REDES DE ENERGIZACION O REDES DE EXCLUSION?.

Electricidad y reproducción social en la Puna jujeña: un estudio de caso.

Alejandro Gabriel Benedetti1

Introducción

Las comunidades campesinas de la Puna jujeña han sido unas veces directamente excluidas o tardíamente incorporadas otras, de los procesos de modernización y de expansión de los servicios públicos. Uno de los procesos en los cuales esta situación es clara, es en el desarrollo de las políticas de energización, que mantienen a buena parte de la población en situación de gran carencia energética. Y esto es así a pesar de la formidable expansión y consolidación del sistema eléctrico nacional y del incremento en el consumo de electricidad ocurrido en las últimas décadas. En ese contexto la leña sigue siendo, para aquellas comunidades, la principal fuente con la cual satisfacen sus necesidades energéticas elementales (como cocción y calefacción), en tanto que la electricidad mantiene una contribución aún secundaria y en muchos casos es aún inexistente.

En esta ponencia se analizarán algunos de los factores estructurales que mantienen a buena parte de las comunidades campesinas de la Puna jujeña en las condiciones históricas de desigualdad en cuanto a la accesibilidad al servicio eléctrico: exclusión del sistema de redes resultado de un patrón de dispersión geográfica; ausencia de políticas de energización sistemáticas mediante la utilización de tecnologías alternativas; aplicación de proyectos que nunca generaron un servicio de calidad análoga al que disfruta la población de las zonas abastecidas por el sistema nacional; finalmente, limitación en la intervención estatal a partir del reciente proceso de privatización del servicio eléctrico. Por otro lado se presentarán, en forma de comunicación, algunos avances de la investigación que vengo realizando en el presente año en el marco del proyecto UBACyT "Energías no convencionales en el NOA. Areas prioritarias de aplicación" que tiene sede en el Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. El mismo focaliza su estudio en las provincias del noroeste argentino, caracterizadas por detentar los mayores porcentajes de población rural sin posibilidad de acceder al servicio eléctrico por red del sistema nacional.

La exposición está organizada en dos partes: en la primera se describen las condiciones generales de la prestación del servicio eléctrico en Argentina y en la provincia de Jujuy.

En la segunda se enunciarán los principales objetivos de la investigación y la caracterización de la comunidad elegida para el estudio de caso.

Electricidad y desarrollo regional. Las causas "técnico- económicas" y las razones históricas de la exclusión del servicio eléctrico nacional En el XV Congreso del Consejo Mundial de la Energía realizado en Madrid, uno de los concurrente afirmó lo siguiente: "el rápido desarrollo de las sociedades industriales durante el siglo XX ha estado estrechamente vinculado con la disponibilidad de fuentes energéticas a bajo costo. La energía ha influenciado las pautas de trabajo, el uso del tiempo libre y la estructura demográfica..." (cit. en Suárez, 1995, 97). Si bien es cierto que en Argentina la potencia instalada y los niveles de producción han experimentado un importante incremento en la última década, también es cierto que dicha expansión no estuvo acompañada de una también creciente redistribución.

En otras palabras, se puede afirmar que la orientación de los impactos sociales generados por la mayor "disponibilidad de fuentes energéticas" dependía de las posibilidades concretas de cada grupo social de acceder al consumo energético. En ese sentido, la distancia a la red eléctrica puede ser un determinante de las condiciones de accesibilidad al suministro eléctrico. En el caso de buena parte de las comunidades campesinas de la Puna jujeña la gran distancia a la que se encuentran de las redes regionales o nacional les imposibilita acceder a este servicio. Pero la distancia a dichas redes es en gran medida un resultado del proceso histórico de configuración territorial basado en el asignación de un lugar subordinado dentro de las estructuras agrarias nacional y regional. La distancia geográfica a las redes eléctricas es una materialización de la "distancia social".

Este tipo de situaciones sociales no suele ser considerado por la bibliografía especializada que aborda las cuestiones energéticas, donde se puede advertir cierta ingenuidad en la mirada que se hace sobre las poblaciones con carencias energéticas. El optimismo desmedido y la generalización irreflexiva es común en esta bibliografía.

Creo que la raíz de este "olvido" de la cuestión social debe buscarse en la función instrumental que cumple este saber. Las tecnologías energéticas son un componente fundamental del proceso de producción capitalista. Por esta razón, su discusión fue progresivamente apropiada por los distintos organismos nacionales e internacionales de investigación y desarrollo. En los discursos elaborados por organismos tales como FAO, IDEE/FB, CEPAL, se produce una suerte de disociación entre las cuestiones energéticas y los conflictos sociales. Por ejemplo para el Grupo Latinoamericano de Trabajo sobre Energización para un Desarrollo Rural Sostenible de la FAO (1990) "la energización rural se concibe como un proceso continuo y ordenado de uso de la energía para atender los requerimientos de las actividades domésticas, de transporte, de servicios y productivas, que posibiliten un mejoramiento de las condiciones de vida y de la calidad y cantidad de los productos generados, compatibles todo ello con la necesidad de preservación productiva del medio ambiente rural y urbano". De esta forma la definición de energización es una definición ahistórica, instrumentalista, más próxima a una expresión de deseo que a un análisis de los procesos de energización concretos.

En esta literatura, las explicaciones acerca de las causas del desabastecimiento suelen centrarse en los aspectos "técnico-económicos" (p.e. inconveniencia de una inversión en infraestructura energética, necesidad de un "uso racional", necesidad de "preservar el medio ambiente", etc.), minimizando consideraciones de otra índole: intereses económicos y políticos, situaciones históricas de exclusión social, violencia cultural en las propuestas energéticas elaboradas por los organismos del estado, etc.

De la misma forma, tampoco se ha profundizado convenientemente en el estudio de la relación entre los "modelos energéticos y la configuración de la organización territorial" (Punti, 1988), realizándose habitualmente descripciones de las variaciones cuantitativas registradas en los indicadores energéticos según las jurisdicciones consideradas, o de la localización de los recursos energéticos (cfr. Dozo, 1988). Es de destacar, asimismo, el campo de debates sobre cuestiones energéticas está dominado por los discursos de los ingenieros, biólogos, ecólogos, economistas y marginalmente sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores o geógrafos.

Ahora bien, es claro que cualquier estudio de los impactos generados por un determinado "modelo energético" en la "configuración de la organización territorial", no puede ignorar la consideración de alguna de las principales características técnicas referidas a las condiciones de generación, circulación y consumo de electricidad.

De una u otra forma, el consumo de energía eléctrica ha alterado las representaciones y las prácticas cotidianas de los distintos grupos sociales. Esto se debe a que, sin duda, la energía eléctrica es la fuente más versátil y la que se aplica de la manera más "limpia y sencilla" (Hellman, 1973), motivo por el cual su consumo ha tendido a generalizarse. En cuanto a las restricciones que ofrecen las etapas de generación y circulación, se pueden señalar por lo menos tres: 1. la electricidad no puede ser almacenada convenientemente para su distribución en grandes cantidades, de la misma forma en que son limitadas las posibilidades de acumulación en los extremos de la cadena de transformación; 2. frente al inconveniente de la no almacenabilidad para su distribución, se requiere de una determinada red técnica1 que permita su circulación; 3.

finalmente, el valor de las inversiones en infraestructura para los sistemas de envergadura es muy elevado, situación por la cual ha sido tradicionalmente el estado (nacional y/o provincial según los períodos que se consideren y en algunos casos los municipios), el agente que ha encarado las mayores empresas en materia de producción y distribución de electricidad. La "no almacenabilidad", la "distribución por red" y "la magnitud de las inversiones" (Instituto de Economía Energética, 1994) son tres características destacables de las condiciones técnico- económicas de la prestación del servicio eléctrico.

La conformación del mercado eléctrico está fuertemente determinada por la expansión de su red técnica, a través de la cual se conectan los centros de generación con los de consumo. De la misma manera que las redes técnicas de transporte y comunicación, las de energía eléctrica se constituyen en un elemento central en la organización del territorio, beneficiando a determinados agentes productivos, merced a las economías de localización.

Configuración del servicio eléctrico nacional La expansión inicial de la red técnica del servicio eléctrico argentino se debió a las estrategias de empresas privadas que se limitaban a abastecer a los mercados urbanos más importantes (Liernur y Silvestri, 1993). A partir de la década del '40 fue el estado nacional quien se ocupó del desarrollo de la red técnica del servicio eléctrico, conformando pequeños sistemas regionales que conectaban los distintos centros urbanos y las principales áreas rurales capitalizadas. Esto se concretó mediante la creación de distintos organismos estatales que concluirían con la conformación, en 1947, de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica. Por fuera del sistema energético nacional que se iba definiendo, fueron surgiendo, progresivamente, importantes "aglomerados de exclusión" (Haesbaest, 1995): áreas rurales principalmente extrapampeanas, compuestas por comunidades campesinas y aborígenes, y otros pobladores rurales dispersos que nunca fueron beneficiados por la ejecución de políticas sistemáticas que permitieran la generalización de tecnologías energéticas alternativas a los sistemas eléctricos regionales primero y nacional más tarde. La energización eléctrica fue (y en gran medida aún lo es) un fenómeno urbano y de las áreas rurales integradas al mercado de producción capitalista. No se trata sólo de un problema "técnico-económico", sino de un problema político y económico, que surge de la decisión de privilegiar el desarrollo de determinados grupos sociales localizados en las "áreas desarrolladas" en desmedro de aquellos localizados en las "áreas atrasadas" del país.

La energización rural es posible con la utilización de "tecnologías de energía renovable" (Mackenzie, 1994) que permiten la producción de electricidad con el aprovechamiento de recursos energéticos renovables y locales, como la radiación solar, el viento y el agua en movimiento, utilizando equipos de generación solar, eólica o hidráulica in situ y distribución mediante pequeñas redes técnicas locales. Esto es viable también, mediante la utilización de pequeños grupos electrógenos de generación diesel. Pero su generalización no es posible, en las actuales condiciones, sin la intervención directa del estado, quien garantice el desarrollo de programas específicos, en los cuales las comunidades campesinas tengan un rol central en las etapas de diseño y ejecución.

Lejos de esta situación, hasta ahora nunca había existido un programa nacional de provisión de electricidad a pequeñas comunidades rurales y cuando estas fueron llevadas adelante por los organismos provinciales, siempre se realizaron en el marco de programas parciales y de poco alcance.

La actual geografía de la circulación de electricidad en Argentina está definida, en buena medida, por el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este sistema es una red de líneas de transmisión de energía eléctrica, formado por estaciones transformadores y líneas de extra alta tensión que conecta las distintas redes locales de distribución.

Los objetivos del SIN son: "transportar la energía eléctrica desde los centros de generación hacia los lugares donde se consume, mejorar la calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica a nivel nacional y emplear en cada momento el conjunto más económico posible del parque de generadores" (Zyngierman y Tereschuk, 1987).

Hasta 1973 el SIN estaba conformado por las redes del Gran Buenos Aires y la Región Litoral2 . A partir de ese año, tras la inauguración de la central hidroeléctrica El Chocón, se integra la región Comahue. En los siguientes años se irán incorporando las restantes redes regionales hasta conformar, en 1986, el actual sistema, tras la conexión de la región NOA3 . Para la dirección y supervisión del SIN se crea en 1972 el Despacho Nacional de Carga, quien coordina el accionar de los Despachos Regionales y Empresarios de Carga (Agua y Energía Eléctrica, 1987?).

Pueden diferenciarse así, tres etapas en el proceso de formación del servicio eléctrico nacional. La primer etapa se inicia hacia la década de 1880 cuando se instalan las primeras usinas "no precarias" para la iluminación de varias ciudades4 (Liernur y Silvestri, 1993), limitándose las redes a los más importantes centros urbanos. En esta etapa los capitales y la administración son privados de origen nacional e internacional (Ibid.). En la década de 1940 comienza una segunda etapa con las políticas populistas y de estatización de los servicios públicos encaradas por gobierno peronista. A partir de entonces es el estado quien se hace cargo de la prestación del servicio, invirtiendo en y administrando las redes provinciales; en la década del '60 se produce la mayor expansión de la red, aunque limitada aún a las regiones con mayor dinamismo económico. En el transcurso de las décadas del '70 y '80 es cuando se da forma al SIN (Labourt, 1996).

Esta segunda etapa concluye cuando en el comienzo de la presente década, la Reforma del Estado implementada por el gobierno menemista avanza hacia la privatización del servicio y la transformación del marco regulatorio eléctrico: a partir de ahora el estado no será ya quien preste el servicio, sino quien lo regule.

La Ley N§ 24.065 promulgada en enero de 1992 es la que promueve la creación de un nuevo marco regulatorio eléctrico, y que tiene como objetivo central privatizar las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad. En el marco de esta ley la Secretaría de Energía de la Nación elaboró el llamado Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural Dispersa de Argentina (PAEPRA). Este programa propone a los organismos provinciales una metodología por la cual se organizan los mercados provinciales en dos áreas de concesión: "una corresponde a las áreas que tradicionalmente han contado con suministro eléctrico por redes interconectadas al sistema nacional y/o provincial de distribución y a los sistemas aislados de generación, de mediana envergadura, con redes locales, que han dado en llamar Area de Concesión del Mercado Concentrado, y otra correspondiente al resto del territorio provincial, el que no contaba históricamente con abastecimiento eléctrico, al que se ha dado en llamar Area de Concesión del Mercado Eléctrico Disperso" (Fabris et. al., 1995). Se propone, entonces, establecer una distinción entre el mercado abastecido por el SIN y aquellas áreas no abastecidas por el mismo que se encuentran en diferentes situaciones en cuanto a la infraestructura de generación eléctrica.

En relación a este último mercado el PAEPRA impulsa, paralelamente, el desarrollo de programas orientados al abastecimiento de la demanda básica del sector residencial rural y de los servicios públicos rurales con el aporte de subsidios del Estado. De forma tal que el tipo de abastecimiento contemplado específicamente por este Programa no está orientado al sector productivo, ya que el tipo de tecnología que se piensa utilizar no permite un consumo potencialmente ilimitado como el de los mercados concentrados. Los distintos tipos de servicio ya existentes y en proyecto podrán satisfacer las necesidades de iluminación y comunicación de los usuarios rurales y servicios públicos dispersos, aglomerados rurales con sistemas individuales o colectivos, utilizando prioritariamente tecnologías que usen fuentes de energías renovables (fotovoltaica, eólica, microhidráulica), y generación diesel donde el concesionario lo considere oportuno.

La política impulsada por el PAEPRA y aquellas que caracterizaron la gestión, al menos en los últimos años, de los organismos provinciales en el caso del noroeste, podría denominarse como "políticas compensatorias" (Abrutzky, 1997), es decir un tipo de política que formalmente pretende revertir las condiciones extremas de pobreza y marginalidad, pero que, por el contrario, dado el carácter temporario, excesivamente focalizado y asistencial de su propuesta no contribuyen a la creación de actores sociales responsables ni al incremento de la capacidad de acción y reacción de los grupos sociales involucrados. Si bien no se pueden sacar conclusiones de los impactos por generar, no debemos olvidar que es PAEPRA se formula en el marco de la consolidación de un estado básicamente asistencialista, fundado en la realización de políticas sociales dirigidas no tanto a mejorar las condiciones de vida, sino a impedir un mayor deterioro y evitar la conflictividad social generada por el avance de un proceso de modernización crecientemente excluyente.

El servicio eléctrico de la provincia de Jujuy La expansión y consolidación de las redes técnicas del ferrocarril, del transporte vial, de la telegrafía y la telefonía y de la energía eléctrica en la provincia de Jujuy (cfr. Randle, 19815 ) respondió claramente a la organización de un territorio moldeado bajo los imperativos de la producción agroindustrial en poder de las "élites hacendarias y comerciales" (Karasik, 1994b) de Jujuy y Salta. La temprana incorporación de esta clase social como productora de azúcar y tabaco para abastecer al mercado nacional, favoreció la centralización del trazado de vías, caminos y cables de comunicación y transmisión en las zonas de cultivo subtropical. Pero también respondió a objetivos políticos de afirmación de la soberanía en los territorios fronterizos. El trazado de las vías del ferrocarril en la Puna puede ser entendido en este sentido, ya que no conectó a los pueblos más importantes de entonces (como Casabindo, Cochinoca, Yaví, Santa Catalina y Rinconada) sino a la ciudad fronteriza de La Quiaca (Reboratti, 1995), la que se transformaría a partir de entonces en el principal centro urbano de la Puna. De la misma forma, será La Quiaca la segunda localidad de la Puna con generación de electricidad, la cual comienza en 1942 (después que en Santa Catalina, donde se inicia en 1937). A partir de esa ciudad se conformó un sistema aislado de mediana envergadura que abasteció de electricidad a las localidades más próximas ubicadas principalmente sobre la ruta 9: Abra Pampa, Tres Cruces, Pumahuasi, Intermedia, Pto. Márquez, Yaví y Cieneguillos (Dirección de Energía de Jujuy, 1992).

El resto del territorio de la Puna jujeña se encuentra aún hoy sin ningún otro sistema de envergadura para el abastecimiento eléctrico. El mapa de la red eléctrica de Jujuy se completa con el proceso de urbanización que tiene como principal centro a la ciudad de San Salvador de Jujuy; pero esta cuestión no será analizada en esta ocasión.

Si bien el tendido de la red eléctrica en esta provincia es posterior a la definición del perfil agroindustrial impuesto a la economía jujeña, ésta favoreció la rigidez y el peso de la organización territorial preexistente (Dias, 1995), permitiendo la integración de los agentes económicos más importantes. Si se observa el mapa de las redes provinciales interconectadas con el SIN que se encuentra al final del presente artículo, se advierte que la mayor densidad de red técnica se encuentra en los valles subtropicales en los que se localiza la producción azucarera y tabacalera de la provincia, prologándose por la ruta Panamericana a través de la Quebrada de Humahuaca hasta la localidad homónima, abasteciendo de esta forma la demanda solvente conformada por localidades como Purmamarca, Maimará, Tilcara, etc. En este contexto, las comunidades campesinas de la Puna han quedado en una suerte de "frontera territorial y cultural" (Karasik, 1994a) toda vez que han sido excluidas de los procesos de expansión de la red.

Estos grupos se constituyeron como "sujetos diferentes y desiguales" (Ibid) debido al lugar subordinado que ocuparon dentro de la estructura agraria regional. Con la expansión de las relaciones de producción capitalistas fueron compulsivamente incorporados como fuerza de trabajo estacional, destruyendo su autonomía, y no pagando por completo su reproducción como fuerza de trabajo (Abduca, 1992, 106). Esta subordinación social, asimismo, está históricamente sobredeterminada por la subordinación étnica a la que el pueblo qolla está sometido (Karasik, 1994b).

El hecho de estar desprovistos de un servicio eléctrico con características análogas a las de las áreas abastecidas por los sistemas regional o nacional, contribuyó al mantenimiento de las condiciones de subordinación por no poder contar con un valioso medio de producción y de satisfacción de necesidades consideradas hoy como elementales. Esto reforzó, asimismo las miradas indiferentes de los habitantes de las áreas urbanas, atravesadas por la mencionada sobredeterminación étnica.

La producción de electricidad en Argentina en la última década ha experimentado un incremento sostenido, pero sin su necesario correlato en la redistribución. Esto es particularmente cierto en las provincias de la Región NOA, donde unas 485.000 personas carecen de energía eléctrica, es decir el 13,2% de una población de 3.677.538 habitantes (INDEC, 1995).

Se trata, en buena medida, de población rural campesina aglomerada y dispersa que, por su baja densidad demográfica, su distancia al sistema nacional de distribución de electricidad por redes y por sus condiciones de marginación con respecto a los mercados de producción y trabajo, ha sido confinada a la indiferencia en el diseño de políticas públicas de expansión del servicio eléctrico. Esta población nunca tuvo posibilidades de ser conectada al servicio nacional, ni tampoco las tendrá en el mediano plazo. Pero tampoco fue masivamente provista de tecnologías energéticas alternativas, y en los casos en que esto ocurrió, se realizó en el marco de políticas asistencialistas y sectoriales.

En 1981 se transfieren los servicios de Agua y Energía de la Nación a la provincia, creándose la Dirección de Energía de Jujuy (Agua y Energía Eléctrica, 1987?). Desde entonces el estado provincial se hizo cargo de la prestación del servicio eléctrico en su jurisdicción. Se ejecutaron algunos planes de abastecimiento a la población campesina, pero nunca en el marco de un plan de abastecimiento masivo, salvo en el caso de un programa de abastecimiento a los establecimientos educativos iniciado en 1986 (GGE- Secretaría de Energía, 1995). Un punto de inflexión en relación al proceso de energización rural se producirá con la transformación del sector eléctrico a partir del proceso de privatización.

En agosto de 1995 la Ley N§ 4.879 declaró "sujetas a privatización las actividades de Generación, Transporte, Distribución Concentradas y de los Sistemas Eléctricos Dispersos, que realiza actualmente la Dirección de Energía de Jujuy". Para ello la ley adopta la diferenciación en dos áreas de mercado, concentrado y disperso (MEC y MED) propuesta por el PAEPRA, creando la "Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A.)" y la "Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S. A.)". Vale aclarar que en la privatización del mercado disperso, la concesión del servicio incluye el aporte subsidiario del estado a la empresa en la prestación del servicio, en valores variables según la localidad6 (EJEDSA, 1997).

El área de cobertura actual y potencial del sistema eléctrico nacional en la provincia de Jujuy (conformado por la red conectada al SIN y el Sistema Aislado de La Quiaca) involucra una población total de aproximadamente 500.000 personas. No toda esta población se encuentra actualmente servida, pero tiene posibilidades de estarlo en el mediano plazo, según los criterios técnico-económicos actuales. La población que queda fuera de esa mancha eléctrica7 constituye el mercado eléctrico disperso, mercado que involucra a una población de aproximadamente 34.000 habitantes (GGE-Secretaría de Energía, 1995). Se trata, como ya se dijera más arriba, de una demanda geográficamente muy dispersa, cuya satisfacción implicaría altos costos de instalación y mantenimiento en el caso de infraestructura energética por red a través del SIN.

Las localidades que han sido provistas de equipos energéticos, ofrecen condiciones variables en cuanto a la prestación del servicio: potencia instalada, horas diarias de suministro, tipo de generación, mantenimiento de los equipos, año de instalación, etc. En muchos de estos casos, los equipos fueron instalados por la Dirección de Energía de Jujuy, pero en muchos otros son fruto de la acción de actores sociales locales o extralocales no estatales que colaboraron con el estado o que actuaron en forma independiente, particularmente las ONG's y las congregaciones religiosas. Los 34.000 habitantes del MED se encontraba hacia 1995 en alguna de las siguientes situaciones (GGE-Secretaría de Energía, 1995): 3.200 personas viven en aglomerados rurales con servicio eléctrico restringido debido a la utilización de equipos de generación diesel que permiten un suministro limitado de 4 a 6 horas de uso diario.

Aproximadamente 2.200 personas viven en aglomerados rurales con servicio eléctrico continuo por la utilización de centrales de generación solar-eólica y generación hidráulica-diesel que permiten un suministro continuo pero de baja potencia.

Cerca de 1.800 viven en aglomerados rurales que no cuentan con ningún tipo de abastecimiento eléctrico, por lo tanto constituye un segmento de población sin servicio eléctrico.

Un total de 27.100 habitantes presentan un patrón de asentamiento disperso, y también están sin servicio eléctrico.

Cabe remarcar que servicio eléctrico del MED que reciben los usuarios de estas los aglomerados rurales, no presenta tiene características análogas a las del servicio eléctrico que reciben los usuario del MEC. De esta forma los usos productivos se ven considerablemente limitados, ya que ninguno de estos equipos es capaz de proveer potencia suficiente para accionar máquinas-herramientas tales como soldadoras, sierras, etc. El servicio es utilizado en la iluminación, en la utilización de equipos de comunicación social y en algunos artefactos eléctricos de uso domiciliario.

La concesión del MED se concretó en diciembre de 1996, momento a partir del cual entra en escena un nuevo actor social (la empresa concesionaria del servicio) situación que generó un cambio considerable en las reglas de juego y mucha incertidumbre por parte de los usuarios del servicio.

A partir de ahora el estado provincial deja de ser quien preste el servicio para realizar tareas de control y regulación. Es en este contexto en el que se inicia mi investigación sobre el proceso de energización en comunidades rurales de la Puna, que tiene como objetivo central realizar un diagnóstico de los impactos sociales generados hasta la actualidad por la incorporación de la electricidad en comunidades campesina de la Puna jujeña.

Políticas de energización en la Puna jujeña e impacto social. El Moreno como caso de estudio La caracterización del proceso de energización en Jujuy plantea una serie de condiciones comunes a las comunidades campesinas de la Puna, por las cuales se encuentra en pie de desigualdad frente a las condiciones de accesibilidad a un servicio eléctrico de calidad. Esto se debe básicamente a los siguiente factores: - una estructura agraria atravesada por relaciones sociales en las que las comunidades campesinas ocupan un lugar subordinado por una clase social capitalista vinculada a la producción agroindustrial.

- una organización del territorio centrada en las áreas de producción de esos cultivos y de los principales centros urbanos, hacia donde se dirigieron las mayores inversiones en infraestructura de servicios públicos.

- un modelo energético cuya configuración reproduce esta organización territorial, manteniendo desprovistas de electricidad a las comunidades campesinas por largo tiempo, o bien prestando un servicio que se realiza con equipos de baja potencia.

- una subordinación étnica de las comunidades campesinas identificadas como qollas en estrecha vinculación con la subordinación social.

- un aparato estatal provincial controlado secularmente por los sectores hacendados y comerciales y que nunca encaró ninguna política orientada al mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida de estas comunidades.

- un proceso de privatización que impone una nueva lógica de intervención en el proceso de energización, generando reticencia en la población involucrada, dadas las serias dudas que se plantean sobre las condiciones futuras de expansión y mejoramiento del servicio.

Es en este contexto que defino mi proyecto de investigación, el cual tiene como propósito realizar una evaluación de los impactos generados en este grupo social por la energización eléctrica en las condiciones aquí analizadas. En tal sentido, las preguntas que orientaron el inicio de la investigación fueron: ¨qué cambios han ocurrido en las condiciones vida de una comunidad campesina de la Puna jujeña como resultado de la utilización de tecnologías energéticas alternativas al sistema eléctrico nacional?; ¨se trata de una mejora considerable en la satisfacción de necesidades básicas, traduciéndose esto en un aumento del bienestar, o se trata de un cambio accesorio?; ¨se generó algún cambio significativo en la esfera de la producción?; y finalmente, frente a la actual coyuntura de privatización del servicio eléctrico: ¨cuáles serán los criterios de rentabilidad que guíen la ejecución de las políticas de energización para el caso del mercado eléctrico disperso? y ¨qué posibilidades concretas existen de que toda la población aún no abastecida posea servicio eléctrico y se mejore la calidad del ya existente?.

Como estrategia metodológica se decidió seleccionar una comunidad campesina de la Puna jujeña para realizar el trabajo de campo. Es necesario aclarar que la utilización hecha en este trabajo del concepto comunidad remite a un recorte territorial en proceso de ser jurídicamente instituido y otorgado en propiedad comunal por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y a la población asentada dentro de los límites de la propiedad comunal (Ostrosky, 1996). Se emplea un concepto operativo del adjetivo campesino, considerando como tales a las comunidades compuestas por "unidades domésticas de producción basadas en el trabajo familiar no necesariamente exclusivo y cuya dotación de medios de producción impiden superar el umbral de la acumulación" (Tsakoumgkos, 1993, 113). Se ha elegido para realizar el trabajo de campo a la comunidad campesina correspondiente a la localidad El Moreno.

Caracterización de El Moreno8 El Moreno es una localidad rural localizada en sector oriental de la Puna jujeña a 3625 msnm, en el departamento de Tumbaya. Esta localidad, que cuenta con unos 200 habitantes, funciona como cabecera de un distrito homónimo de aproximadamente 600 habitantes en relación a la prestación de servicios de salud, educación, seguridad social, provisión de mercaderías y vinculación administrativa con el Municipio de Purmamarca.

La Organización Comunitaria Aborigen "Sol de Mayo" con personería jurídica, opera como representación del distrito frente al municipio y al gobierno provincial.

La economía de esta comunidad se centra en la cría de ganado menor en forma extensiva, con predominio de ovinos y caprinos, y secundariamente en la agricultura estacional (en los meses de verano) limitada a aquellos sitios con posibilidades de riego9 . Los productos obtenidos con la agricultura se destinan al autoconsumo, en tanto que la lana obtenida de la cría de ganado se suele trocar con el almacenero del lugar por mercadería. En algunos casos también son vendidos los excedentes agrícolas. De modo tal que se trata de una economía de subsistencia, donde predomina el empleo de fuerza de trabajo familiar, y con escasa incidencia en los mercados de productos de la Puna.

Si bien la base económica es la ganadería y la agricultura, actividades que ocupan mano de obra fundamentalmente familiar no remunerada, en la mayor parte de los grupos familiares al menos uno de sus miembros desarrolla una actividad complementaria. Esta puede ser: un empleo como personal de servicio en la escuela de la localidad (encargada del albergue, porteros, mucamas, cocineros), como comerciantes o empleados de comercio, como tejedores o como albañiles. Cualquiera de estas ocupaciones generan ingresos adicionales, que tienen gran importancia en la economía doméstica.

En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica, cabe aclarar que la comunidad está localizada a unos 80 km. de distancia del área de cobertura actual del Sistema Interconectado Nacional. Por esta razón, no cuenta con electricidad suministrada a través de ese sistema. Frente a esa situación esta localidad fue provista de tecnología energética alternativa, construida en una usina eléctrica de generación diesel de 48 Kw de potencia instalada, que a través de líneas de 6,2 kv. abastece a 28 viviendas localizadas en el área aglomerada, el almacén, las oficinas públicas, el salón de la Asociación Comunitaria Aborigen Sol de Mayo, el Club y la Iglesia. Esta pequeña central provee también de energía para el sistema de alumbrado público que cuenta con un total de 22 lámparas de 200 w. El horario de funcionamiento de la usina es de 20 a 24 horas en los meses de verano y de 19 a 23 en el invierno. La equipo diesel fue cedido por el estado provincial hacia 1986, y el edificio construido por la propia comunidad.

Desde su instalación hasta diciembre de 1996, momento en que el servicio es privatizado, la población se hizo cargo de la compra del combustible, en tanto que el usinero era pagado por la Municipalidad de Purmamarca, y el mantenimiento y reparación, así como el traslado del gasoil desde San Salvador de Jujuy a El Moreno lo hacía, la Dirección de Energía de Jujuy. Para poder pagar el combustible las familias abonaban $4 por lamparita instalada en la vivienda, sin costos adicionales por otros usos (planchas, radiograbadores, estufas de cuarzo, cuyo uso masivo en los meses de más bajas temperaturas suele exceder la capacidad de generación de la usina).

De la descripción realizada se desprende que el servicio que recibe la población de El Moreno es reducido en potencia y en horas, es decir, no permite acceder a una tipo de consumo potencialmente ilimitado como el del servicio urbano. Muy por el contrario, el equipo con el que cuentan presenta serias restricciones para la utilización de aparatos eléctricos y electrónicos de elevado consumo.

El tipo de consumo satisface fundamentalmente algunas necesidades de reproducción social, limitándose considerablemente los potenciales usos productivos. En ese contexto, la leña sigue siendo el combustible utilizado de manera generalizada para la satisfacción de necesidades de cocción de alimentos, calefacción y calentamiento de agua10 .Se trata entonces, de una comunidad campesina localizada a suficiente distancia del Sistema Interconectado Nacional como para que resulte imposible su conexión aún en el mediano plazo. Frente a esa situación ha sido provista de tecnología energética alternativa que sin embargo no produjo una situación de igualación habida cuenta de las limitaciones en el consumo. La reciente privatización, asimismo, generó reticencia por parte de los pobladores, dado que no avisoran un cambios sustancial en la prestación del servicio.

Resultados preliminares de las primeras observaciones en El Moreno 8

Dicha evaluación se realiza a través de una aproximación cualitativa por la cual se espera recuperar la perspectiva de los actores sociales afectados por las políticas de energización, y examinar los cambios ocurridos en el medio social en el cual se desenvuelven sus prácticas cotidianas.

Las técnicas de observación participante y de entrevistas en profundidad para elaborar historias de vida son las que más se ajustan a la estrategia metodológica adoptada.

El trabajo de campo contempla por lo menos tres campañas, la primera de las cuales fue realizada en el mes de agosto pasado, y tuvo como objetivo el acceso al campo, es decir, un objetivo básicamente exploratorio. Para tal oportunidad, y como guía para las observaciones se definieron cinco ejes, a saber: las condiciones de habitabilidad, tanto de la vivienda como del aglomerado rural, derivadas especialmente de la disposición de iluminación nocturna.

los modos de comunicación social, a partir de la posibilidad de tener aparatos electrónicos como la radio, el televisor y la video casetera.

los hábitos de consumo, suponiendo, por un lado, el efecto demostración que puede generar la televisión, y la posibilidad concreta de incorporar ciertos aparatos eléctricos, como la plancha, el lavarropas, la estufa eléctrica, etc., que inciden a su vez en las condiciones de habitabilidad.

la organización de las actividades domésticas cotidianas, a partir de la incorporación de nuevos hábitos de consumo, y de las nuevas formas de sociabilidad.

las formas y los ámbitos de sociabilidad, por el encuentro en torno a la televisión, por la posibilidad de tener equipos musicales para las fiestas locales, etc.

Uno de los primeros resultados de este viaje fue que alguno de estos ejes cobraron mayor jerarquía y otros aparecieron menos relevantes de lo que se había supuesto incialmente.

Los que cobraron mayor valor analítico son los ejes referidos a los cambios en la organización de las actividades domésticas cotidianas y en las formas y los ámbitos de sociabilidad. El primero tiene que ver con la prolongación de la jornada gracias a la posibilidad de contar con iluminación en las horas nocturnas. La importancia radica en los cambios en la organización de las actividades domésticas, situación atravesada por las relaciones sociales de género conformadas al interior de la unidad doméstica. En alguna medida, los cambios en las condiciones energéticas parecen haber generado una reestructuración en la división sexual del trabajo, particularmente en relación a una actividad para la cual la luz eléctrica se puede constituir en una valiosa herramienta de trabajo: la actividad de tejido. Esta ocupa un lugar secundario en la composición del ingreso campesino, pero importante de cualquier manera. Su realización implica, para las mujeres campesinas, una prolongación de la jornada laboral, realizando una actividad que por momentos se vuelve un aporte para la reproducción social (tejiendo prendas que son usadas por los miembros de la unidad doméstica) y en otros momentos constituirse en una actividad productiva, cuando se da la oportunidad de vender las prendas confeccionadas.

Por otra parte, la potencia instalada permite conectar equipos de sonido, los cuales son utilizados en las fiestas comunales (como la fiesta de la patrona del lugar, la Virgen de la Nieve), afectando así la forma y la organización de esta actividad de encuentro comunitario.

Debo advertir que las observaciones realizadas en el campo están siendo aún procesadas, motivo por el cual no puedo avanzar conclusiones. Las mismas podrán ser expuestas en una próxima realización de este encuentro.

MAPA 1

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NOTAS

1 Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires / ALEJBEN@filo.uba.ar 1 Se entenderá por red técnica (Dias, 1995) a aquellas redes físicas que soportan la circulación material de la energía eléctrica, de la información, de las mercancías, etc.

2 Las distintas regiones energéticas definidas por Agua y Energía Eléctrica coinciden con las regiones de planificación del CONADE (Buenos Aires, Litoral, NOA, NEA, Centro, Cuyo, Comahue y Patagonia) (Agua y Energía Eléctrica, 1987?). En adelante me referiré a las regiones así definidas.

3 Existen algunos sistemas regionales y provinciales de envergadura que aún no han sido incorporados al SIN, como los de Patagonia, Misiones, y, entre otros, el Sistema Aislado de La Quiaca.

4 Según estos autores fue La Plata la "primera ciudad en Sudamérica con alumbrado eléctrico", cuando en 1881 instalan la "primera usina no precaria".

Bragado lo tendrá en 1897, Mercedes en 1891 y Bahía Blanca en 1897. Si bien en Buenos Aires se realizó un primer intento en 1886, no será hasta la primera década del siglo XX cuando la electrificación registre un punto importante de inflexión (Liernur y Silvestri, 1993, 27-28).

5 Una interesante producción cartográfica por la gran cantidad de información que incluye, es el Atlas del desarrollo territorial de la Argentina, de Randle (1981) en el cual se puede observar el trazado de las distintas redes técnicas y su expansión a lo largo de la colección de mapas. En el caso de los caminos la secuencia se inicia en el período prehispánico, en tanto que para la red eléctrica la serie de mapas comienza en 1960 y concluye en 1978. Para las redes eléctricas actuales véase: Grupo de Geografía de la Energía, Instituto de Geografía-Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación (1995) Mercado eléctrico disperso de la provincia de Jujuy, Buenos Aires.

6 El servicio eléctrico de la provincia de Salta se privatiza en similar condición que el de Jujuy, con la diferencia de que el Gobierno de la Provincia aporta fondos eléctricos para que el concesionario abastezca en el término de cuatro años 434 servicios públicos. Por su parte, la provincia de La Rioja ya concesionó el mercado concentrado y actualmente la legislatura analiza la concesión del mercado eléctrico disperso incluyendo el abastecimiento de agua. Las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero han concesionado el servicio eléctrico sin distinguir los dos mercados, siendo el área de concesión la totalidad del territorio provincial.

7 Por mancha eléctrica se entiende el área de cobertura definida por el 10 % del alcance técnico-económico que surge de la aplicación de la regla de Stilling (Yanes et al, 1988), o sea, es el área de potencial cobertura por la prolongación de la red ya instalada

.8 Esta caracterización sintetiza un informe recientemente elaborado, el cual fue entregado a esta comunidad en ocasión del viaje al campo (Combetto y otros, 1997).

9 La reciente y creciente incorporación de invernaderos permite prolongar el período de cultivo y multiplicar la especies cultivadas

.10 Las principales especies utilizadas son: tola vaca, inca, rica-rica, añagua y chiyán. De menor importancia son: lejía churqui, sauce, olmo y olmo siberiano. Dadas las condiciones ambientales, el tipo de arbusto que se adapta es de tipo rastrero con el mayor desarrollo leñoso en las raíces. Esto crea la necesidad de extraer a las plantas de raíz, dejando el suelo expuesto a la acción erosiva, lo que provoca una sobre-deforestación por efecto de la extracción por encima de la capacidad de renovación del ecosistema.

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