NUEVAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD: MAPA DEL DELITO O LA CONSTRUCCIÓN "DEMOCRÁTICA" DEL SUJETO PELIGROSO. [1]

Cecilia Varela: varelas@radar.com.ar
Mónica Escayola: mpel@arnet.com.ar
Gabriela Rodríguez: motero@credicoop.com.ar  [2]

RESUMEN:

El presente trabajo forma parte de una investigación que nos encontramos realizando en el marco del Programa de Estudios del Control Social (PECOS). Conforman nuestro objeto de investigación las políticas de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tanto toma de posición del Estado frente a una cuestión "socialmente problematizada", (Oszlak y O’Donnel, 1992). En este sentido, abordamos la problemática a partir de una de sus cristalizaciones, los Consejos de Prevención del Delito y la Violencia, ámbitos destinados a desarrollar acciones tendientes  a la (co)gestión de la seguridad local por parte de vecinos, funcionarios y policías.

Nos proponemos, desde una perspectiva antropológica, abordar una de las actividades que se llevan a cabo en estos ámbitos: la confección del mapa del delito/conflicto barrial. Nuestro interés radica en dar cuenta de los efectos de estas prácticas como ampliación solapada de las redes de control social.

                                                               " Hay un espíritu critico de verdad, enemigo de la psicosis, que sabe que la actitud del pesimista es tan ilusoria como la del optimista, este espíritu critico es capaz de desenmascarar las ilusiones y las supuestas certezas, pero al mismo tiempo es consciente de lo que vale, sabe que representa una fuerza en si, un valor, un poder sobre el cual es posible fundar el porvenir."

Milan Kundera

La cuestión de la seguridad urbana deviene tema central de las agendas públicas en las ultimas dos décadas. Esto presupone una nueva filosofía en el diseño y gestión de políticas criminales con una fuerte orientación hacia las intervenciones preventivas. En este sentido, la comunidad local adquiere un carácter protagónico a la hora de señalar aspectos vinculados a  una "eficiente" gestión del riesgo.

En este marco, se distinguen dos grandes modelos. Por un lado, la prevención situacional, que, básicamente, opera a través de la modificación del espacio urbano tendiendo a la disminución de situaciones criminales, a partir del supuesto de una racionalidad de costo-beneficio implicada en la comisión de ilícitos. Por el otro, la prevención social implica la eliminación o neutralización de los factores criminógenos mediante una amplia red de dispositivos de intervención sobre sectores poblacionales "en riesgo".

En ambos modelos se focaliza en aspectos subjetivos, ya que se torna central la "sensación de inseguridad". De lo que se trata pues es de luchar contra la criminalidad subjetiva, en otros términos, contra el "sentimiento de inseguridad". En esta línea Jean-Claude Guezou (1998:116), afirmará que "en este tema no hay texto, las calidades personales y la motivación tienen primacía a menudo sobre las calidades técnicas. Es en efecto ilusorio creer que los problemas de seguridad se limitan a las solas evoluciones de las estadísticas de delincuencia. (...) La lucha contra el sentimiento de inseguridad no puede concebirse para ser eficaz o durar, más que a través del compañerismo y la solidaridad".

En la Ciudad de Buenos Aires la gestión de la (in)seguridad se plasma en el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) dependiente del gobierno local.  Si bien en el PSC se traslucen elementos de ambos modelos, no se puede establecer una correspondencia con alguno de ellos en particular.

Con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Octubre de 1996, quedan establecidos los objetivos políticos en materia de seguridad urbana. En el artículo 34 se establece que "la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. El servicio estará a cargo de un policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo. El gobierno de la ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia diseñando y facilitando los canales de participación".

El 16 de septiembre de 1998, mediante el decreto 1740, el Jefe de Gobierno crea el PSC a fin de dar cumplimiento a la normativa constitucional. Entre sus fundamentos se sostiene que " (...) la seguridad pública es un derecho inalienable y su tutela eficiente presupone la protección de la integridad y los bienes de los habitantes, además de la previsión de los mecanismos idóneos que se anticipen al hecho delictivo o violento. Se trata de proteger la vida, los bienes personales, y las garantías constitucionales de los habitantes, de conservar el orden y de aplicar coactivamente la ley, (...) la seguridad no se agota en la mera presencia disuadora de la policía, ya que existe una real necesidad de participación activa del ciudadano común en la prevención. (...) Es necesario coproducir la seguridad, del lado de la policía, a través de una actividad policial comunitaria basada en el reconocimiento de que la actividad policial tradicional no ha satisfecho en cierto modo las expectativas. Del lado de la comunidad, se trata entonces de poner en marcha mecanismo de participación comunitaria activando recursos barriales y promoviendo el accionar de los controles sociales informales. (...). La seguridad ciudadana hace a los aspectos jurídicos y penales y agrega un criterio globalizador garantista de las libertades y derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad. (...) Es necesario lograr ausencia de peligro físico o contra los bienes personales de los habitantes de la ciudad rescatando un sentimiento generalizado de bienestar e inexistencia de miedo a la coerción o violación de derechos individuales por parte de la autoridad. (...)  El objetivo final es elevar la calidad de vida en las ciudades trabajando en asociación con la comunidad y de acuerdo con los derechos constitucionales para hacer cumplir la ley, preservar la paz, reducir el temor y proveer a un ambiente seguro."

Si bien no desarrollaremos en extenso las funciones y actividades que comprende el PSC, es necesario dar cuenta, brevemente, de una de sus cristalizaciones; los Consejos Barriales de Prevención del Delito y la Violencia (CBPDV). La creación de estos espacios se orienta hacia el diseño de agendas locales de seguridad "dentro del marco de la participación democrática".

Los consejos presuponen la participación de vecinos residentes, comerciantes, ONG's,  asociaciones barriales reconocidas y representantes de  instituciones oficiales de cualquier tipo, (escuelas, hospitales, centros asistenciales, etc.). Asimismo, cuentan con la presencia de un representante del Centro de Gestión y Participación [3] , (CGP), funcionarios y técnicos del PSC, funcionarios de promoción social y, en carácter de invitados, comisarios de las jurisdicciones correspondientes.

Habiendo detallado, brevemente, los aspectos normativos nos concentraremos en nuestra experiencia de campo.

 El PSC informa que hasta el momento se han conformado 13 consejos, no obstante, funcionan actualmente 9 de ellos.

Nuestro trabajo de campo se viene desarrollando desde mediados de 1998. Hemos asistido a siete consejos, de estos siete realizamos un seguimiento, que se extiende hasta la fecha, en los CBPDV del barrio de Saavedra, Palermo, Barrio Norte, Flores y Floresta.

A los efectos de este trabajo nos concentraremos en una de las tantas misiones de estos ámbitos de "participación", esto es la confección del mapa del delito/conflicto.

El presupuesto para la confección de este instrumento, en palabras del PSC, es el siguiente: "son los ciudadanos los que saben que hay que hacer en su barrio en materia de seguridad. Ningún funcionario lo conoce como los vecinos que viven en él. Son ellos los que pueden realizar un diagnóstico local ajustado. La ciudadanía debe definir los fines, los técnicos buscan los medios para satisfacerlos (...)".

La dinámica propuesta por los funcionarios, para la construcción de dicho instrumento de diagnóstico, fue la realización de talleres coordinados por técnicos del PSC, los cuales  adquirieron distintas modalidades a lo largo del tiempo.

En una primera reunión, a la que asistimos en carácter de observadoras, se plantea la utilidad y necesariedad del mapeo barrial. De este modo, la funcionaria a cargo del taller instruía a los vecinos en los siguientes términos:

El mapa servirá a los efectos de:

·   Saber cómo es y qué configuración tiene el barrio.

·   Detectar los principales focos de inseguridad.

·   Determinar las situaciones y espacios propicios para que se consuma un acto delictivo.

·   Identificar a las víctimas potenciales.

Para ello es importante conocer la historia, fundación del barrio, su crecimiento demográfico, sus límites, su economía, actividad cultural, social. Hay que determinar la inclusión/exclusión de los diversos grupos sociales. Demarcar las diferentes vías de comunicación.

Asimismo, tener un conocimiento de sus instituciones, organizaciones o grupos sociales, su ubicación a través de listados de todos los organismos del barrio: escuelas, iglesias, clubes, hospitales, ONG's, asociaciones de comerciantes, comisarías, etc.

Por otra parte, hay que detectar las situaciones irregulares que afectan la seguridad como  ser: calles sin iluminación, paso a nivel clausurado, árboles que obstruyen la iluminación en parque, plazas, falta de semáforos.

Otro punto importante, a determinar, son las situaciones de conflicto que amenazan la convivencia, es decir, autos abandonados, casas tomadas, uso abusivo de las plazas, ejercicio de la prostitución, etc. Por otra parte, se deben localizar las zonas de riesgo delictivo, salidas de los bancos, comercios, cuadras más propicias para los arrebatos, salidas a vías rápidas, estaciones de trenes, terminales de autobuses, etc.

En un taller posterior, los funcionarios organizan a los vecinos en grupos a los efectos de adiestrarlos en el relevamiento y sistematización en base a unas planillas aportadas por el programa. La intencionalidad, asimismo, apuntaba a una evaluación interna de la viabilidad de este sistema como herramienta de recolección de datos, tomando en consideración que, esta tarea,  debería ser desarrollada por vecinos sin experiencia previa en la materia.

Las planillas entregadas a los grupos comprenden varios ítems. Los funcionarios, instan a trabajar las planillas de conflicto y riesgo barrial, dado que las tareas técnicas de relevamiento de datos quedarían pendientes para un taller posterior.

Para tener una visión de los límites en los que se problematiza la cuestión de la seguridad creemos relevante transcribir, brevemente, los puntos que componen las planillas de observación.

El ítem riesgo barrial contempla los siguientes puntos: bancos con antecedentes de robos "salideras", centros y zonas comerciales con antecedentes de robos; cuadras más propensas a arrebatos en la calle, robos de vehículos, robos en propiedades; plazas o espacios solitarios con antecedentes de hechos delictivos; estaciones de trenes, de subterráneos, de colectivos con antecedentes de hechos delictivos.

El apartado conflicto barrial se encuentra integrado por los siguientes puntos: casas tomadas, vehículos abandonados, ejercicio de prostitución, patotas, venta de alcohol a menores, mendicidad, vendedores ambulantes.

Ahora bien, cuáles son los resultados, qué es percibido por el vecino como riesgo y conflicto barrial.

Cada grupo de vecinos fue priorizando aquellos factores que, subjetivamente, incrementan la "sensación de inseguridad". Los resultados demarcan las áreas de "conflicto" y "riesgo", esto es determinadas presencias o actividades. De esta manera el diagnóstico de las preocupaciones vecinales comprende los siguientes puntos: venta de alcohol a menores, patotas, motociclistas, vendedores ambulantes, mendicidad, cirujeo, cartoneros, subterráneos, paradas de colectivos y taxis, obras en construcción, floristas, kioscos, plazas.

Las razones que se esgrimen son variadas, en cuanto a las plazas, "hay drogas, violencia, gente durmiendo". Respecto a los vendedores ambulantes, "no sólo venden verduritas y bombachas las bolitas". Por su parte, las obras en construcción representarían un "peligro" en la medida que algunos trabajadores pernoctan en el lugar y pueden, desde allí, observar el barrio y posteriormente robar. Uno de los puntos que generó mayor tensión fue la acusación dirigida hacia los floristas por supuesta venta de estupefacientes. Acusación que parte de los vecinos desestimaron.

Dado el diagnóstico, las soluciones propuestas son expresión del consenso de los diferentes grupos participantes en el taller. En tal sentido, priorizan un exhaustivo control sobre lugares de venta de alcohol y drogas, exigen mayor iluminación de la vía pública y un incremento de la presencia y del accionar policial.

En un tercer taller, ya constituida la comisión [4] "mapa del delito", se trabaja sobre los aspectos técnicos relativos a la recolección de datos. De esta manera, un funcionario del programa (experto en redes de seguridad), presenta a los miembros de la comisión una guía de definiciones operativas de ítems a observar y codificar, (robo, hurto, patotas, casas tomadas, vehículos abandonados, venta de alcohol a menores, vendedores ambulantes, posibilidad de derrumbe, falta de iluminación, árboles) como asimismo la planilla de observación correspondiente.

El experto en redes de seguridad propone la realización de un pequeño ejercicio, esto es el llenado de la planilla a partir de hechos concretos que los participantes recuerden haber vivenciado. Las variables contempladas son: fecha, hora, descripción del problema, diferenciación entre información directa o por interpósita persona, lugar (calle y número), observaciones (que contengan, en la medida de lo posible, una descripción detallada del agresor y/o la situación).

A diferencia de lo antes descripto, otra de las modalidades no se ajusta a las pautas del PSC. Son los propios vecinos quienes se encargan de diseñar el instrumento de diagnóstico, en este caso una encuesta en lugar de planillas de observación. De esta manera, proponen una metodología probabilística, dividiendo la zona del CGP en 5 subzonas (desde un criterio socioeconómico) a fin de obtener de cada zona un número de encuestas que pueda considerarse, en cierta medida, representativo de la problemática de cada lugar del barrio. Es así, que la construcción del mapa de delito y la violencia - así resignificado por estos vecinos -  implica reconocer que cada zona presenta características diversas. Estos vecinos parten del convencimiento de que, en cada lugar, las problemáticas asumirán características diferentes (por ejemplo arrebatos para una zona, y para otras, como ser zona de casas tomadas, discriminación y violencia policial). Esta propuesta contempla, en una primera etapa, delimitar zonas y,  en una segunda etapa, evaluar la magnitud de lo que sucede, en sus propias palabras "preguntarles a todos es la única manera de que la información no sea sesgada".

El instrumento diseñado reviste la forma de una encuesta de victimización que focaliza en los siguientes puntos. En primer lugar, arrebato y robo, a continuación el apartado uso arbitrario de la fuerza por parte del estado (detención, pedido de documentos y/o identificación, coimas), en tercer lugar, uso de la fuerza por parte de instituciones o empresas privadas, en cuarto lugar,  discriminación por parte del estado y/o instituciones privadas y,  por ultimo, casos de violencia familiar.

Esta metodología de relevamiento de datos apunta a tener una acabada visión de las respuestas institucionales. Es decir, las preguntas de la encuesta se encuentran orientadas no sólo a un relevamiento de los hechos, sino, asimismo, a evaluar la calidad de la respuesta institucional. De esta manera, para el caso arrebato se indaga acerca del lugar, características de la víctima, si se efectúo la denuncia, calidad de atención y resultado de  la intervención de la institución policial.

Los fundamentos de la encuesta son detallados en una carta de presentación que se adjunta al cuestionario. En ella manifiestan que las respuestas obtenidas serán sistematizadas a fin de a) elaborar un boletín informativo en el que estarán incluidas sugerencias para la prevención más efectiva del delito  y la violencia; b) generar la constitución de talleres de estudio de las distintas problemáticas que detectemos puntualmente; c) tramitar antes las autoridades del CGP, la adopción de medidas para ir solucionando los problemas de infraestructura ciudadana que aumentan el riesgo de aparición de focos de delito y/o violencia; d) confeccionar una cartilla informativa que permita encauzar las denuncias por la vía correcta y mejores resultados en la gestión de las mismas; e) crear un grupo de consulta y asesoramiento en temas de violencia familiar o de la violencia generada por abuso de autoridad de miembros de gobierno, de la policía, o de empresas de custodia o seguridad privada y/o empresas comerciales.

En estos dos modelos la realización del mapa del delito/conflicto responde a estrategias bien diferenciadas. La modalidad que se ajusta a las pautas del PSC se apoya en un mecanismo de recolección de datos centrado en la figura del vecino participante del CBPDV. Es este quien tiene a su cargo la tarea de recorrer el barrio, planilla en mano, en función de constatar la existencia de todas aquellas situaciones o presencias que, de antemano,  han sido demarcadas como fuente de inseguridad.

Por su parte, la modalidad de encuesta, implica derivar, la problematización de la cuestión, en la mayor cantidad de gente posible o bien aumentar la representatividad. En virtud de ampliar la convocatoria y acceder a las distintas zonas del barrio, se ponen en contacto con  diversas organizaciones intermedias a los fines de efectuar la reunión en las mismas. Es en estas reuniones que son distribuidos los cuestionarios entre los asistentes. De esta manera logran un margen de representatividad mayor que la anterior modalidad.

La propuesta de cogestión de seguridad encuentra su punto de mayor tensión en aquellos grupos de vecinos que desestiman la política del gobierno local. Esto se expresa en la negativa a la construcción del mapeo barrial.

En contraposición a la propuesta de participación comunitaria, reclaman una política de seguridad de estado. Ello puede ser visualizado a partir de las peticiones concretas que realizan al participar en las reuniones de los CBPDV. Este espacio es utilizado en tanto lugar privilegiado de reclamo, cara a cara, con los funcionarios locales.  Las demandas concretas son: modificación del Código Penal, de Procedimiento Penal y Código Contravencional, (CC) [5] . Parten del supuesto que, sin estas modificaciones legislativas de fondo, todo diagnóstico no conduciría a soluciones definitivas a la problemática de la seguridad.

De esta manera, a la propuesta de cogestión local de la seguridad oponen el reclamo de una política de seguridad de estado, dado que la seguridad es un derecho que el estado debe garantizar a los "contribuyentes".

Estas posiciones desencadenaron dos situaciones concretas, por una parte, generaron incertidumbre en cuanto a la continuidad y consolidación de algunos de estos ámbitos de participación. Por la otra, provocaron profundas divisiones internas entre los participantes. La estrategia de estos "contribuyentes" se orienta a utilizar los espacios de participación, generados por el gobierno local,  en función de imponer su visión de la problemática y, de esta manera,  obturar la emergencia de discursos divergentes.

No es un detalle menor dar cuenta del éxito que han tenido estos sectores. Actualmente, la mayoría de los CBPDV solicita, al gobierno nacional, una profunda modificación  normativa y, al gobierno local,  el urgente tratamiento del CC. La coyuntura actual, según estos sectores, requiere poner fin a la impunidad propia de "leyes que amparan a la delincuencia".

A partir de este panorama podemos plantear una serie de interrogantes, quiénes son, efectivamente, los sujetos convocados, cuál es el destino final del mapeo, cuáles serán los territorios de intervención.

Mas allá de la amplitud de la convocatoria, quienes efectivamente participan son un puñado de representantes de asociaciones barriales, partidos políticos y figuras ilustres del barrio. La asistencia promedio, variando de consejo a consejo, oscila entre 10 y 40 personas. En general son personas mayores, muchos de ellos comerciantes, "ex" miembros de diferentes fuerzas de seguridad, vecinos amigos del comisario de la zona y eventuales participantes que recurren a las reuniones en busca de soluciones concretas frente a algún reclamo particular. Hay nula participación de sectores juveniles y populares. Asimismo, es impensable la asistencia de organizaciones que nucleen a trabajadores del sexo, vendedores ambulantes, organizaciones travestíes y gays, desocupados y ocupantes de viviendas, en suma, los "otros" vecinos del barrio en conflicto con "ellos" la comunidad.

La ausencia de jóvenes en los CBPDV, es una de las cuestiones más problematizada por funcionarios y asistentes. En este sentido, han montado diversas estrategias para paliar la situación. Se recurrió a centros de estudiantes de escuelas secundarias y universidades privadas, así como también a formas más amplias de convocatoria, como ser la distribución de folletines informativos, en consorcios, comercios, clubes. No obstante el esfuerzo, no han tenido éxito, los jóvenes están ausentes en estos espacios.

Tal vez encontremos la respuesta en el hecho que los jóvenes son  uno de los sectores que acapara la mayor cantidad de denuncias informales; en tanto son "denunciados" como generadores de permanente amenaza y, por ello, fuente de inseguridad. 

En igual dirección se problematiza la venta ambulante, la ocupación de viviendas, el cirujeo, la inmigración, la prostitución etc.

Parafraseando a Geertz, todo el que haya estado en un consejo sabe que expresiones de este tenor son habituales.

"Usted sabe, usted sabe perfectamente, debe saber, sé habrá enterado que los chicos, los chicos cuando salen de los bailes salen a destrozar todo, hacen de todo".

"En esa zona está MC Donald´s y no sabe la cantidad de chicos que hay, se juntan todos allí, están todos sentados en la calle. Entonces, es un peligro inminente, es tremendo el peligro, porque son muy agresivos algunos, son locos algunos".

" En... hay un maxiquiosco que vende bebidas alcohólicas a los menores, bebidas a los menores y no tan menores. Esta lleno de chicas, hay muchos colegios de monjas  Todo esto acontece en la madrugada del sábado y la madrugada del domingo, chicas de colegio de monjas con el uniforme gris tiradas allí y haciendo todo lo que usted puede imaginar. Pero ahora han tomado la cuadra como un lugar de encuentro, entonces, hay como 60, 70, cualquier cantidad de chicos, borrachos, ensucian. Uno está encarcelada en su propia casa y esto no puede ser".

"Veo a los vendedores ambulantes, y uno  no sabe que es los que hacen;  son gente que tienen unas caripelas, también hay gente que habré las bolsas de basura, los cirujas que vienen de la provincia a mi barrio a revolver la basura. Yo fui a la comisaría a contar este problema y allí me responden que no tiene personal ni presupuesto. Hay una tropa de gente que viene de San Miguel a abrir las bolsas de basura del barrio. Yo le dije al comisario que si el no hace nada yo mismo los voy a matar, voy a salir con una pistola y les voy a poner un tiro en la cabeza".

"Un problema al que me gustaría se le diera lugar aquí, es, aquí se hablo de la droga, pero hay otra  cuestión que no se tiene en cuenta que es la responsabilidad actual y no meto a todos en la misma bolsa, de los padres de hoy, porque mi abuelo se horrorizaría de ver hoy a jóvenes con chicas de trece o catorce años, a las tres de la mañana en la calle, entonces quiero decir que también para  combatir un poco el flagelo de la droga y la delincuencia, habría que educar a los padres".

"El problema que tenemos acá es irresoluble, están las personas que piden en la calle, los chicos de la calle, los chicos bebiendo en los kioscos, a toda esa gente que pide continuamente en la calle habría que echarla, están en mi cuadra y no puede ser".

"El problema no es la gente en la calle, el problema es la gente que toma las casas, eso son los peligrosos, no la gente que duerme en la plaza, la que toma casas".

"Otra de las cosas que también me parece importante, es el tema inmigraciones. Nosotros los que somos tradicionales de La Boca, vemos las casas aquellas en que hemos vivido, conventillos y, que hoy pudimos salir de ello, vemos con mucho dolor que están tomadas. Pero están tomadas por extranjeros, que no queremos que salgan, pero sí, saber quienes son, sí tienen documentos, y que alquilen con legalidad, a través de tener un documento. Pero como hay gente que no está legal en el país, ellos intrusan. El tema es que queremos que venga inmigraciones. Hemos trabajado, durante tantos años y no logramos que vengan y los documenten o nos notifiquen quien es quien, de dónde son, porque no es gente de La Boca es gente que viene a tomar La Boca, y la ha tomado".

"Se está viendo,  ahora, con esa hermosa explanada que tenemos en Caminito, que nos está llegando gente a hacer de cuidadores de autos, que tampoco pertenecen al barrio. Nosotros con esta nueva explanada que podemos disfrutar de los espacios, comprobamos este accionar, es gente que nos viene de afuera, que nos invade los días de partido, porque la gente de La Boca nos conocemos, los de La Boca nos conocemos".

"Vecina 1:Otra pregunta que yo hago, qué vamos a hacer con los travestis y las prostitutas al final.

Vecino 2: Un lindo galpón para ponerlas adentro, lo más parecido a un campo de concentración... en el puerto... lo están terminando de refaccionar".

"Gracias a la ayuda de la policía, que me acompaño media cuadra hasta mi casa, porque venía una negrita que me estaba persiguiendo, gracias a él no me robaron".

"Los que vivimos en la calle X, nuestras casas se han desvalorizado por la prostitución, la policía que esta siempre en la zona, los patrulleros que pasan siempre, pareciera que no ven a los travestis y prostitutas, que están todos desnudos y no se los llevan ¡Es increíble esta casi desnudo y no pasa nada!"

"Vecino 1: Yo tengo un kiosco y a 50 metros hay un maxikiosco, yo respeto dentro de todo, a menores no le vendo, aunque van y buscan un mayor para que les venga a comprar, no vendo cerveza, no vendo poxiram, pero el maxikiosco, les venden las botellas y están tomando de las botellas la muchachada sentados la cerveza en la vereda...

Vecino 2: Usted donde esta.

Vecino 1: Yo estoy en..., estoy  al lado del.... Y están tomando en los maxikioscos igual los despachos de mercadería, incluso también les vende la botella y se sientan en las veredas, en el umbral a tomar. Yo creo que también andan, también buscando los papelitos, para armar, yo no los vendo, sin embargo, sé que otros los venden...

Vecina 3: Qué‚ es el papelito.

Vecino 1: El papelito, es para armar los cigarrillos de droga".

"Yo lo que veo es que la policía no vigila, el vigilante no es vigilante, acá, y eso lo advertí en la comisaría... Entonces vamos a hacer de vigilantes nosotros, sí usted como vecino ve algo raro, tenemos que hacer de vigilantes nosotros mismos y controlar aquellos que nos resulte raro, sospechoso. En USA, el policía es policía es vigilante, se vigila, porque a un negro lo miran, a un poligrillo, lo miran, a uno que se cayó del sistema los miran, y les aseguro que les da terror el policía inspira miedo respeto a la autoridad. Acá lo que hay que hacer es que el policía vigile a los que hay que vigilar que inspire miedo, respeto así podemos cambiar algo, la seguridad depende del miedo a la autoridad, sin temor no hay respeto y hoy los chorros no tienen miedo de nada".

"Yo vivo en el peor lugar de la CBA. En... que se ha convertido en tierra de nadie. Es lo peor, desgraciadamente para mí que soy porteña y amo a la ciudad, tierra de nadie. Tengo una vieja piojosa sentada en la puerta de mi departamento, o sea en la calle, llena de hongos hasta acá, nadie le dice nada. En la esquina tengo la boliviana que vende calzones y corpiños y más allá tengo ese bar... que le dejan a las 6 de la mañana la leche y la levantan a las 10 de la mañana. Y así podría contarle. El otro día apareció un croata vestido de negro con un papel en la mano pidiendo ayuda. - cuento nada más, porque esto es de seguridad, ¿verdad? ".

"Yo estoy a dos cuadras de la comisaría... y tenemos a todos los pendejos vestidos de naranja [6] , que me tienen harta, y que no hacen nada. Bueno, a ver esto que es seguridad y usted señor que sabe tanto de la policía, contésteme qué hago yo donde vivo que están allí y no hacen nada. Quiero defender también a los comerciantes que les cuesta tanto pagar un impuesto y hay una boliviana indocumentada vendiendo ropa interior".

Referencias a hechos delictivos, tales como el robo, arrebatos y hurtos, aparecen entre las preocupaciones vecinales, pero en general más relacionados al mal desempeño del servicio policial. Se atribuye el problema a la falta de personal policial, presupuesto, y la ausencia de un marco normativo a la altura de las circunstancias. Hay, asimismo, quejas puntuales referidas a una connivencia entre policía y determinados hechos delictuales, (robos reiterados en negocios, salideras de banco, prostitución).

Frente a ello, los funcionarios del gobierno de la ciudad, deslindan responsabilidades, dado que hasta la fecha no cuentan con fuerzas de seguridad propias. Esta situación es aprovechada para instar a los vecinos a presionar al gobierno nacional exigiendo el urgente traspaso de la Policía Federal. Asimismo, se comprometen a realizar una profunda reestructuración de la fuerza, en el sentido de reforzar la impronta comunitaria, estrechando, aún más, los vínculos entre las comisarías de la zona y los CBPDV.

Ahora bien, como las demandas más numerosas de los vecinos se orientan a conductas, actividades o personas consideradas "peligrosas", los funcionarios del PSC,  los animan  a realizar la denuncia en sede policial y, en caso de no tener respuestas inmediatas, los invitan a dirigirse a la justicia Contravencional.

Así las cosas, "ellos" la "comunidad" o más bien las elites morales, son los que definen que actividades, conductas, o personas deben ser sancionadas, neutralizadas o erradicadas, son las que tiene éxito en imponer sus valoraciones como la dominante socialmente.

En suma,  la reivindicación retórica de la comunidad se liga a la creciente demanda de implicación de los sujetos en prácticas sociales relegadas tradicionalmente a la esfera de lo estatal, así la seguridad deviene en tema de "todos".

En la teoría sociológica el concepto comunidad es un termino impreciso. Este aparece pues como un principio legitimatorio que abarcaba todas las formas de relación, las cuales se caracterizaban por un alto grado de intimidad personal, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo. En este sentido, la comunidad se presentaba como una fusión de sentimientos, tradiciones, pensamientos y compromisos, de pertenencia y volición.  Así,  el concepto comunidad  ha sido aplicado a una pluralidad de contextos. La idea de comunidad es un concepto revestido de una gran plasticidad y ello se encuentra motivado no tan sólo por la ubicuidad del tipo de relación por ella descripto sino, asimismo,  por el cambiante significado político que ha tenido a lo largo de la historia. La metáfora de la comunidad, alude a una sustantividad moral que aglutina la vida en común proporcionando, supuestamente, cohesión social al individuo.

Ahora bien debemos preguntarnos, cuándo ha existido la "comunidad", en el sentido anteriormente descripto. En general se pasa por alto que también en las idealizadas comunidades (en tanto gente unida entre sí por intereses o prácticas comunes, basadas en el consenso sobre las normas sociales y morales) existen relaciones condicionadas exteriormente, (costumbre, tradición, ritualismo)

La intencionalidad de presentar a la comunidad como un refugio moral resulta insatisfactorio y ello encuentra su motivación en el hecho que toda esfera de lo público no responde a los criterios de cohesión social, consenso normativo, etc., que la definición romántica del término comunidad connota, sino a los de disputa, conflicto, divergencia.

El discurso de la comunidad debe ser inscripto en un contexto histórico mucho más amplio, esto es el debate ideológico que se ha ido generando en las últimas dos décadas dado el declive de las doctrinas políticas y económicas de corte estatalista. Debemos por tanto tener presente que el repliegue del estado de determinadas áreas se ha visto acompañado por una creciente reivindicación de las capacidades que poseen los individuos para protagonizar los procesos de integración moral, económica y política. 

En fin, como Cohen, (1988:179) ya alertara, la comunidad no es sólo un término neutral, "sino una reivindicación moral, no sólo un término clasificatorio para designar como se desarrolla la vida en un espacio geográfico o social concreto, sino de cómo debiera desarrollarse".

Pasaremos ahora a la cuestión del mapa del delito/conflicto. Si uno se remite a la documentación proporcionada por el PSC en ella encontraremos la denominación mapa del delito, la cuestión del conflicto tan sólo es mencionada en el ámbito del CBPDV.

El relevamiento de datos, proporcionado por los vecinos, se orientaría a integrar un Sistema Local de Información sobre Seguridad juntamente con las informaciones producidas por distintas agencias involucradas en el tema. Todo ello posibilitará la construcción del Mapa del Delito de la Ciudad de Buenos Aires.

El destino final del mapeo barrial no es claro, por un lado se niega que la información relevada tenga como destinatario al comisario local, empero, en sucesivas reuniones varios funcionarios del PSC afirman lo contrario, "el mapa del delito posibilita sentarse con la policía sin ánimo de enfrentamiento sino de colaboración, el programa pretende que por los menos una vez por semana se tengan datos, por ello hay que trabajar en la formación de redes, es importante que el vecino quiera ser parte de la solución, es importante que todos conozcan al agente de su cuadra".

Por otra parte el Director del Programa, en una de sus recorridas por los consejos, sostiene que "en la confección de un mapa del delito y conflictividad del barrio, acá estamos trabajando también sobre los que pueden ser los potenciales infractores. Entonces, hemos incorporando a todos los Consejos, a todos, a los funcionarios del Programa de Promoción Social, a los funcionarios de todos los servicios sociales que están funcionando para que cada consejo tenga claro, en cada caso, qué programas sociales tiene a disposición. Es decir, mediaciones juveniles, programas de contención de jóvenes, programas deportivos, programas de reducción de violencia familiar, etc.".

Esta ambigüedad es la que otorga un marco institucional para la denuncia de los "conflictos", de esta manera el mapa del delito deviene mapa del conflicto, al considerar todo un  conjunto de conductas que no son estrictamente delitos, pero que generan una gran sensación de inseguridad.

En que términos los funcionarios se refieren al mapa del conflicto:

"Se habló de mapa del delito, en realidad nosotros preferimos llamarlo el mapa del conflicto, porque es mucho más abarcativo de lo que es solamente el delito y, tiene que ver con un mapeo del barrio en todos los aspectos, en aquellos lugares del barrio donde hay mayor riesgo. Ustedes son los ojos y oídos del barrio".

Vecino: Zona de conflicto qué es para usted

Funcionaria: Una zona de conflicto podría ser una zona con poca iluminación, pero que a lo mejor uno pasa y no hay ni arrebato, ni robo, ni nada, pero no hay iluminación y,  por eso,  es una zona de conflicto. Una zona de conflicto también es una casa tomada, que a lo mejor puede ser un refugio para gente que no tiene donde vivir; pero también puede convertirse en un aguantadero. Esta es la diferencia entre un conflicto y un delito. El mapa del delito lo hace la policía, el mapa del conflicto lo pueden hacer los vecinos. Y es mucho más amplio que el mapa del delito.

La ausencia de un criterio rector de cómo llevar a cabo el mapeo barrial ha posibilitado múltiples estrategias vecinales en su confección. La falta de acuerdo entre los integrantes del PSC, respecto al destino del mismo, genera un alto grado de incertidumbre dada la imposibilidad de brindar respuestas a las demandas vecinales.

Otro detalle que no podemos omitir es el hecho que hasta la fecha no han sabido encontrar la metodología articuladora de la información proveniente de cada consejo.

En una charla informal con un integrante del PSC obtenemos la siguiente información:

"En el programa hay cinco cráneos que no tienen ni idea como elaborar un mapa del conflicto, están hace meses, ellos que son los expertos rompiéndiose la cabeza para ver que hacen con los datos que les bajan los consejos.

Expertos que no tienen idea de nada,  todavía siguen discutiendo".

No podemos afirmar que la información producida por los vecinos sea destinada a la agencia policial, dada la ambigüedad con la que es manejado el tema por los funcionarios. Por otra parte, el objetivo de derivar al área de Promoción Social las distintas problemáticas relevadas tampoco puede ser constatado.

Escasas han sido las oportunidades en las que los funcionarios de Promoción Social  han concurrido a los consejos. La articulación entre CBPDV y las diversas áreas de promoción es nula. De esta manera,  la presencia de estos funcionarios se reduce a plantear los graves problemas de su área, la sobrecarga de trabajo, la falta de presupuesto, etc.

Frente a los problemas de indigencia una asistente social comenta que el Programa sin Techo es de reinserción social, "entiendo que es molesto tener a personas en las puertas de los departamentos durmiendo, y que para eso no hay soluciones concretas. Desde hace 10 años que trabaja en el barrio y que cada vez hay más gente en la zona recolectando, revisando la basura, la Recoleta ofrece más cosas que Mataderos". Por otro lado, haciendo referencia a las parroquias que ofrecen alimentos a personas sin hogar, la misma funcionaria afirma, "los servicios parroquiales son los que generan mayores problemas, fomentan que la gente siga en las calles del barrio pidiendo, en lugar de desalentarlos a que se vayan". Asimismo menciona que "la inseguridad en el barrio no necesariamente se relaciona con la indigencia, pero,  que de por sí genera inseguridad, no hay duda, hay gente que se pone el disfraz de indigente, hay gente que se esta convirtiendo en profesional de la mendicidad".

Uno podría afirmar que lejos de inducir actitudes solidarias que comprometan a la "comunidad", en los problemas de los sectores más desprotegidos del barrio, terminan fomentando y legitimando el pánico moral y social.

 Se refuerza de esta manera la percepción de que el pobre es "peligroso", riesgo este que deviene, necesariamente, de subsumir la política social a la criminal. Como señala Baratta (1998:4) "Después de haberse olvidado una serie de sujetos vulnerables provenientes de grupos marginales o "peligrosos" cuando estaba en juego la seguridad de sus derechos, la política criminal los reencuentra como objetos de política social. Objetos, pero no sujetos, porque también esta vez la finalidad (subjetiva) de los programas de acción no es la seguridad de sus derechos, sino la seguridad de sus potenciales víctimas".

Finalmente, es la sumatoria de las subjetividades de la "comunidad" la que moldea cuales serán los territorios de intervención. El mapa del conflicto barrial construye poblaciones "peligrosas", las cuales es necesario neutralizar a fin de garantizar "un sentimiento generalizado de bienestar". El mapa, en tanto posibilita conocer, conlleva a una planificación que permite repensar intervenciones luego de definir objetos de control social [7] .

En la medida que el control social formal es insuficiente requiere el diseño estratégico de dispositivos de control alternativo al institucional - control comunitario - presupuesto éste  en el que se asientan estas nuevas políticas. Empero ello, no debe ser visualizado en tanto alternativa sino complementación, estas nuevas prácticas no demuestran ni creatividad, ni interés en la búsqueda de modalidades no penales a la resolución de conflictos.

Cristalización de esto último, es el hecho de que todas las denuncias dirigidas a grupos poblacionales considerados de riesgo (jóvenes, inmigrantes, trabajadores del sexo, ocupantes de viviendas, vendedores ambulantes, indigentes y todos aquellos que "portan rostro") apelan a la intervención de alguna de las agencias del sistema penal. Por otro lado, la presencia de un mediador en cada CBPDV, contemplada por el programa, queda absolutamente desdibujada, en la medida que una de las partes en conflicto, los "otros" se encuentra silenciada.

La gestión de la política de seguridad del PSC se orienta hacia la persecución y sanción de incivilités. Ahora bien, cómo son definidas estas en la literatura experta. "Las incivilidades son 'malas conductas' , infracciones o conductas agresivas o atemorizadoras, previstas o no en las leyes, pero que no siempre llegan a ser consideradas delitos (...) por ejemplo, la destrucción de los aparatos telefónicos públicos, los destrozos en el alumbrado, las amenazas o cobro de peaje a los vecinos; los acciones tendientes a asustar a los pasajeros en el metro o subterráneos u otros vehículos de transporte en común, o la evasión del pago del mismo, la destrucción de sus asientes o de las instalaciones eléctricas; las expresiones obscenas reiteras contra alguien u otro tipo de provocaciones verbales; el mostrar los genitales a las mujeres en el vecindario, el robar la ropa puesta a secar en los patios de las casas, u objetos de adorno o uso cotidiano; la borrachera pública, la actitud agresiva de bandas juveniles, las amenazas a niños que regresan solos de las escuelas. Ese tipo de conducta suele ser de gran impacto para la calidad de vida de los ciudadanos, precisamente porque se producen en la vida cotidiana y pueden provenir casi de cualquier persona." (L. Aniyar de Castro, 1999:180).

Para nuestro contexto local, las incivilidades se encuentran demarcadas por la intolerancia hacia determinados sectores. La misma provoca sentimientos exagerados de "amenaza" y "desorden" cuyos fundamentos no llegan a ser verbalizados, tan sólo estos se reducen a tipificar sujetos o acciones antes que problematizar "conflictos". De esta manera, un joven bebiendo cerveza en una plaza deviene en "sujeto peligroso", aun cuando no exista conducta violenta hacia ni interacción alguna con el vecino que se siente amenazado.

Retomando la cuestión relativa a los territorios de intervención, el espacio público se torna el lugar privilegiado para ello. El conflicto toma cuerpo en la determinación del "buen uso" del espacio público mediante su normativización.  La forma de resolución que adquiere este conflicto, en el marco del PSC, implica la neutralización de una de las partes. En este sentido, la creación de canales de participación en la cuestión seguridad, lejos de representar una adecuación "democrática", resienten la convivencia en tanto legitiman actitudes y valores antidemocráticos.

En estos espacios de "participación" el concepto de estado de peligrosidad, al igual que a principios de siglo, es una categoría que continua vigente, la misma es aplicable tanto a sujetos que han cometido crímenes cuanto a aquellos que por sus formas de vida podrían eventualmente cometerlos.

Las nuevas políticas de seguridad, en su impronta preventiva, tienden hacia una abstracción de lo real o concreto en la medida que ellas se asientan en una sensación generalizada de alarma social.

A qué le temen los vecinos, qué intentan neutralizar o excluir para conjurar sus miedos. En primer lugar, se puede afirmar que temen a lo desconocido, es decir, aquello que no se encuadra dentro de su escala de valores, en segundo lugar, a la miseria, la marginación, la pobreza, fenómeno que, cada vez más, forma parte del paisaje cotidiano de los barrios porteños.

Como afirma Castel, (1986:233) "a través de las múltiples expresiones de esta buena consciencia preventiva (...) no se encuentra rastros de una reflexión sobre el coste social y humano de esta nueva caza de brujas". Probablemente estas nuevas políticas deben ser visualizadas no solamente como una forma de garantizar derechos a determinados sectores de la población, sino, simultáneamente, como una forma más de victimizar otros sectores ya vulnerados en sus derechos más elementales. Un Estado indiferente, una "comunidad" indiferente frente a una franja de población que parece no tener cabida en ningún lugar, así le son negadas hasta sus propias estrategias de supervivencia. Representación de ello es la "criminalización" de la venta ambulante, la ocupación de casas, la prostitución, la indigencia, el cartonéo, la mendicidad, etc.

Construcción de nuevos canales de "participación", construcción de estereotipos sociales que remiten al "antisocial" como factor de todas las frustraciones, males y temores vecinales. En suma, construcción de prácticas sociales que, apoyándose en la delación tienden a fragmentar, aún más, el tejido social.

Cabría preguntarse, al igual que Duvignaud (1986:182) si  "es el número de crímenes lo que aumenta, [o si más bien] es la incapacidad de las sociedades para definir las nuevas relaciones humanas que aparecen".

NOTAS

Especial Noticias de Antropologia Volumen 1
Equipo NAyA - 2001

Sitio integrante de la Red NAyA de sitios de antropología y arqueología. https://naya.com.ar/naya2001/

Ultima modificación de esta página 16/9/23

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