamiento con población estable, dando también lugar a la fundación de Cutral-Có, lugar de crecimiento económico y político de la familia Sapag (Palacios y Paris 1993: 320 y ss.). A partir de mediados de esta década, entonces, se asiste también progresivamente a la integración del otro pivote central -- la explotación de hidrocarburos-- que, articulando Neuquén al mercado nacional, devendrá en el gigantismo del área de Confluencia, departamento que a lo largo del período va concentrando más del 70% de la población provincial y cerca de un 80% de las actividades productivas (Bandieri s/f: 283).

En lo que respecta a la actividad ganadera, vimos ya que sólo los grandes productores del sur encontrarán por su capacidad previa de acumulación alternativas viables. Por el contrario, los pequeños verán intensificada su dependencia del sector mercantil del interior rural (bolicheros y acopiadores de materias primas). Así, las posibilidades de acumular de este sector se incrementarán a tal punto que esta dinámica fracción de burguesía neuquina estará en condiciones de dominar la política local hasta, durante y luego de la provincialización del territorio (Bandieri s/f: 289-90).

Cuando, por tanto, comiencen los debates en la Honorable Convención Constituyente Provincial para promulgar la ley fundamental de la provincia en 1957, se advierte ya entre los constituyentes tanto una temprana orientación intervencionista, cuanto un espíritu localista y democratizante. En el primer sentido, se aprueba la creación de un Consejo de Planificación dependiente del Poder Ejecutivo (Bucciarelli et al. op. cit.: 341 y 352).

En el segundo, la Constitución neuquina va a ser la primera en incorporar a su articulado el texto completo de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 y en ampliar en su momento los derechos y garantías de la Constitución Nacional, mediante el reconocimiento de la función social de la tierra y el establecimiento de derechos económicos y sociales, así como de mecanismos como el referéndum que buscan garantizar la eficiencia y equidad jurídico-política (Bucciarelli et al. 1993: 342). Mientras el artículo 239 sostiene que "la tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agraria integral", el inciso d.

establece en particular que:

"Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho."

En este marco y dentro de un contexto de proscripción del justicialismo, se constituye en 1961 el M.P.N. a partir de una Asamblea Provincial Peronista. Orietta Favaro (1993: 316-7) hace una apretada pero adecuada síntesis de la dinámica política inscripta por las prácticas de un partido provincial que, controlando desde 1962 la estructura de poder incluso en períodos de gobiernos de facto, se caracteriza por impulsar el intervencionismo estatal en lo político y en lo económico-social:

"...es dable señalar el importante papel en la planificación regional que desempeña la burocracia en Neuquén, de alguna manera también creadora de hegemonía a través de los aparatos de Estado. El desarrollo que se genera y el consenso que en torno a ella se logra, tiende a disminuir las oposiciones internas en la sociedad local y apuntar al adversario externo visualizado en el aparato de decisión nacional. El Estado neuquino claramente ha crecido como empleador, prestador de servicios y distribuidor de recursos generados en el ámbito provincial y en concepto de coparticipación federal. Se constituyen, de esta forma, núcleos de poder provincial que en la mayoría de los casos no se asientan sobre formaciones productivas; participan, Estado provincial mediante, en la disputa a nivel nacional de los recursos canalizados estatalmente. Es así que la coparticipación federal, aparece como el verdadero escenario de confrontación en la que se dirime el Federalismo vs. Centralismo, entendido éste último por los sectores sociales que sustentan al Estado y al partido provincial, como invariablemente opuesto al interés de la provincia."

Si en una provincia reconformada permanentemente a partir de la inmigración de distintas partes del país un partido como el M.P.N. logra captar lealtades tan masivas y permanentes, no debiera pasarse por alto la forma en que este "movimiento" sin alcance nacional se ubica respecto de fuerzas mayoritarias en ese orden. Como sintetizan Alvarado et al. (1993: 370), el M.P.N va a articular un esquema defensivo donde la negación de la identidad peronista del PJ local acusado de "centralista" le permite proponerse como "el auténtico peronismo en Neuquén". En suma, la relación y defensa de los intereses provinciales respecto de los de la Nación deviene el punto nodal que articula las expectativas de votantes nativos y recién llegados y regionaliza el conflicto social interno, permitiendo que los intereses sectoriales que el M.P.N. representa aparezcan como "intereses provinciales" (Alvarado et al.

op. cit.: 383). Este proceso jurídico-político que conlleva la activa negociación de grados de competencia de los gobiernos provinciales respecto de los lineamientos de las sucesivas administraciones federales también constituye un factor capital a tener en cuenta para entender superposiciones y desfasajes entre tendencias de acumulación a nivel nacional y local.

A este respecto, los años 70 despuntan en la provincia una serie de condiciones contradictorias. Por un lado, la dictadura militar liga la definición de áreas de frontera y el establecimiento y operativa de las escuelas de frontera a la doctrina de seguridad nacional, doctrina a la cual también se integra la ley 22351 de Parques Nacionales de 1980. Basándose en un imaginario que busca promover "la asimilación de las formas de vida propias de la cultura argentina (...) ideales que estimulen la adhesión a los principios que fundamentan la lealtad nacional y la afirmación del sentimiento de pertenencia a la sociedad argentina" (Ley 19524 de 1972 sobre el Régimen de escuelas de frontera), estos distintos pero congruentes esfuerzos gubernamentales de territorialización afectan particularmente la autonomía de una provincia como Neuquén que se considera casi íntegramente ubicada en "zona de frontera".

Por otro lado, si bien la crisis frutícola empieza a hacerse sentir y el deterioro de la ganadería no cesa -- pasando a representar del 14% del Producto Bruto Provincial en 1960 al 6% en 1970 y el 4% en 1980 (Bandieri 1993b: 152)-- el descubrimiento en 1977 de pozos petroleros en Loma de la Lata coloca decididamente a la provincia del Neuquén en el primer puesto como productora de hidrocarburos del país (Río Negro 1997: 88). A su vez, la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica la convierten en polo de atracción de mano de obra interna a la provincia, de otras provincias, así como de países limítrofes. Si bien estos emprendimientos no son ajenos a un discurso nacional que sigue defendiendo la propiedad y gestión estatal de recursos estratégicos, lo cierto es que la riqueza petrolera aporta a Neuquén un 35% de su Producto Bruto Geográfico (Río Negro 1997: 87) y cuantiosas regalías al gobierno provincial, al menos en comparación a otras provincias. Neuquén por tanto buscará participar activamente de la explotación de sus propios recursos.7 En todo caso, entre 1970 y 1982 Neuquén registra un crecimiento anual promedio muy superior al del país. Su producto bruto interno crece un 10,65% (país: 1,04%), el industrial un 6,58% (país: 2%) y el interno per capita un 5,69% (país: 0,75%) (Gómez Fuentealba 1992: 10).

En el marco de estas complejas transformaciones, pareciera que se van sedimentando en esta etapa del devenir provincial sentidos sobre "lo neuquino" que a la vez enorgullecen y asustan. Por ejemplo, la valoración positiva del dinamismo inscripto por riquezas como el petróleo asociado al temor a su pérdida y los riesgos ecológicos que conlleva; la celebración de una "sociedad abierta" y de oportunidades, aunada al resquemor ante el avance/infiltración del comunismo por fronteras porosas (lo que no parece ajeno a que durante el gobierno de Allende en Chile se empiecen a instalar y reglamentar escuelas de frontera aquende los Andes); el respeto por las ideas de la pastoral de De Nevares, de la mano con que Neuquén es lugar de exilados internos, con dirigentes como los Sapag con hijos desaparecidos; la seducción del discurso y accionar de un partido como el MPN que rescata banderas de federalismo y aspira a liderar las reivindicaciones del bloque patagónico en su conjunto, pero se atrinchera en el asistencialismo, planes de salud, vivienda y educación propios de un populismo redistributivo con fuertes tendencias clientelares.

III.b. Identidades y alteridades frente a la comunalización "provincial".

La transposición jurídico-política de Territorio Nacional en Provincia conlleva la aparición de una clase política que, a la par de ordenar mediante la Constitución Provincial el funcionamiento del estado y su relación con la sociedad civil, debe alentar una comunalización que legitime y justifique el arraigo en una "idiosincrasia local". En el movimiento de recomponer las políticas de significación de la identidad y reinventar una tradición, el lugar del indígena se reinscribe desde el Estado provincial mediante una política que lo delimita y "reserva" como otro interno que, en todo caso, ha contribuido a peculiarizar la identidad específicamente neuquina en formación (Palermo 1988).

Sin embargo, esta mirada "desde arriba" es incompleta si no se considera que tanto los nacidos y criados como los recién llegados también comienzan a tratar de sentar su identidad desprendidos de las respectivas patrias paternas.

Comienza a generarse el apego a una nueva matria, con valoración de los antecedentes autóctonos, lo cual incluye la reinscripción de la herencia indígena, aunque en su apropiación meramente folclórica y cultural. Es la época de los Nahuel, Nehuen, Ayelen, como nombres propios de identificaciones sociales marcadas por la necesidad de una distinción y separación desde el Sur de un país cuyo norte sigue estando en el Río de La Plata.

Respecto de los indígenas, entonces, los años 60 asisten a varios movimientos convergentes. La consolidación de un partido provincial que inicia una política populista y redistributiva conlleva gestos claves en el intento por reinscribir localmente las distancias entre aboriginalidad y comunidad nacional/provincial, en un contexto donde hay aproximadamente 5 millones de hectáreas de tierras públicas y 4 mil familias de pequeños campesinos (UNC-APDH 1996: 203-4). Además de extender a los indígenas programas asistenciales y de servicios públicos, el gobierno provincial alienta la creación de la Confederación Indígena Neuquina en 1970. Estrechamente ligada al MPN hasta fines de la década del 80, esta dirigencia va por ejemplo a promover el Primer Futa Traum Nacional en 1972 (Falaschi 1994, Serbin 1981).

Ahora, de todos estos emprendimientos, el que sin duda merece destacarse es el que inicia la entrega de tierras consideradas fiscales en favor de distintas comunidades. En el mismo año en que se crea el Consejo de Planificación del Neuquén como equipo de técnicos y expertos para poner en práctica un plan integral de desarrollo provincial, el decreto 737 de 1964 inaugura la figura de régimen de reserva de tierras fiscales, estableciendo una serie de obligaciones y derechos para las 18 comunidades por él reconocidas (Varela 1981: 99). Más allá del paternalismo que se desprende de su forma de establecer derechos y obligaciones, dos cuestiones ligadas a este decreto merecen, en términos comparativos, ser enfatizadas. Por un lado, y según la evaluación del equipo jurídico de la Universidad del COMAHUE (UNC-APDH 1996: 226-7), de su texto se desprenden varios puntos que permitirían sostener que, como el estado autolimitó sus atribuciones de "propietario formal", las reservas neuquinas gozan de status jurídico especial que sanciona la adjudicación comunitaria de las tierras, reconoce el carácter permanente o la estabilidad de las tierras reservadas, así como su exclusividad ante terceros y la gratuidad del régimen de asignación. Por otro lado, y aunque la política sapagista no aplica la constitución provincial en lo que se refiere a implementar una reforma agraria, muestra una temprana iniciativa en lo que hace a impulsar políticas sectoriales que, además de ir integrando a buena parte de la población indígena como base política del M.P.N., afecta tanto la visibilidad local del tema como la forma en que los partidos nacionales que son opositores a nivel provincial empiezan también a interpelar al Pueblo Mapuche en el Neuquén.

En líneas generales, entonces, el conjunto de iniciativas de reconocimiento y radicación de los indígenas aunado a la forma en que el discurso federalista del sapagismo rescata en peso histórico de lo mapuche en la conformación de la sociedad e identidad regionales sugiere que, anticipándose a reorientaciones en la política nacional y la de otras provincias respecto de los pueblos indígenas, la dirigencia neuquina ha sido pionera en introducir lo que, siguiendo a B. Williams (1993: 181), podría caracterizarse como un modelo del pluralismo basado en una subordinación tolerante. Aún dándole cierta cabida, esta forma de reconocer la heterogeneidad no cuestiona el primado de tendencias homogeneizadoras. En el corto y largo plazo, alienta que los que quieren/logran invisibilizarse (cultural passers) sean integrados en la comunidad nacional/provincial, pero sin ser confundidos con ella, lo cual queda evidenciado por el hecho de que nunca ofician como su metonimia ni definen su "voluntad". Antes bien, cada "cultural passer" exitoso opera, en todo caso, como excepción que, confirmando la regla, se convierte en un modelo de y para su grupo.

De alguna manera, este modelo de pluralismo como subordinación tolerante quedó evidenciado en los argumentos que nos diera un diputado provincial del partido oficialista, cuando en 1988 se estaba promoviendo la ley 1759 que proponía reconocer la propiedad de las tierras de las comunidades, previa obtención de personería jurídica bajo la figura de Asociación Civil sobre la base de un estatuto tipo.8 En esa ocasión, uno de nosotros le preguntó por qué, en vez de acumular legislaciones puntuales, una provincia "progresista" en materia jurídica como Neuquén no dictaba una ley indígena integral, como estaba ocurriendo en otras provincias. La respuesta del legislador fue que, gracias a la política social neuquina, las necesidades de los mapuche quedaban "como las de cualquier otro habitante" perfectamente cubiertas por los distintos programas asistenciales que impulsaba el estado provincial.

Independientemente de que este "tipo" de ciudadanos presentara peculiaridades que el gobierno valoraba y buscaba atender, pensar en una legislación especial para ellos implicaría incurrir en un trato discriminador, potenciando la reproducción de las diferencias. En congruencia con esta línea, Neuquén no cuenta al día de hoy con una ley provincial específica para su población aborigen, aunque por ley provincial 1800 ha adherido en 1989 a la ley nacional 23302.

IV. DES-CENTRALIZACION Y RE-NACIONALIZACION

En todo caso lo interesante es que entre 1980 y 1991, mientras la recesión y el desempleo iniciado con la desindustrialización promovida por el Proceso de Reorganización Nacional comienza a afectar visiblemente a todo el país (Beccaria 1991), Neuquén conserva su peculiar dinámica. Como las regalías energéticas y petroleras continúan siendo el eje del ingreso provincial, los emprendimientos en estos rubros no cesan de operar como factor dinamizante en la producción local de empleo, lo cual que capta población de otras provincias e incrementa aún más la macrocefalia del área de Confluencia. Mientras el aumento demográfico del país es del 15,8%, el de Neuquén es del 59,5% (Gómez Fuentealba 1992: 46).

Las transformaciones en la política y economía nacional van a ir afectando este crecimiento y las políticas locales.

Durante su primer mandato, el presidente Carlos Menem divide a Hidronor SA en unidades de negocios correspondientes a cada una de sus represas, las que van siendo privatizadas.9 En 1989, por su parte, se inician también la desregulación y licitaciones internacionales que dan a la explotación hidrocarburífera neuquina su perfil actual, clave para una Argentina que es el segundo abastecedor de Brasil luego de Arabia Saudita y exporta también a otros países latinoamericanos. Así, de 1991 a 1995 casi se duplica la explotación de petróleo, mientras el achicamiento y privatización de YPF provoca remezones de ocupación que estallarán en las puebladas de Plaza Huincul y Cutral-Co (Río Negro 1997: 88-90).

En todo caso, lo interesante es cómo esta transnacionalización económica también va encontrando ecos en iniciativas locales. A fin de mayo de 1997 se reúne en Bariloche el Comité de Fronteras para promover la integración regional desde un punto de vista prevalentemente económico. Esto parece conllevar un triple impulso que contrasta con las tendencias de épocas anteriores que apuntaban hacia la primacía de lo nacional (primero a través de la figura de territorios nacionales y luego de la idea de "recursos estratégicos"), hacia la centralización en la toma de decisiones, y hacia la rigidización de la idea de "fronteras internacionales".

Brevemente, ahora se tiende hacia una descentralización que favorece la llegada de capitales extranjeros a través de Chile; hacia que, buscando vincularse directamente con el exterior, el nivel de "lo provincial" adquiera un nuevo peso, con lo que esto conlleva de flexibilización acerca de los imaginarios de frontera. Creeríamos que es en este nuevo contexto donde Pulmarí aparece como perla económica de nuevos tipos de actividades (forestación, turismo, cotos de caza, etc.) que van haciendo de la idea de "tierra" e incluso "propiedad" un concepto altamente debatido.

Detengámonos un poco en estos diversos imaginarios, comenzando por el de las organizaciones indígenas. Según uno de los documentos de trabajo (Taiñ KiñeGetuam 1995a) que se presentara en El Primer Seminario Regional "Los Pueblos Indígenas y el Derecho Internacional": "El territorio es un derecho inherente a nuestra condición de pueblo (...) Nuestra concepción va más allá del carácter económico como factor de producción, le da a nuestra demanda por la tierra un sentido y una dinámica que engloba la totalidad de nuestra existencia (...) la política estatal nacional y provincial reduce la demanda territorial de los pueblos originarios al concepto de 'tierra'. Ello implica reducirla al concepto de 'propiedad' individual o colectiva (...) Dentro de la lógica de este poder capitalista 'noroccidental', el hombre no es un elemento constitutivo del sistema ambiental sino un elemento de dominación de la naturaleza (...) Aquí es donde debemos (...) ocupar el lugar que nos ha asignado el Wallmapu. Y responsabilizarnos de su equilibrio y convivencia armónica.

Mapu --dice nuestro kimvn o saber-- es el lugar donde se encuentran y viven pu newen, las fuerzas que dan vida a la naturaleza y a la civilización mapuce (...) El hombre, el ser humano, el ce, es un newen más del Wallmapu (...) Hablamos en mapudugun para que exista cabal comprensión de nuestra demanda de restitución territorial (...) el derecho a controlar y administrar los recursos de nuestro Wallmapu.

Es decir (...) nuestro derecho a ejercer el derecho sobre nuestro territorio."

En tal sentido, el reclamo Mapuche en Pulmarí no compromete simplemente "tierras" sino "su tierra" en tanto territorio visto como "una [sic] área geográfica o un espacio de la naturaleza que se encuentra bajo influencia cultural y control político de un pueblo (Taiñ KiñeGetuam 1995b)." Es precisamente esta diferencia entre "propiedad de las tierras" y "derecho a la tierra" la que potencia otras imaginarizaciones, generando adhesiones y rechazos.

Desde una compleja filiación simbólica que incorpora, mezcla, y anuda lo popular y lo indígena, diversos sectores nombran la marginación social. Reconociendo una línea divisoria entre exclusión e inclusión que deja crudamente al descubierto la crisis de gobernabilidad, recurren a una historia desde los márgenes, entrecruzando identidades culturales y políticas, recomponiendo un arco de solidaridades que muda las pertenencias, para enunciar una vez más la crisis económica y social, y desnudar los efectos desbastadores de los capitales fantasmas que dejan pueblos fantasmas. Así, la solicitada de la Asociación de los Trabajadores de la Educación del Neuquén, publicada en el diario Río Negro el 24 de mayo de 1995, "se solidariza y apoya la lucha de la Comunidad Mapuche, por la recuperación de las tierras que por derecho histórico le pertenecen" y reclama "al Gobierno Provincial en la persona del Ministro Jorge Sapag, que atienda el reclamo y dé solución urgente al conflicto suscitado; ya que, producto de éste, se encuentran totalmente desprotegidas numerosas familias e impedidas de enviar a sus hijos a la escuela."

En cambio, desde ciertos sectores hegemónicos cuyo sentido común invoca una "identidad nacional" en singular como paraguas que coloca enfrente a "otros integrados", cualquier comunidad imaginada que no condiga o desplace la territorialización nacional se vuelve peligrosa, por el simple hecho de desnaturalizar "la nación" como forma hegemónica de organizar el espacio (Gupta 1992: 74). Para ellos, entonces, esa diferencia entre "propiedad de las tierras" y "derecho a la tierra" calibra el termostato en base al cual determinar cuáles demandas mapuche son "justas" y cuáles muestran ya una "politización peligrosa e intolerable" --distinción que, incidiendo en lo que con ironía se conoce localmente como el "mapuchómetro", permite establecer además quiénes serían "verdaderos indígenas" y quiénes "(sólo) agitadores".

En palabras de Grimaldi (La Mañana del Sur 03/06/97: 30- 31), "por definición, el pueblo de la nación y el territorio son uno e indivisibles y, por otra parte, en el seno del pueblo, cualquiera sea su origen o procedencia, cada argentino es igual a otro". Asumiendo que corresponde al estado promover y proteger esta unicidad, el político reconoce que, respecto de la población Mapuche de Aluminé "las cosas que debe hacer el Estado (...) no pueden perder el carácter de acciones dirigidas al hombre argentino de origen indígena procurando terminar de lograrlo no sólo cultural y socialmente, sino también económicamente." Será en suma desde esta perspectiva según la cual el estado debe modelar al ciudadano indígena de acuerdo con el aserto que pueblo-nación-territorio se amalgaman sin fisura que Grimaldi juzgue que el pronunciamiento mapuche en Pulmarí constituye una "amenaza de proporciones", cuyo "(...) objetivo es destruir, es segregar una parte del territorio nacional, (...) una parte del territorio argentino, por indestructibles que parezcan estos valores". Así, para autorizar su versión del acontecimiento, Grimaldi contrasta en paralelo lo que los Mapuche están haciendo y lo que debieran en verdad hacer si estuviesen movidos por buenas intenciones:

"Ojalá me equivocara y para desmentirme ellos mismos respondieran mañana: '­No, no hemos levantado bandera, nuestra bandera es la nacional! ­No, no pretendemos territorio, queremos tierras! ­No, no exigimos la libredeterminación, reclamamos los derechos que por ley nos corresponden! ­No, no intentamos controlar para ningún supuesto mandante los recursos gasíferos, petroleros ni electrónicos [sic] de la provincia!'."

Ahora, si los Mapuche son vistos como promoviendo "la creación de una nación contra otra, contra la integridad de la Nación Argentina", no es simplemente porque pongan explícitamente en duda que símbolos nacionales, territorio, libredeterminación y recursos naturales son todos privilegios y/o atributos exclusivos de la "nación-como- estado", sino fundamentalmente por la sutil pragmática mediante la cual cuestionan "la integración del mapuche como hombre argentino". Así, la "muy mala intencionalidad" de su pronunciamiento quedaría atestiguada según Grimaldi por prácticas mucho más aviesas, donde incluso el uso de mayúsculas y minúsculas se convierte en campo de batalla para disputar lealtades. En este sentido, cuanto menos evidente el desafío, más peligroso parece volverse.

Precisamente por ello Grimaldi advierte al periodista:

"(...) note usted que Estado argentino y República Argentina aparecen siempre en minúscula en el documento.

Esto es una observación un tanto trivial pero en realidad muestra que ideológicamente están avanzados hasta el detalle."

En términos de la formación discursiva que en nuestro país ha presidido la construcción de largas listas de "enemigos internos" (Briones 1993b), sostener que los Mapuche "ideológicamente están avanzados hasta el detalle" en absoluto es un cumplido. Aquí, son sorprendentes las afinidades entre el punto de vista de Grimaldi y las perspectivas hegemónicas analizadas por Jonathan Hill (1994) en su estudio de caso sobre cómo un reclamo de tierras Piaroa va escalando de conflicto local a controversia de alcance nacional acerca de la falta de seguridad militar en la Amazonia venezolana. Sucintamente, Hill observa cómo --en base a la experiencia Latinoamericana de haber convertido a la "Doctrina de Seguridad Nacional" en ideología de nivel estatal-- un proceso de reclamo de tierras se convierte en arena para que funcionarios y miembros de la elite económica potencien metáforas según las cuales las organizaciones indígenas, los expertos que toman partido por sus derechos y una amplia gama de equipos de apoyo reformistas aparezcan entretejiendo y entretejidos en un complot internacional que activa la polaridad entre "seguridad nacional" y "subversión terrorista". Como resultado, quienes participan del reclamo Piaroa se vuelven sospechosos de formar parte de una conspiración contra la soberanía nacional, acusaciones que al convertir a los peticionantes y a sus colaboradores en blanco de acusaciones de este tipo buscan desacreditar la demanda aborigen.

Coincidentemente según Grimaldi, el planteo Mapuche --lejos de ser improvisado-- constituye "la base doctrinaria de una posición ideológica muy elaborada". Se va entramando así una teoría conspirativa que, basándose en la dinámica de magia por contagio, permite identificar tres tipos de agentes (a saber, personas y activistas Mapuche más o menos ingenuos, organizaciones extremistas sin conexión con el tema indígena y agencias internacionales) cuya peligrosidad se transmite a, y potencia con, la asignada a los restantes. En verdad, es precisamente porque las relaciones entre ellos no quedan establecidas con certeza que se establece una lista abierta de enemigos de la seguridad nacional donde, cuanto más ambiguos, más peligrosos se vuelven los vínculos entre ellos.

En lo que respecta a los peticionantes y activistas mapuche, Grimaldi los presenta a la vez como manipulados y manipuladores. Por un lado, le resulta "difícil imaginar quiénes realmente están detrás de esto". En todo caso, "Nahuel, ¥ancucheo, Epullán hablan el idioma que este 'pronunciamiento' les indica." A este respecto, Grimaldi concede: "(...) no digo que sean sus autores intelectuales.

Aquí hay un nivel remarcable en cuanto a la profundidad del estudio (...) Sin duda, está hecho por juristas que han elaborado una teoría del 'pueblo originario' que sostiene a los mapuches".

Por otro lado, Grimaldi puede eventualmente introducir imputaciones más directas: "Vea usted cómo se utilizan a otras instituciones. A la Iglesia las [sic] involucran y luego en defensa de 'la cultura' promueven la difusión de una religión totémica". Como índice de su foquismo (afirma Grimaldi: "este grupo, que no representa a los argentinos de origen mapuche, y que hoy es muy pequeño"), los activistas mapuche desempeñarían según el dirigente "una muy activa militancia con un planteo ideológico escalonado en etapas cada vez más agresivas al suponer una aparente pasividad político institucional con la que se lo recibe".

Aquí, lo alarmante sería precisamente que:

"para la Coordinación de Organizaciones Mapuches estos reclamos sólo son rampa de lanzamiento para otros fines desde las [sic] que proyectan los que sin duda están detrás de Nahuel y ¥ancucheo" [y que, en todo caso,] "(....) de continuar esta pasividad política, podría, al final, tener alguna manifestación de tipo violento, ya que, según se advierte de la lectura del documento, están realizando gestiones en la OIT (Ginebra) como paso previo para formalizar la solicitud de reconocimiento de 'pueblo originario' en las Naciones Unidas." Así, Grimaldi introduce esa doble sospecha que lo habilita a concluir que Pulmarí no representa "un reclamo indígena justo". Sucinta y contradictoriamente, Nahuel y ¥ancucheo aparecen tanto como marionetas de intereses ocultos al tiempo que sus mismas demandas ocultan "otras intenciones".

Aunque los nexos entre promover una religión totémica y pertenecer a un grupo insurgente de ninguna manera son transparentes, los activistas representan una amenaza porque son ellos mismos los que manipulan a su vez a agentes externos ingenuos, en base a un pedido que, además, puede írseles de las manos, dando cabida directa o indirectamente a los otros dos tipos de agentes sospechados, cuyo involucramiento real o putativo torna en todo caso más problemática la licitud del pedido.10 En el primer sentido, no deja de resultar curioso que Grimaldi evoque organismos internacionales como la OIT y las NU, de los cuales el estado argentino forma parte. Como los mismos podrían conceder el status de "pueblo originario" a los Mapuche (paradójicamente, en base a convenios como el 169/89 de la OIT, que Argentina ha suscrito), su lealtad para con el estado nacional queda de por sí sospechada, pasando a formar la lista de quienes indirectamente amenazan "la integridad de la Nación".

En el otro sentido y, por desplazamiento simbólico, el pedido Mapuche puede quedar entrampado en una intriga aún más difusa vasta y, por ende, aún más inmanejable. Aquí, el emplazamiento de la zona disputada constituye condición favorable para que operen fuerzas todavía más ignominiosas: "El documento de referencia propone (...) promover una sublevación por distintos medios aparentemente no traumáticos al principio, pero ¿a quién se le ocurre que no habría conflicto ante semejante pretensión? Este 'pronunciamiento' es la pequeña llama inicial de lo que puede ser un gran incendio si lo tomamos a chacota (...) Fíjese además que Pulmarí es el lugar geográficamente más adecuado para iniciar el desarrollo de un conflicto de estas características, aun cuando allí no tuviere expresión bélica. Basta plantear el reclamo. Se trata de una zona de frontera con una base étnica común a ambos lados, en la que se puede intentar sembrar la semilla de la discordia con un solo discurso. Luego vendría lo demás. Sería la situación ideal para que alguna organización extremista cualquiera encuentre allí un lugar para 'colaborar', aunque no tenga punto de interés con el problema indígena, ya que allí gozaría de un muy adecuado teatro de resonancia internacional para sus actividades."

Si bien el uso de un verbo impersonal no identifica inicialmente quiénes estarían deseosos de "sembrar la semilla de la discordia", aludir a "lo demás" que vendría después nos permite formarnos una idea ya más cierta del tipo de "organización extremista" que no dudaría en usar Pulmarí como "teatro de resonancia internacional para sus actividades". En ambos casos, este doble movimiento discursivo de internacionalizar y "hacer subversivo" el reclamo Mapuche remueve su pertinencia potencial de la esfera de las demandas justas que merecerían ser atendidas por una "nación que se precie de tal", y le permite a Grimaldi expandir la lista de enemigos tanto internos como externos, menos por presentación de evidencias fehacientes acerca de cualquier conspiración, que por articulación incriminante de índices cuyo "pecado" consistiría en poner los pies fuera del estrecho y compacto plato en base al cual definen las fronteras materiales y simbólicas de "la nación Argentina".

En este sentido, cabe pensar que el planteo mapuche irrita porque pone en jaque las premisas sobre las que el discurso hegemónico provincial articula, con optimismo casi ingenuo, su capacidad de preservar determinados lugares/resortes de comando para presidir el conjunto de procesos que derivan de "la globalización del mercado, la fragmentación de la producción, la deslocación del trabajo y la flexibilidad de las tecnologías" (Ortíz 1996: 54). En esto la conflictividad examinada tiene algo de novedoso. Ahora, si seguimos de cerca los términos a partir de los cuales se articula tanto el reclamo como los rechazos y adhesiones al mismo, este conflicto bulle de matices peculiarmente neuquinos, resignificándolos. Matices complejamente sedimentados en y a través de procesos jurídicos, económicos, políticos, educativos que han conllevado cierta consistencia en la alterización, pero nunca suficiente o completa como para lograr configurar un solo "indio".

Por un lado, entonces, puede resultar a simple vista paradójico que, en una provincia que se jacta de que su ciudad capital sea considerada la capital nacional de los Derechos Humanos, el discurso indígena local que se hace en cierta forma cargo de esta historia aparezca como radicalizado. Por el otro, empero, sospechamos que las mismas características que fueron haciendo de Neuquén una provincia "progresista" respecto de otras, han ido también reinscribiendo distintas vertientes preocupantes (lo chileno; organizaciones sindicales independientes; lo indígena que no se conforma con un pluralismo subordinado) en el imaginario nacionalista más ortodoxo. Tal vez porque el sapagismo se ha conformado en contraposición parcial a este imaginario, le cupo a un justicialista dar voz a un desconcierto compartido. En palabras de Grimaldi, simplemente no "se ve muy bien qué tiene que ver con todo esto el paisano que pretende asegurarse un campo de invernada para bajar sus animales". Desde una forma de construir hegemonía que ha naturalizado y folclorizado las "necesidades" mapuche y que sigue confiando en la eficacia con que el estado provincial ha logrado su integración "como hombre argentino", lo que en definitiva no se puede avizorar es qué más pueden pretender los indios.

Desde quienes lideran el reclamo, sin embargo, es precisamente ese pluralismo tolerante lo que --habiendo inscripto históricamente la conveniencia de hacer "lobby con un funcionario de turno" para obtener lo buscado-- entrampa la dignidad y la posibilidad de "ponerse claramente del lado del derecho mapuche". Por ende, sin la frontalidad con que se planteó el reclamo:

"No se hubiera llegado a identificar claramente al enemigo que hoy es este poder local que está representando este Felipe Sapag. Que don Felipe Sapag era viste? el abuelo, era el... el pariente bueno, era el viejito inocente, viste?, el viejito inocente... Si Felipe nos hubiera dado la tierra sin generar todo este espacio de represión, y de perversión, de persecución, no se hubiera generado la movilización que ha generado este problema internamente en la comunidad."

En tal sentido, conscientes de que ser acusados de "hacer política" conlleva una carga simbólica que involucra no pocos riesgos y de que, hasta que sean capaces de redefinir lo que el rótulo "politización" connota para el sentido común Mapuche y no Mapuche, esta cadena de asociaciones simbólicas seguirán volcando el "mapuchómetro" en su contra, los activistas que hoy entienden que "la cultura indígena" es un recurso político disputan sentido en dos dimensiones. Confrontan con impulsos homogeneizadores inscriptos por una idea estrecha de Nación que va de la mano con que, si los nexos entre aboriginalidad y partidismo político no se contraponen, los lazos entre indianidad y derechos humanos todavía tiendan a verse como opción al menos sospechosa. Confrontan también con una dinámica política local que mostrando superficies benévolas ha encontrado formas efectivas para subordinar y banalizar las propias "necesidades e intereses":

"acá el discurso oficial de todos los niveles es que la tierra es del mapuche. Todos dicen lo mismo, nadie te discute eso. La tierra es del mapuche. Acá el mapuche es la base cultural de esta provincia y de esta región y acá todos quieren hasta tener un hijo con nombre mapuche y todos asumen que lo más lógico es que acá la cultura mapuche intente todo. Ahora, cuando llega la hora de hablar de derecho mapuche ya es otra cosa. Ahí comienzan todos los intereses a moverse y a tomar posiciones de acuerdo a cómo se ve afectado ese interés. Y ahí sí que no hay un pensamiento uniforme."

Creemos que esta falta de un "pensamiento uniforme" que aparece a la conciencia social como signo del presente recorre y reinscribe toda la trayectoria de alterización de los mapuche en el Neuquén. Nuestro intento ha sido identificar y rearticular puntos nodales de esa trayectoria. Nuestra persuasión, la de que tanto los distintos usos de marcas estigmatizantes como las también diversas apropiaciones de una pertenencia indígena invocada como fuerza/presencia en "lucha por la dignidad" evidencian que --buscando conformar un territorio sin ambig�edades-- los procesos de nacionalización y provincialización del "desierto" han ido reconformando encrucijadas de alteridad.

En verdad, alteridades superpuestas, mezcladas, zigzagueando subterránea o superficialmente entre fronteras, naciones, regiones y provincias. Por tanto, alteridades abiertas a rearticulaciones permanentes pero no azarosas.

Referencias

Alonso, A. 1994 The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, Nationalism, and Ethnicity. Annual Review of Anthropology 23: 379-405.

Alvarado, C.; S. Busqueta y M. Gingins 1993 "Estructura de poder y sistema político. La interacción partido-Estado: El caso del M.P.N. (1970-1976)." En Historia de Neuquén. S.

Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 367-389.

Alvarez, R. Jr. 1995 The Mexican-US Border: The Making of an Anthropology of Borderlands. Annual Review of Anthropology 24: 447-470.

Auge, M. 1996 El sentido de los otros. Barcelona: Paidós.

Bandieri, S. 1993a "Condicionantes Históricos del Asentamiento Humano después de la ocupación militar del espacio." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 109- 146.

Bandieri, S. 1993b "Atividades Económicas y Modalidades de Asentamiento." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 147-261.

Bandieri, S. s/f Acerca del concepto de region y la historia regional: la especificidad de la Norpatagonia. pp.: 277-293.

Bandieri, S. et al. s/f Los propietarios de la nueva frontera: tenencia de la tierra y estructuras de poder en el área andina del Neuquén. Primeros avances. pp.: 133-152.

Beccaria, L. 1991 Distribución del ingreso en la Argentina: Explorando lo sucedido desde mediados de los setenta. Desarrollo Económico 31(123): 319-338.

Bengoa, J. 1985 Historia social del pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX. Santiago de Chile: Ed. Sur.

Briones, C. 1988 Caciques y Estancieros mapuche: Dos momentos y una historia. XLVI Congreso Internacional de Americanistas. Amsterdam, Holland, Julio 8 a 12.

Briones, C. 1993a "Qué importa quién gane si nosotros perdemos siempre": Los partidos políticos desde la minoría mapuche. Cuadernos de Antropología Social # 7: 79-119.

Briones, C. 1993b The Argentine military speeches of 1976: the discursive conversion of horror and illegitimacy into necessity and virtue. 13th Annual Student Conference on Latin America, University of Texas at Austin, Austin, Marzo 5 y 6.

Briones 1997 La alteridad del "Cuarto Mundo". Una perspectiva sobre la construcción de la diferencia. Bs.As.: Ed. del Sol (en prensa).

Briones, C. y D. Lenton 1997 Debates Parlamentarios y Nación. La construcción discursiva de la inclusión/exclusión del indígena. Terceras Jornadas de Ling�ística Aborigen, Instituto de Ling�ística, FFyL (UBA), Bs. As., 20 al 23 de mayo.

Brow, J. 1990 Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the Past. Antrhopological Quarterly 63(1): 1-6.

Bucciarelli, M.; A. González y M. Scuri 1993 "La provincia y la política. Formación y consolidación del Estado neuquino (1955-1970)." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 332-367.

Buluivasich, C. y H. Rodríguez (en prensa) ¿Minorías excluidas de la globalización? El caso de los indígenas del Pilcomayo, O: De la tierra al puente. Cuadernos del INAPL.

Carrasco, M. y C. Briones 1996 "La tierra que perdimos". Reclamos indígenas en Argentina. Serie Documentos en Español # 18. Copenhague: IWGIA.

Cerutti, A. et al. 1996 Las usinas del prejuicio antichileno en el territorio del Neuquén en el período comprendido entre 1895 y 1930. Informe final. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, UNCOMA.

Congreso de la Nación 1882 Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados.

Delrío, W. 1996 Estrategias de relación interétnica hacia fines del siglo XIX. El caso del linaje de Miguel ¥ancuche Nahuelquir y el proceso de comunalización de Colonia Cushamen. Tesis de Licenciatura en Historia, FFyL-UBA.

Díaz, R. 1996 Parques Nacionales como estrategia de Ocupación y Control Territorial. m.i.

Dirección de Información Parlamentaria (DIP) 1991 Tratamiento de la Cuestión Indígena. Estudios e Investigaciones 2. Bs.As.: Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

Escolar, M. 1993 Elementos históricos para una teoría de la diferenciación e integración territorial. Geografía política del estado-nación moderno. Memorias del Seminario Internacional "Integración latinoamericana y territorio". UBA-CEUR. Bs. As.: Prosecretaría de Investigaciones de la FFyL.

Falaschi, C. 1994 La Confederación Indígena Neuquina. Reseña histórica, parlamentos, estatuto. Serie La Tierra Indígena Americana # 4. Prólogo: Raúl Díaz. Neuquén: IREPS- APDH.

Falaschi, C. y T. Parrat 1996 Programa de Capacitación de líderes comunitarios mapuche "Memoria de la Tierra". Neuquén: IREPS-APDH.

Favaro, O. 1993 "Territorio y Estado Nacional: Estado Provincial y Sistema Político (1955-1976). Presentación general" En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 315- 320.

Favaro, O. y M. Morinelli 1993 "La política y lo político en Neuquén: La política territoriana en el marco del desenvolvimiento económico y social de Neuquén (1884- 1955)." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M.

Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 289- 314.

Gómez Fuentealba, R. 1992 Una provincia llamada Neuquén. Buenos Aires: A-Z Editora

Gupta, A. 1992 The Song of the Nonaligned World: Transnational Identities and the Reinscription of Space in Late Capitalism. Cultural Anthropology 7(1): 63-79.

Harvey, D. 1989 The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Culture Change. Cambridge: Blackwell.

Hill, J. 1994 Alienated Targets. Military Discourse and the Disempowerment of Indigenous Amazonian Peoples in Venezuela. Identities 1(1): 7-34.

Manara, C. y S. Fernández 1993 "La problemática inmigratoria en Neuquén: Españoles e italianos 1895/1930." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 263- 286.

Nagengast, C. 1994 Violence, Terror, and the Crisis of the State. Annual Review of Anthropology 23: 109-136.

Olivera, M. y C. Briones 1987 Proceso y estructura: Transformaciones asociadas al régimen de 'reserva de tierras' en una Agrupación mapuche. Cuadernos de Historia Regional, Buenos Aires, UNLU-EUDEBA, IV(10): 29-73.

Ortíz, R. 1996 Otro Territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Palacios M. y N. Paris 1993 "Municipio y sectores dirigentes: El caso Cutral Có (1933-1955)." En Historia de Neuquén. S. Bandieri, O. Favaro y M. Morinelli (Com. Ed.) Buenos Aires: Plus Ultra. pp.: 320-331.

Palermo, V. 1988 Neuquén: La creación de una sociedad. Buenos Aires: CEDAL. Biblioteca Política Argentina # 212.

Radovich, J. y A. Balazote 1995 "Transiciones y Fronteras Agropecuarias en Norpatagonia." En Producción Doméstica y Capital. Estudios desde la Antropología Económica. H.

Trinchero (ed.). Buenos Aires: Biblos. pp.: 63-79.

Raffestin, C. 1986 "�cogénSse territoriale et territorialité". En Auriac, F. y R. Brunet. Espaces, Jeux et Enjeux. S.L. Fayard: Fondation Diderot. pp.: 173-185.

Río Negro 1997 Suplemento Semanal.

Serbin, A. 1981 Las organizaciones indígenas en la Argentina. América Indígena XLI(3): 407-433.

Svampa, M. 1994 El Dilema Argentino: Civilización o Barbarie.De Sarmiento al revisionismo peronista. Buenos Aires: Ediciones El Cielo Por Asalto.

Taíñ KiñeGetuam 1995a Wall Mapuce, Territorio y Recursos Naturales. m.s.

Taiñ KiñeGetuam 1995b. Posición mapuche ante los reconocimientos jurídicos y constitucionales del estado argentino para los pueblos originarios. m.s.

UNC-APDH 1996 Informe Final "Defensa y Reivindicación de Tierras Indígenas." Proyecto Especial de Investigación y Extensión D 015 F.D.C.S. Universidad Nacional del Comahue y Asamblea por los Derechos Humanos.

Vapnarsky, C. A. 1982 Pueblos del Norte de la Patagonia. 1779-1957. Fuerte Gral. Roca, Arg.: Ed. de la Patagonia.

Varela de Fernández, G. A. 1981 "El acceso de las trius indígenas del Neuquén a la tierra pública." En Neuquén. La ocupación de la tierra pública en el Departamento Confluencia después de la Campaña al Desierto (1880-1930).

Departamento de Historia, Facultad de Humanidades. Neuquén: Univesidad Nacional del Comahue. pp.: 89-102.

Varela, G. y L. Font s/f Reemplazos y coincidencias en el poblamiento de Neuquén. La integración de un espacio criollo. pp.: 173-83.

Williams, B. 1993 The Impact of the Precepts of Nationalism on the Concept of Culture: Making Grasshoppers of Naked Apes. Cultural Critique 24: 143-191.

NOTAS

2 En cuanto a la apropiación jurídico-política de los espacios a ser incorporados al sistema productivo de la nación, la ley 1532 de 1884 crea nueve Gobernaciones (la del Neuquén es una de ellas). La administración de los territorios nacionales prevé el establecimiento de una legislatura en cada uno de ellos cuando la población alcanzara los treinta mil habitantes. Hasta entonces (en la práctica, hasta la reforma constitucional de Perón), los mismos eran privados del derecho político de elegir autoridades nacionales, y hasta su propio gobernador (Favaro y Morinelli 1993: 292).

3 Sin que existiese la fruticultura como tal, ya hacia 1918 los propietarios del Ferrocarril del Sud (capitales británicos) instalan tres chacras experimentales en Cinco Saltos, para introducir cultivos que permitieran al FFCC cerrar un circuito de exportación que como tal se concreta en 1934 con la salida de 2100 toneladas de peras y manzanas. Tambien en 1918 se descubre petróleo en Plaza Huincul, lo que lleva en 1920 al gobierno nacional a nacionalizar el subsuelo. Progresivamente, ello comporta la afluencia de mano de obra en su mayoría chilena o descendiente chilena asentada como crianceros en el interior neuquino. Los varones se convertirán en obreros de Y.P.F. y las mujeres en servicio doméstico en las viviendas ligadas a los campamentos.

4 Sostiene Zeballos: "En la sesión anterior había enunciado la idea de que estos indios debían ser incorporados al ejército de línea (...), encontrando oposición el pensamiento. Se decia que estos indios debian ser tratados con arreglo á la civilización y á la humanidad, colocándolos bajo el amparo de las leyes que protegen a los habitantes de la República. Y yo debo decir que si fueran considerados habitantes del territorio y como tales sometidos al rigor de las leyes, habría sido necesario pasarlos por las armas, en la Pampa, sin forma de proceso, porque están en peor categoría que los salteadores mismos de caminos; y por consiguiente fuera del amparo que la civilización y la humanidad otorgan a los buenos habitantes de un país (...) todo lo más humanitario, lo más civilizador, lo más honroso que la Nación podría hacer con ellos, es refundirlos en el Ejército, donde se les enseña á leer y escribir, y las primeras nociones de una patria que jamás han conocido. Se les pone en contacto con la civilización y por consiguiente en aptitud de poder ser útiles á su país, separándose mas tarde del Ejército para convertirse en jornaleros (Congreso de la Nación 1882: 207)."

5 Afirma Dávila: "No creo que los indios sean incapaces de labrar la tierra (...) está fuera de toda discusión que los indios son capaces de labrar la tierra, ganarse su subsistencia y hacer fortuna, lo prueba la esperiencia que se ha hecho en estos infelices traidos á esta Capital ó á otros centros de civilización: se han formado buenos peones, buenos sirvientes (...) Eso prueba que esta raza, próxima a extinguirse ya, no es radicalmente refractaria á los usos de la civilización y que esos infelices, tratados convenientemente, atendidos de una manera cristiana, pueden facilmente adquirir los hábitos de trabajo y hacer su felicidad por medio de sus esfuerzos. No estoy de acuerdo con el sistema de la repartición de los indios y mucho menos porque se les lleve á la escuadra, porque allí no sirven para nada (...) Una vez que han sido incorporados á nuestra civilización, tienen derecho como cualquier otro, á ser felices por medio de su trabajo libre (Congreso de la Nación 1882: 222-3)."

6 Por ejemplo, desde la perspectiva concreta de Olascoaga, primer gobernador del territorio del Neuquén (1885-1891), cabe fomentar la territorialización de poblaciones locales ya "nacionalizadas". Concretamente, "el elemento criollo (...) es ávido de la vida de los campos, e inimitable en sus predisposiciones geniales para dominarlos". Respecto de los indígenas, por su parte, se pregunta: "¿Por qué se ha de suplantar a esta noble raza, que parece ser la verdadera fundadora de nuestra nacionalidad, la que (...) ocupó y cultivó la tierra, realizando su riqueza en los llanos, en la Cordillera y en Chile? (Topografía Andina, citado en Favaro y Morinelli 1993: 294-295)"

7 Por ejemplo, con capitales en su mayoría provinciales, el gobierno crea CORFONE (Corporación Forestal Neuquina SA) en 1974, para forestar y explotar el bosque nativo y CORMINE (Corporación Minera del Neuquén) en 1975, sociedad del estado provincial que busca explotar los distintos rubros mineros existentes (Bandieri 1993b: 214).

8 Encontrando fuerte oposición de la Confederación Mapuche Neuquina por no prever en forma alguna las proyecciones de crecimiento de las comunidades, esta norma acabó siendo suprimida por ley 1884/91.

9 En 1993, la licitacion de Alicura la gana la norteamericana Southern Electric International, quien controla el 80% del paquete privatizado. En 1993 se adjudica El Chocón al consorcio Hidroinvest, integrado en un 55% por la compañia chilena ENDESA. El 59% de Hidroeléctrica Cerros Colorados lo toma el consorcio Patagonia Holding. En 1993, Hidroneuquen SA (formada por capitales chilenos, estadounidenses y canadienses) se queda con el 59% de Piedra del Aguila. El gobernador Jorge Sobisch (1991-5) adquiere acciones en un 39% por Cerros Colorados, 29,9% en El Chocon, 19,5% en Alicura y 13% en Piedra del Aguila (Rio Negro 1997: 81-2).

10 Buliubasich y Rodríguez (en prensa) también notan que el reclamo indígena en el Chaco salteño centro-occidental ha generado una ola nacionalista atianglicana para desacreditar el pedido del territorio unificado. Lo interesante es que, en este caso, la lista de enemigos parece empezar y terminar en los equipos de apoyo externos.

Briones y Díaz.

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