LA LECTURA MEDIETICA DE LO ECONOMICO

Introducción

La comúnmente llamada problemática social, con sus especificidades (desocupación, aumento de los índices de delincuencia, mortalidad infantil, etc.) corría aparentemente por un carril dado por la oposición política, los especialistas en políticas sociales, etc. Sin embargo, en las grandes convenciones empresarias (UIA, ABRA, etc.), así como en las discusiones entre los economistas ortodoxos, el eje absoluto del discurso eran los índices que señalaban "qué bien se insertaba la economía argentina en el mundo", cómo crecía, etc.

Esta situación, por momentos idílica, parece encontrar un "quiebre" con la aparición en Marzo de 1997 de la problemática de los cortes de rutas (Cutral-Có, Tartagal, Jujuy, Cruz del Eje, etc.) a partir de los cuales es posible observar una serie de desplazamientos que se verifican en dos direcciones.

En primer lugar, existe un reconocimiento por parte del Estado de los desplazados en tanto sujetos sociales, reconocimiento que implica considerar la exclusión social como una consecuencia del modelo pero, lo que es más interesante, como condición de posibilidad de dicho modelo.

De allí la demanda de los empresarios hacia el Estado para que ejecute los medios necesarios para contener la protesta social.

Cuando en el conjunto de lo social -y desde diferentes ámbitos- se instala la protesta en torno a la situación de exclusión, el orden reconocido es: primero responde el municipio, luego la provincia y finalmente la nación. Por supuesto, este reconocimiento pasa por una primera etapa donde lo que se ve es "el que viola la ley" y entonces "debe" tener una respuesta en términos represivos.

Lo interesante aquí es cómo, en forma violenta, y con elementos muy fuertes de democracia directa, se da en los hechos la violación del principio que enuncia que la economía es una disciplina exacta separada de lo social y de lo político. Ante una relación de fuerzas adversa para el establishment, "la plata aparece": la política (entendida como resolución de una relación de fuerzas dada) irrumpe dentro del escenario de lo exclusivamente económico. En este contexto, aparece una política de subsidios otorgados por el estado para "emparchar" la situación a corto plazo.

Pero decíamos que había dos ejes: el segundo es el "terror" que se observa en los sectores económicos dominantes. A partir de abril del corriente año todas las reuniones empresarias, convocadas en realidad para seguir discutiendo la marcha del programa económico, terminan debatiendo el estallido social.

En realidad, el eje de debate nuevamente es doble: primero -y "más pragmático"- cómo los estallidos afectan directamente a las empresas (cortes de rutas y dificultades para el traslado de mercancías, "miedo" a la toma de fábricas); y luego, más profundo, un temor de que los políticos se "achiquen ante la presión social" y se aparten de la política neoliberal.

La trascendencia que cobra la crisis social es claramente visible en la actitud de los empresarios, quienes, en el primer momento de la misma, parecen asumir un rol fuerte en su control. Luego, comienzan a fijar límites precisos: enuncian que el Estado debe ser el que se ocupe de las políticas sociales, en tanto ellos se ocupan de la producción y de la generación las ganancias (situación que da cuenta del discurso hegemónico, el cual sostiene que la economía va por un lado y la política por otro).

La "economía que crece", proyección 1997

En este marco, a finales del año 1996 y principios de 1997 la economía cobra trascendencia a través de las proyecciones realizadas por el equipo económico respecto del "crecimiento económico esperado". Este, materializado en índices concretos (importaciones, exportaciones, inflación, recaudación impositiva, inversiones, etc.), permite posicionar al modelo económico no sólo como viable sino también consolidado por el crecimiento obtenido, de acuerdo con lo que muestran "los números".

[PC1] Así, desde la esfera oficial, el año 1997 fue visualizado como una etapa decisiva para el modelo neoliberal implementado, en tanto supuestamente comenzarían a "concretarse los frutos" del modelo y, a través de ellos, recomponer la imagen (fracturada por otros índices, específicamente el de la desocupación) que "preocupaba" al gobierno en términos de un "boomerang" en vistas al presente año electoral.

A principios de 1997 se producen numerosas reuniones de gabinete en las que el equipo económico desplegaba un panorama por demás alentador para la cuestión económica prevista para el resto del año. Titulares como "el placer de las cifras" y "Menem eufórico" daban cuenta del modo en que los medios "leían" esta cuestión. En la perspectiva adoptada en esta estrategia oficial subyace la lógica que deja entrever una escición explícita entre economía y política.

Cuando el modelo económico es evaluado de acuerdo con las cifras, en tanto los "números cierran", esto se torna en el eje central de la tarea de legitimación llevada a cabo desde el gobierno.

El discurso mediático parece articularse con la lógica anterior, en tanto asume como "indiscutibles" e "irrefutables" a todos aquellos índices que, efectivamente, dan cuenta del crecimiento económico.

Sin embargo, desde el mismo discurso se hace referencia a "lo no deseable" del modelo, no como algo inherente al programa económico sino en términos de consecuencias no queridas o irresueltas aún.

La irrupción de lo social: crisis de representación y emergencia de nuevos actores sociales.

La problemática anteriormente señalada, genera una situación de tensión social altamente desarticuladora que dificulta la organización de las demandas sociales en los espacios institucionalizados (sindicatos, partidos políticos, etc.) y deriva en formas de protestas sociales no habituales.

Los denominados estallidos sociales y los rituales mediante los cuales se vehiculizan (cortes de ruta, carpa docente, sentadas en la vía pública, etc.) dan cuenta de una suerte de "desterritorialización" de la política, cuya característica fundamental es el desplazamiento de lo político hacia otros espacios desde donde se intentan resolver los conflictos derivados de la crisis económico social por la que atraviesa nuestro país.

Elizabeth Jelin señala: "en el corazón de la crisis están los nuevos movimientos sociales y la redefinición de viejos actores sociales que, aunque no siempre acaben plasmándose institucional y orgánicamente, son portadores de nuevas instancias capaces de ofrecer alternativas a las crisis de los modelos anteriores". (CEAL, 1987) En el actual modelo de acumulación capitalista, los sujetos sociopolíticos tradicionales han sufrido profundas transformaciones; en este contexto emergen nuevas identidades sociales que plantean otras instancias de lucha frente a la crisis y, paralelamente, designan un proceso de politización colectiva con formas alternativas de ejercicio de la política, basadas en reclamos y demandas específicos.

Es así que, para evidenciar las formas no tradicionales del ejercicio político, se impone la necesidad teórica de indagar sobre las formas de la representación política.

Desde las ciencias políticas, la crisis se caracteriza a través de dos esquemas básicos: la creciente dificultad de ciertos actores para representar posiciones e intereses de la sociedad civil (lectura de la sociedad en clave hegeliana), diagnóstico que determina la crisis de representatividad; o bien, disfunciones en los mecanismos de mediación de los sistemas políticos y su impacto sobre la lógica de las instancias articuladas a la representación.

Desde otro lugar, el debate es retomado y se señala que, en realidad, la crisis pone de manifiesto los desequilibrios que las transformaciones sociales del presente están generando en los modos de lectura liberal-democrático, el que ha operado como universo conceptual y desde el cual la ciencia política ha intentado estudiar los fenómenos que le otorgan especificidad.

Lo que se infiere, a partir de este debate, son dos posturas teóricas: por un lado se encuentran quienes sostienen que lo que está en crisis es la representación y, por otro, voces sugiriendo que es el concepto mismo de representación el que está en crisis.

¿Nuevos conceptos para nombrar un nuevo mundo? El debate no concluye aquí. Nos interesa señalar la trama más significativa para analizar el estado de la situación.

Aparentemente, existe una opacidad en los códigos interpretativos, lo que implicaría opacidad en la lectura de los mapas de la realidad social y política y -en ella- una lectura consensuada de la representación.

La escena política y algunas claves para superar la opacidad

Siguiendo a Laclau, la política se define como dispositivo ideológico, territorio discursivo surcado por antagonismos donde tienen lugar las articulaciones hegemónicas y la producción de identidades colectivas. Este proceso designa la producción hegemónica de jerarquías de significaciones legítimas, la función de elaboración y articulación de los distintos regímenes discursivos que intervienen en la fijación del sentido de las relaciones sociales.

La emergencia de nuevas identidades sociales supone la institución de nuevas alternativas como fines políticos que se imponen a manera de jerarquías de significaciones sociales legítimas, entrando en conflicto con otros discursos.

La lógica del discurso hegemónico, que escinde lo económico de lo específicamente político, se sostiene en la falacia que afirma que el mercado genera orden y sentido. En los estallidos sociales se sustenta un nuevo orden (que ya no se desprende de la sociedad de mercado) y, a la vez, existe una demanda de sentido, de orientación y de conducción de la política, ya no subordinada a lo económico sino articulada absolutamente a ello.

Los rituales que vehiculizan la protesta social operan como elemento deslegitimador de la autoridad (cuestionan el discurso hegemónico, del cual ya dimos cuenta) y si entendemos que la autoridad es poder legitimado, ese poder está siendo cuestionado, lo cual produce una crisis en el consenso normativo liberal-democrático.

La escena política se reestructura continuamente en un espacio de lucha signado por la posibilidad de generar una instancia de poder legitimado, el que opere sobre la totalidad del campo social. La situación presente nos plantea interrogantes tales como: La política, ¿se encuentra en un proceso de transición hacia nuevas definiciones? ¿Cuáles son las transformaciones y la dinámica de ese proceso de transición?.

En un contexto de creciente concentración de poder en las esferas ejecutivas, escasa capacidad de los partidos políticos tradicionales de convocar a los ciudadanos y emergencia de movilizaciones colectivas sin referentes políticos partidarios, no es fácil responder a los interrogantes surgidos. La situación reclama claves inteligibles para leer la realidad y el lugar de lo político en ella. Como decía Habermas, se necesita un suelo de certezas comunes para comenzar a nombrar el mundo.

La lógica del estado en América Latina

La naturaleza de clase del estado se 'deriva' de la economía mundial constituida y el régimen político es la forma de existencia del estado que se caracteriza por su autonomía en relación a las clases sociales, por la legitimación que obtiene y por la autonomía relativa que sostienen frente a los estados de los países centrales.

En los países subdesarrollados, la inserción del modo de producción capitalista "no ha surgido de las entrañas de la sociedad, sino que, de alguna manera, ha sido lanzado en paracaídas desde el exterior, y con ello ha creado el subdesarrollo". Así, "la difusión de las relaciones mercantiles en los países subdesarrollados (...) se alimenta de la desestructuración de las relaciones de producción no capitalistas que ella misma provoca en un tiempo extremadamente breve". Como resultado de lo anterior, se produce -en términos del autor- una 'adaptación' a las nuevas condiciones materiales de producción.

Si los regímenes políticos buscan una legitimación de su existencia y su acción, la buscarán en su propio fondo cultural. Pero la difusión de las mercancías, así sea incompleta y específica, existe. El reino de la mercancía se impone, rechazando el producto, mutilando el fondo cultural.

En los países subdesarrollados, el Estado aparece por encima de la sociedad civil, pero no por sobre la economía (como en los países desarrollados), sino por un fondo cultural. Sobre esto se basa la legitimación de los regímenes políticos de los países mencionados. "El reino de las mercancías se impone, rechazando el producto, mutilando el fondo cultural".

La mercancía puede ser percibida como símbolo del capital. En este marco, el desarrollo de las relaciones mercantiles deja profundas huellas en el fondo cultural, con lo cual los mecanismos de legitimación se caracterizan por su inestabilidad.

El caso argentino no cierra en los esquemas de Salama. ¿Qué pasa con países como la Argentina, que tiene una legitimación mixta?, o sea, tradicional en algunos aspectos y mercantil en otros, ya que el modo de producción capitalista está lo suficientemente expandido y asentado como para que la legitimidad no sólo se base en el fondo cultural. Así, dada la situación estructural y sumado a ello la emergencia de la crisis, parecería que nuestro país adolece de una legitimación fuerte.

Política y economía: la ruptura de un límite

Entonces, acordamos con Atilio Borón, quien, en su artículo publicado en Doxa N§ 13/14, para el caso argentino señala que "el desarrollo capitalista no se asentó -a diferencia de lo acontecido en países como Brasil, Perú y México- sobre la presencia de una enorme masa campesina e indígena que con el advenimiento de las relaciones burguesas de producción habrían de originar los bolsones de pobreza que secularmente han caracterizado a aquellos países". Es así, que los nuevos pobres o los pauperizados "proceden de la descomposición de las viejas capas medias, o en ciertos casos de los estratos decadentes del antiguo proletariado urbano".

Lo que da como resultado una pobreza adquirida, consecuencia de sucesivos ajustes en procesos de crisis. En estos términos, la pobreza adquiere visibilidad social en torno de las grandes urbes, a diferencia de tiempos pasados, donde la pobreza estaba relegada a los espacios rurales.

Con el advenimiento de la democracia en Latinoamérica, aparece conjugado también un proceso de desestructuración del tejido social, con un gran incremento de nuevos pobres con necesidades básicas insatisfechas y un alto índice de desocupación y subocupación.

Es así que en los estados como el nuestro (y en general todos los estados latinoamericanos) conviven democracias débiles con políticas económicas duales que se desdibujan entre los requisitos mundiales y los petitorios locales resistentes (baste como ejemplo los estallidos sociales en las provincias argentinas, los desterrados de las fazendas brasileras, el conflicto de Chiapas, la guerrilla colombiana, etc.) En este marco, toda una tarea de legitimación de la nueva estrategia económica debe ser llevada a cabo por los estados que las implementan, en tanto es necesario un "consenso" para la concreción de derterminadas medidas. En este sentido, la construcción de un discurso hegemónico - que "lee" e instala (en la red de discursos de la que forma parte) de un modo particular los hechos económicos- forma parte de esta estrategia. Así, se conforma un paradigma hegemónico, ya que se lo asume y se lo multiplica desde diferentes ámbitos de la trama social (político, empresarial, sindical y mediático).

Desde esta perspectiva, se piensa lo económico como una parte escindible del todo social, desarticulado del resto, en primera instancia, del ámbito de lo político. A partir de este marco, es posible plantear la estrategia discursiva como adoptada desde dos esferas separadas: la economía, por un lado, y la política, por otro.

La economía, la de los números y los índices, refleja el éxito del plan económico y fundan la buena imagen del gobierno ante los organismos económicos internacionales y se configura como una esfera perfecta y legitimada por sí misma, hacia el interior (con cuentas claras que cooptan a los empresarios locales) y hacia el exterior (logrando más préstamos, garantías e inversiones).

Ahora bien: una situación de crisis, como la que de algún modo materializa los cortes de ruta y la presencia de piqueteros desafiando el orden económico, es lo que deja traslucir otra dinámica de relaciones, la que subyace al mundo de las dos esferas. Nuestra posición aquí es visualizar lo económico como una parte inescindible del todo social, absolutamente articulado al resto y, en primera instancia, al ámbito de lo político. Entendemos que despojar a lo económico de estos contenidos implica, en realidad, una ausencia de alternativas con fines políticos (la economía se corresponde siempre con un modelo político y, por lo tanto, ideológico).

Por una parte, la economía; por otra, la política. En un estado de crisis esto se fisura, se rompe el límite. La política actúa en una cuestión económica: aparecen los subsidios.

La preocupación empresaria

En este marco, el gobierno -sin descuidar las relaciones 'carnales' que supo conseguir con el establishment del empresariado y apelando a que la mayoría de los mismos se beneficiaron con la consecución del modelo- apunta a conseguir ayuda del sector. En primer término, solicita ayuda a aquellas empresas que tuvieron algo que ver con el desencadenamiento de la crisis, previos despidos masivos: YPF e Ingenios Ledesma.

Según el oficialismo, los recursos del estado no alcanzan para hacer frente a la crisis, lo que desde otro punto de vista se puede leer como una aceptación implícita de la falta de viabilidad de este modelo.

Como respuesta al complejo entramado de relaciones, el sector empresarial se manifiesta altamente preocupado por la intranquilidad social y por la manera en que esto puede traducirse en problemas para el modelo económico.

Más allá de las contradicciones que puedan surgir en el diálogo establecido por el gobierno con los empresarios, el oficialismo cuenta y apela con un antecedente a su favor: en marzo de 1995, en las postrimerías del llamado efecto Tequila, los empresarios aunados lanzaron el Bono Argentino, que tuvo como objetivo conformar un fondo de auxilio financiero para las entidades bancarias que se encontraban en dificultades luego de los efectos del descalabro de la economía mexicana.

Puntualmente, la empresa petrolera YPF, promovió, luego de un elevado número de despidos, la protesta social en Cutral-Có (que más tarde tuvo una reacción en cadena).

Sintomáticamente, luego del llamado gubernamental, un importante funcionario de esta empresa se comprometió a resolver las demandas laborales. Luego, la empresa se posicionó en el conflicto desde otro lugar: con el objetivo de establecer límites claros respecto de los roles que le concierne a cada uno, aclaró que mientras la generación de las ganancias le compete a los empresarios, el Estado es el que debe hacerse cargo de generar políticas sociales. En este postulado subyace como justificación la paga de impuestos.

En general, el sector del empresariado refuerza los argumentos que desde el gobierno menemista existe una mala administración de los fondos con los que cuenta el Estado.

La preocupación del sector está centrada, principalmente, en los peligros que puede provocar para el modelo la gran intranquilidad social, lo que generaría consecuencias imprevistas y se atentaría contra las características que presenta actualmente la economía, por demás favorable para el desarrollo de la actividad empresarial.

El reclamo de "ayuda" a los empresarios -por parte del gobierno- se basa sobre un argumento cuyo eje central es atribuirles un rol de "beneficiarios directos" de algunas acciones oficiales (la desregulación, la flexibilización laboral y las privatizaciones, entre otras). Por su parte, los empresarios manifiestan que sus obligaciones son otras y privilegian en el discurso el hecho del pago de impuestos, aludiendo explícitamente a una tarea posterior (la de distribuirlos), que es propia de la esfera estatal.

Este discurso encontrado deja ver también el contexto de crisis y conflicto en el que se desarrolla la problemática de los estallidos.

Conclusiones para la reflexión

Así, la trama del discurso hegemónico, que sostiene la total autonomía de lo económico respecto a lo político, se desgarra y evidencia la total y absoluta vinculación de lo económico al conjunto de la problemática social.

La irrupción de lo social pone en marcha mecanismos de contención que antagonizan con el modelo neoliberal, pero a la vez lo refuerzan al ocultar el carácter coyuntural de las medidas sociales.

Más allá de los "parches" que la administración menemista considera para la crisis, en la agenda de los funcionarios de esa misma administración no está en primer lugar la generación de empleos sino la urgencia en aprobar una ley de flexibilización laboral, requisito indispensable para que el modelo se consolide.

Para concluir, creemos que el discurso mediático aún no ha dado cuenta del desplazamiento de los límites antes señalado. La realidad social se sigue leyendo en términos de eficiencia económica (mientras los números cierren...).

Creemos en la posibilidad de oponer a esa lectura mediática una lectura crítica, compromiso que asumimos desde nuestro proyecto de investigación, analizando las articulaciones entre poder, reconocimiento y acción que están implicadas en las prácticas sociales.

Una lectura en clave gramsciana nos señala que siempre existen espacios de resistencia y algún grado de percepción conciente de la realidad social. Convencidas de que parte de esos espacios de resistencia deben ser ocupados por la ciencia, es que pretendemos poner en cuestión el discurso hegemónico que sostiene la escisión entre política y economía .

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