Cuestiones relativas a la incorporación de espacios fronterizos al Estado-Nacion. Chaco occidental, 1862-1911
Ana A. Teruel (CONICET-UNJu)
Fronteras: Estados y Ciudades
Al revisar las implicancias de la formación del estado nación, aparecen una serie de elementos problemáticos que se tornan más complejos cuando el caso específico implica a las consideradas fronteras internas del territorio nacional. Una vasta bibliografía dedicada a la formación del estado argentino da cuenta de diferentes aspectos de este proceso, sin embargo, como lo señala Favaro, poco se ha reflexionado sobre una paradoja de este estado: estará conformado por 14 provincias y 10 unidades político-adminstrativas denominadas territorios nacionales, que no son sino esas fronteras internas sobre las que el estado en formación intenta imponer su dominio ejerciendo el monopolio de la violencia.
La conformación del estado nacional argentino se vio acompañada por la consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía exportadora. Ello requería políticamente la constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón de relaciones sociales (Oszlak, 1997). En una Argentina que se constituyó sobre catorce provincias díscolas y con un fuerte sentimiento regional, y sobre territorios habitados por diferentes grupos indígenas, sobre los que el estado en formación reinvindicaba soberanía (aunque aún fueran territorios ignotos sobre los que no tenía dominio efectivo), se buscaba lograr la unidad política a través de dos caminos: la coerción y el acuerdo. Ambas políticas fueron aplicadas tanto sobre las provincias como sobre los territorios indígenas, aunque en definitiva primara el acuerdo con las elites regionales y la coerción sobre los indígenas. De un modo u otro, por la vía de la coacción o por el camino del acuerdo, un sector de poder adquirió control imperativo sobre el resto y lo redujo a ser parte de una unidad más amplia. Este proceso iniciado en las sucesivas presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, implica tres cuestiones: la integridad territorial, la identidad nacional y la organización de un régimen político (Botana, 1979).
La consolidación de la unidad territorial a través del ejercicio del monopolio de la violencia, traducido en la represión a las últimas "montoneras" y en las campañas militares (al "Desierto" y al Chaco) ha merecido numerosos estudios, como así también la transformación de los límites del estado en fronteras claramente establecidas. Aquí proponemos centrar el análisis en la vertebración de las relaciones del estado nacional con las provincias que contenían en sus límites jurisdiccionales espacios que constituían fronteras internas. Trataremos específicamente la frontera occidental del Chaco y sus vinculaciones con la provincia de Salta y de Jujuy.
Planteamos algunas preguntas que nos parecen vertebrales en la explicación del proceso de conformación del estado nacional e inclusión del Chaco occidental como espacio fronterizo.
Si entendemos que la formación del estado-nación argentino fue un proceso vinculado a la incorporación de las economías locales al sistema capitalista mundial, que requirió de la consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía exportadora y ello requería políticamente la constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón de relaciones sociales (Oszlak, 1997), nos preguntamos
- ¿Cómo se articularon las economías de las provincias de Salta y Jujuy en este modelo productivo exportador?
- ¿Qué papel jugaron en él las tierras de frontera con el Chaco? ¿Qué intereses tenían las elites saltojujeñas en la expansión de la frontera?
- Si aceptamos la hipótesis sobre la "alianza de notables" (Botana, 1979) que permitió la unidad nacional en base a la negociación que aseguraba los intereses de las oligarquías provinciales, nos preguntamos ¿qué posibilidad tenían las elites saltojujeñas de terciar en la política nacional? ¿en qué medida había correspondencia entre los intereses regionales y "nacionales"?
El otro problema es el de la conformación de la nación, paralelo al de la unidad política. Si constituir la nación implicaba lograr un sentimiento de identidad nacional representado por la pertenencia a una unidad política, se hacía necesario crear los elementos identitarios comunes: la lengua, un pasado común, un territorio reconocido como común, una cultura compartida. Como advierte Guibernau (1996), una cultura común favorece los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad y les permite imaginarla como separada y distinta de las demás; es la conciencia que permite a un grupo trazar sus límites y considerar a los de afuera como extranjeros y enemigos potenciales.
Entendemos que el estado-nación es un producto de un proceso de la modernidad, en el que convergen factores políticos, económicos, ideológicos, psicológicos, culturales e históricos, y que las naciones no preceden a los estados (sí en todo caso las comunidades étnicas), sino que es el estado quien busca conseguir la unidad de la población sujeta a su gobierno mediante la homogeneización, creando un sentimiento de nacionalidad que a la vez legitima su existencia.
En América Latina, el proceso de conformación del estado-nación "se realizó a expensas de una deliberada expropiación de los derechos de las etnias menos afortunadas [...] De esta manera y a través de sistemas represivos y compulsivos, las clases hegemónicas de las etnias naciones dominantes, impusieron a poblaciones étnicamente diferenciadas la idea de que a partir de ese momento formaban parte de un mismo estado-nación étnicamente homogéneo" (Bartolomé, 1987: 11).
En general, los estados-nación se constituyen en base a un elemento étnico dominante, pero en el caso argentino no hay claramente como antecedente directo una etnia. La nación que se conformó recibió múltiples aportes étnicos y culturales, entre los que se priorizó como deseables aquellos identificados con la Europa noroccidental. La cuestión de lograr una identidad nacional se veía, entonces, obstaculizada por la existencia de múltiples identidades nacionales, regionales y étnicas. Nos interesa especialmente la cuestión de la diversidad étnica, porque es en la que se asienta la percepción de "frontera interna", la "otredad" cultural de los aborígenes chaqueños los transforma en cierta forma en extranjeros y enemigos potenciales.
Comprendida la necesidad de forjar una identidad nacional, era necesario inventar una "cultura nacional", lo que sólo podía lograrse mediante la homogeneización étnica y cultural. Ello da lugar a la última de nuestras preguntas:
- ¿Qué mecanismos y acciones se pusieron en práctica en las tierras de frontera a fin de lograr esta homogeneización?
Lo que sigue a continuación es un intento de aproximarnos a las posibles respuestas a estas preguntas.
El Chaco salteño en la economía nacional y regional
En el modelo agroexportador diseñado para la incorporación al mercado Atlántico las provincias del interior se insertaban penosamente. Tanto Salta como Jujuy habían desarrollado producciones (ganado, cueros, aguardientes, harinas) orientadas hacia los mercados andinos y del Pacífico. Estos "eran los únicos mercados donde, hasta 1884, existía demanda para los productos saltojujeños con un retorno metálico que permitiera a la región la adquisición de artículos industrializados en los puertos de ultramar (Valparaíso o Buenos Aires)" (Conti, 1993: 16).
La plata boliviana fue la que unificó las transacciones de ese espacio comercial hasta la década de 1880. Sin embargo la conexión con Buenos Aires no era menos importante, era el principal mercado para la producción de suelas salteñas y uno de los principales puntos de aprovisionamiento de productos de ultramar, función en la que competía con Valparaíso, Cobija y otros puestos del Pacífico (Campi y Jorba, 1999).
Entre 1884 y 1930, el auge del salitre en Chile activó los vínculos salteños con el Pacífico, donde se abría un importante mercado para el ganado vacuno (Langer y Conti, 1991). En ese momento el Chaco salteño contaba ya con una producción ganadera importante, y con seguridad, el boom del salitre incentivó la ocupación criolla de esas tierras, ocupación, que por otra parte, había adquirido nuevo impulso dos décadas antes.
La incorporación de nuevas tierras en el Chaco permitió un rápido aumento del stock ganadero de Salta. En 1883 la provincia contaba con 377.458 vacunos, de los cuales 165.451 provenían de los departamentos chaqueños, (ver cuadro 1) un año después su número había aumentado a 491.083 y en 1887 a 628.624 (Solá, 1889).
Cuadro Nº 1
Stock ganadero del Chaco salteño en 1883
|
Departamento |
Vacunos |
Equinos |
Ovino-caprino |
|
Orán |
40.167 |
4.798 |
13.800 |
|
Rivadavia |
40.388 |
6.925 |
23.720 |
|
Anta |
84.896 |
7.416 |
10.390 |
Fuente: Solá (1889)
La actividad ganadera era el más importante de los sectores productivos de la provincia de Salta y de su porción chaqueña. Si bien la demanda de los mercados andinos y del Pacífico había desempeñado un importantísimo papel, la tendencia a largo plazo fue su decadencia. Ya en 1887 Solá consignaba que al litoral del Pacífico se destinaron 5.000 cabezas de ganado vacuno en pie, mientras que se exportaron 10.000 a Tucumán y en la provincia se consumieron 80.000. [1] Entre las exportaciones, el envío de suelas al litoral Atlántico aparece como otro rubro significativo, 50.000 unidades ese mismo año.
Nos interesa destacar que el período tratado es de transición de una economía claramente orientada a mercados fronterizos extranacionales, a otra que pausadamente establece mayores vínculos con el mercado nacional. Aunque este proceso es menos evidente en lo relativo a la producción ganadera, es muy claro en el caso de la producción azucarera en los valles cálidos de la provincia de Jujuy.
Una rudimentaria producción de azúcares, mieles, aguardientes y chancaca, había caracterizado a las tierras bajas de frontera con el Chaco desde fines del siglo XVIII. Reducida al consumo local y del sur boliviano, el azúcar saltojujeña difícilmente podía competir en el mercado nacional con el producto importado. Para ello se requería tecnología moderna, reducción de los costos de fletes (a través de la mejora en el transporte) y una política arancelaria protectora. En este sentido Jujuy se benefició de las negociaciones de las elites tucumanas que obtienen del gobierno nacional protección arancelaria para su producción y la llegada del ferrocarril en 1876.
Este fue el comienzo de la modernización azucarera en Jujuy, y también en Salta, en el más pequeño ingenio de San Isidro. La extensión del ferrocarril hasta Tucumán, permitió el traslado de maquinaria importada de Inglaterra y la transformación de las haciendas en modernos ingenios-plantación, proceso que comenzó en la hacienda Ledesma en 1876 y en la de San Pedro en 1878, con la instalación de una fábrica de azúcar con trapiches de hierro y centrífugas a vapor y la formación de sociedades anónimas que inicialmente contenían a los propietarios de las haciendas, pero paulatinamente irían quedando en manos de capitales extranjeros. Así se formaron Lesdema Sugar Estates and Refining Company Limited (1914) y Leach´s Argentine Estates Limited (1913). [2]
La modernización tecnológica llevó a una mayor capacidad y rapidez en la elaboración del azúcar, que se tradujo en un aumento de la superficie cultivada con caña. La llegada del ferrocarril Central Norte a San Salvador en 1891, significó la oportunidad de acceder a los mercados del Litoral.
Sin embargo, el porcentaje de la producción azucarera de Jujuy sobre el total del país era aún modesto; en el año 1913 Jujuy cubría un 13.4%, mientras que Tucumán el 82.8%, el resto correspondía a Salta, Chaco, Formosa, Santa Fe y Corrientes. [3] La crisis de superproducción de 1914 marcó el fin de la etapa de despegue y la consolidación y madurez de la industria jujeña, entonces en condiciones de competir seriamente con la tucumana e insertarse con éxito en el mercado nacional.
En síntesis, caracterizaban a las economías de Salta y Jujuy, una especialización ganadera, de cría y engorde, vinculada a circuitos comerciales "tradicionales", y una producción azucarera que, modernizada en las dos últimas décadas del siglo, intentaba insertarse y competir con éxito en el mercado nacional. Las tierras chaqueñas tenían un importante papel en ambas actividades: proporcionaban aproximadamente la mitad del ganado vacuno que producía la provincia de Salta y el mayor contingente de braceros temporarios para la zafra en los ingenios azucareros de Jujuy y Salta. De hecho, hasta la década de 1920, inclusive, wichís, tobas, pilagás, chorotes y chiriguanos, provenientes del Chaco argentino y boliviano, constituían el grueso de la mano de obra en el cañaveral, y una buena parte de los trabajadores de fábrica, en el caso de los chiriguanos (Conti, Teruel y Lagos, 1988).
Es evidente que la primera expansión sobre el Chaco, la de 1884 y las campañas anteriores que desde 1860 fueron promovidas conjuntamente entre el gobierno de Salta y nacional, se encuentran vinculadas a estos intereses económicos. La época es coincidente con la modernización azucarera y con el boom salitrero en el Pacífico. Pero además del rol de proveedor de tierras para la ganadería y de mano de obra para los ingenios azucareros, es importante recordar que la conquista y "pacificación" del Chaco significaba también la anhelada posibilidad de abrir una vía de comunicación fluvial (Bermejo-Paraná) que conectara a las provincias norteñas con las del litoral argentino, cumpliendo la función que posteriormente tuvo el ferrocarril.
La ocupación del Chaco occidental fue una empresa de interés regional y nacional. Regional en tanto contribuía a las economías de Salta y Jujuy, que sin posibilidades de participar del modelo agroexportador orientado hacia el Atlántico, buscaban a partir de la continuación de circuitos comerciales coloniales y la apertura de nuevos mercados nacionales, subsistir en un modelo económico nacional que había sido diseñado en función de la Pampa Húmeda. Fue una empresa nacional en tanto la unidad política dependía de la integración económica, de la viabilidad de las economías provinciales y de una reorientación de éstas hacia el mercado nacional. La conquista del Chaco significaba una posibilidad de nuevas vías de comunicación de una región periférica con el corazón del país (aunque a posteriori los intentos de navegación del Bermejo se vieran frustrados), significaba garantizar mano de obra al más prometedor de los proyectos productivos del norte, el azúcar, y también significaba asegurar a las elites saltojujeñas su negocio más rentable en el momento, el comercio y la ganadería. Ello apuntaba a obtener la satisfacción de los intereses de las elites provinciales, requisito fundamental para los acuerdos políticos en que se sustentó la formación del estado nacional.
Elites provinciales y estado nacional
Tanto Sábato (1991), como Oszlak (1997) y Botana (1979) destacan el importante papel que juega la política de acuerdos o alianzas entre los sectores provinciales con aspiraciones hegemónicas. Acuerdo que permite, junto con la coerción ejercida contra los sectores díscolos, la superación de las luchas civiles y el consenso sobre el nuevo orden sobre el que se erigiría el estado.
Según Sábato (1991: 166), "ciertos grupos del interior aprovecharán esta circunstancia para contrapesar desde adentro del estado nacional el desequilibrio socioeconómico que crecía y se agudizaba en su contra, dejándolos en posición asimétrica respecto de las fracciones implantadas en el litoral. Aceptados los términos en que la Argentina se estaba incorporando al mercado mundial -y resultaba difícil establecer otros- la expansión socioeconómica del litoral sería obviamente abrumadora respecto de la del interior. Una mayor preponderancia dentro del estado y, en particular, el control del Ejército nacional, eran las cargas que podían jugar los grupos del interior para poder pactar con los del litoral un acuerdo mediante el cual compartiese los frutos de la nueva sociedad que se estaba conformando."
Roca fue el principal artífice de ello. Su actuación como Ministro de Guerra de Avellaneda y el control sobre las comandancias de frontera, le permitió contactos con las elites provinciales. La recientemente formada Liga de Gobernadores [4] tejió una trama electoral que lo llevó a la presidencia. Es evidente que en este momento las cuestiones de la frontera se entrecruzaban con los acuerdos políticos.
Los mecanismos por los cuales las provincias se aseguraron participación en el manejo del estado nacional fueron diversos. En primer lugar, la participación en el Colegio Electoral para la elección de presidente. El número de electores por provincia dependía de la cantidad de habitantes, por lo que tanto Jujuy como Salta contaban con escasa representación. [5] Sin embargo los distritos electorales chicos la equilibran a través de alianzas, una coalición de provincias (Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis y Santiago del Estero), que invariablemente prestan apoyo a la fórmula victoriosa en el período 1880-1910 (Botana, 1979).
Si la Junta Electoral era una oportunidad ocasional para la negociación, el Senado era el organismo de representación permanente de la elites provinciales, que les garantizaba la participación en el gobierno nacional y la formación de alianzas y coaliciones en base a compromisos y prestaciones recíprocas. Otra forma de participación y control de la política nacional era el ejercicio de algún ministerio. Salvo Jujuy y Santiago del Estero, todas las provincias estuvieron representadas en los gabinetes nacionales, pero la que reunió mayor cantidad de ministros fue Salta (11 ministros en el período 1880-1916). [6]
Salta denota una participación política importante en el período de formación del estado nacional. Dos salteños ocuparon la presidencia de la nación (José E. Uriburu y Victorino de La Plaza), emplazó ministros en casi todas las presidencias, participó en los acuerdos pre-electorales en la coalición oficialista y, lo que es más significativo, fue la única provincia que no sufrió intervención federal en el período 1880-1910, todo lo que hace suponer una concordancia de intereses y actuación de las elites provinciales con la política nacional.
En cambio la provincia de Jujuy parece tener mucho menos participación en la marcha de la política nacional. Ningún jujeño llegó a la presidencia, ninguno ocupó lugar alguno en los gabinetes nacionales, y aunque contaba entre las provincias que integraron las sucesivas colaciones oficialistas, su escasa población le representaba un número pequeño de electores y un papel secundario.
El proceso de incorporación del espacio fronterizo chaqueño al estado nacional debe entenderse a la luz de estas relaciones, acuerdos y alianzas. En Salta queda muy clara la asociación de apellidos importantes en el ámbito político, con intereses económicos vinculados a la frontera. Botana individualiza cuatro familias predominantes entre 1880 y 1916: Ortiz, Ovejero, Güemes y Uriburu, que constituían una extensa red relacionada por vínculos de parentesco. Justiniano (1999) agrega a fines de siglo a los Patrón Costas, quienes por política matrimonial establecieron parentesco con los Güemes y los Cornejo. Tanto los Ovejero, como los Cornejo, Uriburu y Patrón Costas tuvieron una importante actuación e intereses en la frontera, no sólo como propietarios de tierras y ganado, sino también en la producción azucarera. La familia Ovejero controló la hacienda Ledesma (en Jujuy) desde 1830 hasta 1911, cuando quedó en manos de capitales franceses. Los Fernández Cornejo, que pueden considerarse pioneros de la producción azucarera en Salta, fueron propietarios de la hacienda San Pedro, dejándola en manos de Miguel Francisco Aráoz (pariente político), quién, junto a Uriburu y Roger Leach (un técnico inglés), modernizó la fábrica de azúcar transformándola en el ingenio "La Esperanza".
Los Uriburu adquirieron en 1832 las tierras de la antigua reducción franciscana de Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, transformándola en la hacienda Zenta, en el departamento de Orán, continuando con la producción de azúcar iniciada por la misión en el siglo XVIII.
La familia Patrón, radicada en Salta desde mediados del siglo XVIII, también se vinculó, a través del matrimonio, con linajes locales. Robustiano Patrón Escobar, padre de Robustiano Patrón Costas, casó con Francisca Costas Figueroa Güemes, y estableció con sus hermanos una curtiembre (Justiniano, 1999). A partir de 1908 comenzó a adquirir tierras en Orán, sobre las que levantó en 1916 el ingenio San Martín del Tabacal (Sweeney, 1998).
En Jujuy esta situación no aparece con la misma nitidez. En realidad, la elite gobernante jujeña tenía mayores intereses económicos inmediatos vinculados al comercio altoperuano que a la producción azucarera, que, si bien radicada en territorio jujeño, era mayoritariamente una empresa de las elites salteñas. [7] Sin embargo, es importante recordar que los impuestos derivados de la producción azucarera tuvieron un peso cada vez mayor en los ingresos de la provincia. Si en 1890 representaban un 3.8% de los recursos del estado, en 1899 su monto había ascendido al 25.8%, transformándose en el principal recurso del fisco jujeño (Boto y Niemiec, 1988). Los ingenios se conviertieron, a comienzos del XX, también en prestamistas del estado provincial (Lagos, 1992), por lo que pronto el azúcar pasó a ser la empresa de mayor interés de la provincia.
Un análisis del avance sobre las tierras chaqueñas ayudará a vislumbrar a sus protagonistas, a explicar las particularidades del caso analizado y desentrañar las relaciones existentes entre poder político y económico a nivel local, provincial y nacional, como a determinar el lugar que les cupo a tierras y hombres del Chaco occidental en su incorporación al estado nacional y provincial.
Ocupación del Chaco salteño: los protagonistas
En la frontera de Salta (o Frontera del Río del Valle o del Este, como se lo denominaba en la colonia) el actual departamento de Anta fue, a fines del siglo XVIII, lugar de asentamiento de fuertes y misiones. La cadena del río Pasaje o Juramento constituía la línea que supuestamente separaba la tierra de "salvajes y civilizados". Ambos núcleos de población (fuertes y misiones) dieron origen en el siglo XIX a las principales propiedades agropecuarias en manos de descendientes de los comandantes y jefes de los fuertes.
En la primera mitad del siglo XIX, las posiciones hispano-criollas se consolidaron y avanzaron paulatinamente sobre territorio aborigen por el avance de la frontera agropecuaria, de haciendas azucareras y ganaderas, protegidas por la acción gubernamental a través de "entradas" y el establecimiento de fuertes. Hacia mediados de siglo los criollos controlaban la banda occidental del Bermejo y se aprestaban a asegurar la posesión de la banda oriental. Sobre la antigua Frontera del Este se conformaron tres departamentos: Anta, Orán y Rivadavia. [8]
La legislación se dedicó a promover la colonización de las tierras antaño indígenas, ahora consideradas fiscales. En 1836 se dictó la primera ley de tierras públicas del período republicano, con el siguiente fundamento:
"Considerando que uno de los deberes más urgentes y privilegiados que se ha impuesto, es el facilitar el aumento de la población en las fronteras del Gran Chaco, y en las márgenes del Bermejo que algún día podrá servir de conductor de todos los frutos de esta provincia a los litorales, y por consiguiente al Océano Atlántico;
Que la feracidad de sus campos, prestándose abundantemente a toda clase de labranza y pastoreo, ofrece al país una fuente inagotable de riquezas sin que haya temor a los indios, pues se conservan tranquilos desde muchos años atrás, al mismo tiempo, que con brazos útiles para el trabajo y muy particularmente para el beneficio de la caña dulce, cuyos establecimientos se han generalizado con provecho; [...]"
[En el artículo 1 se establece]
"Todos los naturales de la República, los avecindados en ella y demás extranjeros, que quieran establecerse en las costas de los ríos Itaó, Itatí, del Valle, Frontera del Gran Chaco, Valle de Zenta y demás tierras baldías pertenecientes al Estado, recibirán en propiedad un solar en la ciudad de la Nueva Orán, o en los demás pueblos que se estableciesen; sus sitios a sus inmediaciones para chacra y una suerte de estancia donde eligiese el interesado." [9]
En 1856 el gobierno de Salta dictó una nueva ley de tierras públicas delimitando las que se podían entregar en merced, según la de 1836. Tanto en esa ley como en el decreto reglamentario, [10] se prohibía entregar "merced puramente graciosa" en terrenos asegurados por una población suficiente y en aquellos que estuvieran a lo largo de las costas del Bermejo en un tramo de 50 leguas a contar desde la confluencia del río San Francisco para abajo, salvo que la merced se pidiera para fundar colonias de inmigrantes o misiones religiosas.
Recién en 1859 se reconoció expresamente la posibilidad de entregar tierras a los indígenas chaqueños que las solicitaran en favor de la comunidad, sometiéndose a las leyes y autoridades de la provincia, bajo la dirección de sacerdotes misioneros. [11]
La legislación posterior tuvo por objeto limitar las entregas gratuitas de tierras y obligar a quienes fueron beneficiados por ellas a cumplir las condiciones, en especial de poblamiento. En 1873 se establecieron las reglas para la enajenación de las tierras públicas a través del remate en subasta.
Queda en claro que la legislación no contemplaba a los indígenas como propietarios de las tierras que ocupaban, salvo que aceptaran la tutela de la reducción religiosa. La posesión de la tierra en propiedad se convirtió en un atributo del sentimiento nacional (Otero, 1997) condenándose al indio "salvaje" por su nomadismo e imposibilidad de valorar la propiedad de la tierra y por lo tanto de sentir "amor a la patria". "...el indio salvaje de las pampas o de los bosques sub-tropicales, no tienen cariño a la tierra y carecen casi en absoluto de ese noble sentimiento que se llama amor a la patria y que se desarrolla y consolida por el estímulo de la propiedad territorial" (De La Fuente, Segundo Censo Nacional, T.II. p. CXIV, citado por Otero).
La ley de 1836 mencionaba como destinatarios de las tierras a "Todos los naturales de la República, los avecindados en ella y demás extranjeros". Entre los "naturales de la República" pareciera no contarse a los indígenas, a los que se mencionaba sólo en calidad de enemigos potenciales "pacificados" (esto es "indios amigos") y en calidad braceros disponibles : "pues se conservan tranquilos desde muchos años atrás, al mismo tiempo, que con brazos útiles para el trabajo y muy particularmente para el beneficio de la caña dulce." Si bien los aborígenes no constituían el elemento sobre el que se depositaban las expectativas para la promoción del desarrollo del Chaco, eran un factor fundamental en estos planes, dado que representaban la mano de obra con la que se contaba. Por ello cierto matiz protector en la legislación; se contemplaba la posibilidad de oírlos en sus reclamos de tierras, canalizados a través de los misioneros, pues era necesario radicarlos en el lugar, bajo el control de los religiosos, en los que el estado había delegado la función "civilizadora". A partir de allí podrían ser considerados "naturales de la República" e incorporados como braceros.
Misioneros e indígenas
Aquellos indígenas que no se retiraron al interior del Chaco vieron alterado su hábitat, especialmente por la introducción de ganado con el que disputaban una de sus fuentes de alimentación (los frutos de la algarroba, el chañar y el mistol), cercenadas sus áreas de caza y pesca, y debieron aceptar la reducción en las misiones, o mantener sus tolderías cercanas a los poblados criollos en calidad de "indios amigos", sometidos a la presión de autoridades políticas, colonos y militares para vender su mano de obra
Con el establecimiento de misiones franciscanas sobre el Bermejo, el gobierno de la provincia esperaba "pacificar" la frontera y facilitar la contratación de indígenas. Se requería que la misión introduzca a los wichí en el proceso "civilizador", entendido como el abandono de las prácticas culturales propias y la consiguiente adopción de las de la sociedad europeo criolla. La misión fue en la primera etapa de avance sobre la frontera el elemento de homogeneización cultural sobre el que se depositó mayores expectativas.
Para ello llegaron de Italia misioneros de la Orden Franciscana de Propaganda Fide, quienes instalaron en 1856 el Colegio Apostólico de San Diego, para la evangelización de los indios del Chaco. De dicho colegio dependieron las misiones del antiguo cauce del Bermejo, cinco de ellas en el oriente salteño: Esquina Grande, La Purísima Concepción del Bermejo, San Francisco de la Conchas y San Miguel de Miraflores, la última, Nueva Pompeya, en la Gobernación del Chaco. Las cinco fundadas en el oriente salteño sucumbieron rápidamente, sin embargo entre 1856 y 1890 se sucedieron una tras otra, de manera que la presencia de las misiones fue constante durante todo el período.
La tarea de los misioneros puede ser resumida en palabras del Prefecto de Misiones, Fray Pedro M. Pellichi:
"La experiencia nos enseña que para reducir a los salvajes, es necesario: primero, reunirlos en un pueblo, hacerlos hombres, acostumbrarlos a la agricultura, y al trabajo, para que tengan como vivir decentemente, y adelantando así la parte material, cultivar después su espíritu y su corazón, y volverlos verdaderamente cristianos." (Pellichi, 1865: 18)
La distinción entre salvajes y bárbaros tenía sus raíces entre los primeros jesuitas que actuaron en América y se mantuvo entre los franciscanos del siglo XIX. Si se trataba de "hacerlos hombres" era porque a juicio de los frailes la condición de los chaqueños estaba más cercana a la del animal que a la del humano. En consecuencia, ningún rasgo cultural de los wichís sería aceptado, se les enseñará un nuevo idioma, se les exigirá cambiar sus vestimentas en función del concepto de "pudor" judeocristiano, se intentará que cambien sus formas de socialización y de entender los lazos familiares, sus formas de usar y distribuir los recursos naturales y la producción, de curar y de concebir la enfermedad, y en general, de entender el universo, la naturaleza, lo divino y lo humano.
Pero el espacio reducido de la misión, donde supuestamente debían practicarse las actividades de subsistencia, contradecía la experiencia de los wichís, habituados al control de un territorio mucho más amplio, que comprendía las orillas de pesca, los cotos de caza y el área de algarrobales. Esto rara vez fue entendido por los misioneros, quienes veían en la salida a los montes, una prueba de que estos indígenas eran holgazanes y sólo querían vagar por los campos, sin trabajar. La misión pasó a constituir una base fija desde donde se practicaban incursiones al monte, a las haciendas e ingenios. No llegaron a funcionar como unidades productivas significativas en la región, pues los misioneros no lograron canalizar el trabajo de los wichí en su beneficio y debieron resignarse a jugar un papel de intermediarios entre los indígenas y los establecimientos o empresas que los requerían como mano de obra.
Teniendo en cuenta que estas misiones no llegaron a coexistir más que de a dos, con un promedio de 500 indígenas reducidos en cada una de ellas, podemos afirmar que los misioneros del Colegio Franciscano de Salta no controlaron en el Chaco occidental más de 1.000 aborígenes. Sin embargo los franciscanos pronto demostraron que estaban dispuestos a ocupar un lugar en la política de frontera, que no siempre coincidía con los intereses del gobierno provincial y de los demás pobladores y éste fue el origen de los posteriores conflictos que rompieron el pacto con el gobierno provincial.
Pellichi presentó como Prefecto de Misiones, un "Programa para la civilización de las tribus salvajes de ambas orillas del río Bermejo", aprobado por decreto legislativo de enero de 1860. Este programa contenía las bases y condiciones que establecían los franciscanos para su actuación en el Chaco occidental, entre ellas un régimen de gobierno en las reducciones que les asegurara una total autonomía:
"... el mismo gobierno se verá obligado a ordenar que ninguna autoridad civil, militar y judicial se entrometa en la dirección y gobierno de las misiones."
"Bajo ese régimen de los Padres Misioneros estarán los indios y pueblos hasta que, suficientemente instruidos, moralizados y civilmente formados, el jefe de las Misiones los entregue al gobierno de la Provincia..." [12]
Igualmente se disponía un régimen de administración para las tierras de las reducciones a cargo del Prefecto de las Misiones y los misioneros, mientras los indios se conservaran como neófitos. Una vez entregadas las misiones a la respectiva autoridad civil y eclesiástica, las tierras se repartirían entre los moradores de cada reducción considerados colonos.
Una disposición muy importante era la introducida por el art. 6, que establecía:
"Ningún indio podrá salir fuera del territorio de su misión sin licencia del padre conversor. Los que necesiten indios para sus haciendas y labranzas ocurrirán a los respectivos misioneros que sin violentar a nadie, les enviarán con licencia escrita todos aquellos que no se hallen ocupados en los trabajos de oficio de la misma misión; pero previo el aviso de la merced, que en plata o en género correspondiente se comprometan pagar a cada uno por el trabajo de cada mes."
A diferencia de las misiones coloniales, los establecimientos del Chaco occidental del período republicano no veían de buen grado la salida de los indígenas al trabajo en las haciendas. Pellichi atribuía a ello los mayores contratiempos vividos en ese entonces y afirmaba concretamente:
"Era el año 1859, cuando empezaron a levantarse los vientos contrarios, que arreciaron y se volvieron furiosos cuando en el año siguiente por el gobierno de Salta fue aprobado el programa que presentó el Prefecto, para feliz y seguro progreso de las misiones [...] Fue entonces que no sólo los codiciosos que aspiran a poseer la tierra de los indios; mas también los hacendados de las provincias de Salta y Jujuy, temiendo que con el establecimiento de misiones les faltasen los brazos para su industria, unidos con muchos otros, comenzaron a tramar insidias, escribir y representar ser las misiones inútiles y perjudiciales." (Pellichi, 1865:4)
Esa razón, más las disputas territoriales con los colonos de San Felipe y Santiago y de Rivadavia, provocaron serios conflictos que terminaron con el asalto e incendio a la misión de San Francisco de Las Conchas. Los misioneros acusaban a "los hacendados de las provincias de Salta y Jujuy, que temiendo que con el establecimiento de misiones les faltasen los brazos para su industria, unidos con muchos otros, comenzaron a tramar insidias, escribir y representar ser las misiones inútiles y perjudiciales." Acusaban también a los colonos por codiciar la tierras de los indígenas y al gobierno salteño por ampararlos.
En efecto, el gobernador de Salta, Aguirre, pronto se manifestó contra las misiones porque intentaban poner trabas a la salida de los indígenas reducidos a los ingenios. Alegaba, además, que la coexistencia de misiones y colonias generaba violencia y tensión en la frontera, en lugar de ser el elemento de "pacificación" que se esperaba. Estas razones, sumadas a los escasos logros que los misioneros demostraban en su tarea, llevó al gobierno salteño a retirar el apoyo a los franciscanos y a confiar en las haciendas e ingenios que a su criterio funcionaban mejor como elemento "civilizador" de los indígenas.
Hacendados, arrendatarios, pequeños propietarios y colonos
¿Quiénes fueron los beneficiarios de la expansión sobre el Chaco? ¿Quiénes ocuparon efectivamente esas tierras y controlaron la mayor riqueza que ella producía: ganado y potenciales trabajadores temporales?
Intentamos aproximarnos a estos problemas, deteniéndonos en las particularidades de cada departamento, a través del análisis de los catastros de propiedad territorial y mobiliar, [13]
Anta, la antigua frontera colonial, era un departamento esencialmente ganadero caracterizado por la existencia de grandes propietarios ausentistas y de un importante núcleo de arrendatarios y puesteros. A mediados del siglo XIX el 39% del valor de la tierra y el 30% del valor del ganado se hallaban en manos de dos familias: Saravia y Fernández Cornejo, emparentadas entre sí por vía matrimonial. [14] Los Saravia concentraban más tierra que los Cornejo, entre ellas la antigua reducción de Macapillo, de 617.000 has., donde se cultivaba caña de azúcar, cereales, y frutales. Esta, junto con Cuitripozo, eran las propiedades de mayor valuación en todo el departamento en 1859 ($6.000). También la antigua reducción de Balbuena estaba en manos de la misma familia, como las tierras que pertenecían al fuerte de San Felipe del Tunillar.
La propiedad más importante de los Cornejo era Concepción (Estancia El Rey), cuyo origen es una merced de 1778. Se trata de tierras con riego, de una extensión aproximada de 36.000 has. valuadas en ese momento en $4.000. Otras familias propietarias, emparentadas por vía matrimonial con los Cornejo y Saravia, controlaban importantes porciones de tierras: los Sanmillán, Usandivaras y Aráoz. Es interesante destacar que en el caso de los Aráoz y Usandivaras, poseían también propiedades en las tierras bajas de Jujuy y eran partícipes del desarrollo azucarero de la zona . [15]
Por otra parte, habían muchos arrendatarios y/o puesteros que criaban ganado. En el catastro de propiedad mobiliar hay 420 registros de ganado, mientras que en el de propiedad territorial figuran 151 nombres (y 169 registros de tierras). De las 420 personas que poseían ganado, 267 no eran propietarios de la tierra: una relación de un dueño de tierras por 1.5 que poseía ganado sin tierras. Los dueños de latifundios eran ausentistas (no aparecen registrados en el censo de población correspondiente al departamento de Anta de 1865), sin embargo los propietarios de tierras lo eran también del 80% del valor total del ganado registrado.
No queda duda que entre los tres departamentos del Chaco salteño, Anta era el que concentraba la mayor cantidad de latifundios: dieciséis propiedades que representaban la mitad del valor de la tierra y que contenían casi la mitad del valor del ganado. En términos absolutos, en ellas se criaba la mitad del vacuno de Anta, según cifras de 1859. El precio de la tierra era bajo; había una gran extensión de tierras fiscales y aún se podía obtener tierras en merced o en subasta a muy bajo precio. Diecisiete años después, comparando los catastros de 1859 y 1876, aumentó el número de propiedades y propietarios por dos factores: la ocupación de nuevas tierras fiscales y el fraccionamiento de algunas de las grandes propiedades. [16] La consecuencia inmediata es la pérdida de valor en tierras de parte de la familia Saravia, que de controlar casi un 30% sobre el total departamental, pasó a un 9%. En cambio, la familia Cornejo mantuvo sus tierras casi sin variantes, al igual que los otros apellidos que se reiteran en los registros de 1859 y 1876: Alvarez, Toranzo, Padilla, Matorras, Sanmillán y Usandivaras.
Orán, que poseía el centro urbano más importante de la frontera,[17] tenía un alto número de propiedades registradas, y su valuación superaba ampliamente a las de Anta y Rivadavia. [18] De las 628 propiedades, 433 eran urbanas (casas, chacras y solares). El número de propiedades duplicaba al de propietarios (303), dado que la legislación contemplaba que a quienes se dispusieran a habitar el pueblo se les entregaría un solar para casa, una chacra y una estancia en las afueras.
Otra particularidad de Orán era la fertilidad de sus tierras, lo que se traduce en un equilibrio de propiedades dedicadas a la agricultura y a la ganadería (177 y 160 respectivamente). En contraste con Anta, donde encontramos un número considerable de arrendatarios, en Orán, salvo en la finca San Andrés y Santa Cruz, en la Alta Cuenca del Bermejo, los arrendamientos eran casi inexistentes.
El predominio numérico de propiedades chicas se debe sin duda a la estructura urbana, no sólo a las casas en el pueblo, sino a las chacras destinadas a la agricultura. Los latifundios, si bien pocos, eran importantes. La propiedad de mayor valuación ($18.000) era la hacienda de San Andrés y Santa Cruz, en las tierras altas de la cuenca del Bermejo, que se registra a nombre de la sucesión de Juan M. Bolto, explotada y habitada por arrendatarios (82 de los 96 consignados para todo el departamento), que se dedicaban al pastoreo de ganado menor y concentraban aproximadamente una cuarta parte de los ovinos y caprinos del departamento.
Quién más valor concentraba en sus manos era Victorino Sáenz, Teniente de Gobierno de Orán hacia 1870 y dueño de cuatro latifundios, cuyo valor sumaba $23.000. Le seguía la familia Uriburu, cuyos miembros, de destacada actuación política y militar en la frontera, [19] poseían 12 propiedades, entre ellas la hacienda de Zenta. [20] Otro militar que llevó a cabo campañas en la frontera en la década de 1860 fue Clemente Egües, quien, según el catastro de 1872, tenía ocho propiedades en el distrito de Orán, tres casas en el pueblo, solares, chacras y dos estancias. [21] Mariano Iñiguez fue otro personaje que concentra varias propiedades, no sólo en Orán, donde poseía seis con un valor de $9.950, sino también en el departamento de Rivadavia.
El ganado que encontramos registrado en el departamento es bastante menor que el existente en Anta, lo que define a Orán como una zona de explotación mixta, agrícola-ganadera.
Rivadavia, de más reciente colonización, constituyó la frontera nueva en la segunda mitad del siglo XIX. Tenía muy pocas propiedades registradas en comparación con Anta y Orán, en su mayoría estancias ganaderas, predominando las propiedades medianas que coexistían con un buen número de propiedades chicas, en su mayoría casas en la Colonia.
La tierra valía poco por dos razones fundamentales: eran aún tierras de frontera inseguras, terrenos sometidos alternativamente a sequías e inundaciones, que sólo servían para una ganadería extensiva de ganado criollo ramoneador. Tanto más importante era el valor del ganado sobre el de la tierra, que las contribuciones pagadas al fisco en calidad de impuesto mobiliar duplicaban a las correspondientes al impuesto inmobiliario, fenómeno que compartía en toda la provincia sólo con Anta, Iruya y Santa Victoria.
Aquí la asociación entre poder político y económico queda muy clara. El principal propietario era Hipólito Oliva, Jefe Político Militar de Rivadavia en 1870, originario de Salta y registrado como comerciante en el censo de 1865. Poseía Pampa Blanca, la propiedad de mayor valuación, además de otras tres, que sumaban un valor de $8.450, lo que implicaba 7% del total del departamento. Oliva era también dueño de la mayor cantidad de ganado consignada: 2.500 cabezas de vacuno, 300 equinos y 300 caprinos y ovinos. Uriburu y Aparicio eran los otros apellidos asociados a las grandes propiedades. Samuel Uriburu tenía tres estancias que sumaban $3.750 y una buena cantidad de ganado: 2.000 vacas, 50 caballos y 100 ovejas. [22] Marcos Aparicio, uno de los principales participantes en la fundación de la colonia de San Felipe y Santiago, poseía la estancia Soledad y San Isidro; su negocio principal es el ganado: además del consignado en Colonia Vieja (nombre del distrito donde se había fundado San Felipe y Santiago), poseía 1.400 vacas, 120 caballos y 200 ovinos; también tenía otros animales en tierras de la misión de San Antonio, que arrendaba para pastaje a los franciscanos. Los negocios de Aparicio se complementaban con el traslado y negociación con los indígenas para trabajar en los ingenios azucareros.
En Rivadavia había menos ganado que en Anta: 42.600 cabezas de vacunos, 3.540 de equinos y 19.700 de ovinos y caprinos. Los propietarios de ganado superaban en número a los de tierras, en este caso los duplicaban: de los 338 registros del catastro de 1876, 166 pertenecen a dueños de animales pero no de tierras. ¿Debemos suponer que son arrendatarios? En ese caso, ¿cómo explicar el arrendamiento cuando la tierra puede conseguirse en forma gratuita o a muy bajo precio? Aquí hay dos factores explicativos: muchos propietarios de tierras son ausentistas (algo evidente al confrontar el censo de población con el de propiedad), y enviaban allí a dependientes o puesteros, que tenían su propio ganado. Por otra parte, los terrenos anegadizos y aquellos lejanos a aguadas no eran aptos para criar ganado, lo que explica los arreglos de pastaje. De todos modos, los principales propietarios de ganado eran los más importantes terratenientes.
En Rivadavia es donde se ensaya la política de radicación de población en colonias, dirigida especialmente a inmigrantes europeos. Sin embargo la escasa población extranjera que llega en condición de colono, proviene de Bolivia, cuya región chaqueña y de yungas está en estrecho contacto con lo que en realidad no es más que su prolongación, al sur de la frontera internacional. Así se forman San Felipe y Santiago (1857), de efímera duración, y Colonia Rivadavia (1862).
En síntesis, la documentación consultada evidencia la reiteración de algunos apellidos en la política nacional y/o provincial, como es el caso de las familias Uriburu, Cornejo, Oliva, Usandivaras, Aráoz y más tarde Patrón Costas, en carácter de propietarios de tierras y ganado en el Chaco, y de haciendas e ingenios azucareros en los valles cálidos de Jujuy, lindantes con la frontera. En un segundo nivel, también como propietarios de tierras y ganado, están los funcionarios locales y militares que llevaron a cabo la expansión sobre el Chaco. Un estudio de redes sociales seguramente echaría nueva luz sobre sus vinculaciones.
En cuanto al posible control que estas personas podían llegar a ejercer sobre la población indígena requerida como mano de obra, basta recordar el papel del ejército como mediador entre propietarios y braceros (Conti, Teruel y Lagos, 1988), la presión de los terratenientes y autoridades locales sobre los misioneros para que permitieran la salida de los indios al trabajo, la actuación de los funcionarios locales (a su vez propietarios) encargados de ejecutar las leyes y la participación de estas familias de notables en el organismo que elaboraba las leyes, la legislatura provincial.
Consideraciones finales
El proceso de formación del estado-nación requirió de un pacto o alianza que asegurara la unidad política, a cambio de garantir algunos intereses económicos regionales. El caso analizado, de incorporación de un espacio de frontera, permite vislumbrar la compleja trama de intereses personales, provinciales y nacionales en juego. En éste, las elites salteñas demostraron activa participación, lo que les permitió conciliar sus intereses particulares en la ocupación de las tierras aledañas al Chaco, con la empresa diseñada a nivel nacional.
Al momento de incorporación del Chaco occidental al estado nacional, dos aspectos económicos importaban de esas tierras a las economías de Salta y Jujuy: la producción ganadera y el control de la mano de obra que sus antiguos habitantes podían proporcionar, en especial para la producción azucarera. La ganadería, orientada a viejos circuitos mercantiles coloniales, y al mercado local y regional, no sería la actividad productiva que insertaría al norte con más éxito en el mercado nacional, pero en la etapa de expansión sobre el Chaco salteño era la más importante. Al contrario, la producción azucarera era incipiente, pero evidentemente los sectores de las elites que invirtieron en ella, consideraron su futura importancia en el nuevo modelo económico nacional, lo que la historia posterior a 1880 confirmó.
El papel de los sectores dirigentes jujeños aparece más desdibujado en este proceso. Si bien la porción de tierras chaqueñas de las que nos ocupamos se consideraban jurisdicción de la provincia de Salta, por lo que al gobierno de Jujuy no le competía actuar sobre la zona, las vinculaciones históricas, económicas y ecológicas de los valles bajos tropicales y subtropicales de Jujuy con el Chaco fueron muy importantes desde la colonia. Menores intereses personales vinculados a las tierras chaqueñas que los de las elites salteñas y más dificultades para insertarse con peso en el juego de la política nacional y diseñar una integración de sus negocios particulares (fundamentalmente el comercio con los circuitos andinos) al nuevo modelo "nacional", pueden explicar este papel secundario. Si la producción azucarera de Jujuy, en la etapa de despegue, se vió favorecida por políticas proteccionistas nacionales, quizás fue más el resultado de las negociaciones políticas de las elites tucumana y salteña, que de la jujeña. Sin embargo la creciente importancia de los ingenios en la economía provincial desde fines del siglo, motivará políticas más activas de sus sectores dirigentes en las primeras décadas del XX.
El otro aspecto involucrado en este trabajo, el de la constitución de la nación y la forma en que los indígenas se integrarían a ella, aquí fue más sugerido que profundizado. Tomamos una punta de este iceberg, la función de las misiones franciscanas en la frontera, como uno de los intentos más sistemáticos de un primer avance hacia la homogeneización que, sin embargo, fue sacrificado cuando el accionar de los misioneros se contrapuso a los intereses de los propietarios de fundos que demandaban mano de obra. A partir de allí se confió la "integración" al mestizaje y al trabajo en establecimientos de la frontera. Reducidos a mano de obra estacional, sumidos en la pobreza, despojados de sus tierras y discriminados por los rasgos de "otredad" que lograron conservar, los indígenas chaqueños siguen siendo hoy ciudadanos de segunda.
Bibliografía
Barth, Fredrik (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras, México, FCE, 1976
Bartolomé, Miguel, "Afirmación estatal y negación nacional. El caso de las minorías nacionales en América Latina." En Suplemento Antropológico. Vol. XXII. Nº 2. Dic. 1987. Asunción.
Bidondo, Jorge, A, Notas para la historia de los gobernadores de Jujuy. Jujuy, Dirección Provincial de Cultura, 1971.
Botana, Natalio,El Orden Conservador, Bs. As, Sudamericana, 1979.
Boto de Calderari, Salomé y Marcela Niemiec, Dinámica y estructura del gasto público jujeño, 1890-1915. Inédito, 1988.
Campi, Daniel y Jorba, Rodolfo R., "Las producciones regionales extrapampeanas", en Bonaudo, Marta (dir.), Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y Orden Burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
Carrillo, Joaquín : Descripción brevísima de Jujuy provincia de la República Argentina. (1889). Reproducción Facsimilar de la Universidad Nacional de Jujuy, 1989.
Conti, Viviana, "El Norte Argentino y Atacama: producción y mercados", en Siglo XIX. Revista de Historia. Nº 14, julio-diciembre de 1993. México.
Conti, Viviana, Teruel A. y Lagos, Marcelo, "Mano de obra indígena en los ingenios de Jujuy a principios de siglo", en Conflictos y procesos de la Argentina contemporánea, Nro. 17. Bs. As., CEAL, 1988.
Falleti, Tulia Gabriela, "Redes familiares y clientelismo político en el noroeste argentino, 1880-1930". En Falleti y Sislián, F., Dominación politica, redes familiares y clientelismo. Bs. As, Grupo Editor Universitario.
Favaro, Orietta. Reflexiones en torno a realidades contrapuestas a los estados provinciales: los territorios nacionales, 1884-1955. Mimeo
Fontana, Josep, "Estado, nación e identidad", en Travesía Nº 1, UNT, 1998.
Gellner, Ernest, Nacionalismo, Barcelona, Ediciones Destino, 1998.
Gonzalez Bollo, Hernán, Los censos nacionales de población en la Argentina moderna. Intereses regionales versus representación electoral. En VII Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia. Neuquén, setiembre de 1999
Guibernau, Monserrat, Los Nacionalismos. Barcelona, Ariel, 1996
Hobsbawm, E. J., Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Crítica, 1992.
Jaime, Miriam, Extensión de la frontera ganadera y tenencia de la tierra en el Chaco salteño (Colonia Rivadavia), 1825-1914, ponencia presentada en las III Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. UNJu, 1992.
Justiniano, María Fernanda, Aproximaciones a la problemática del poder político en Salta, 1880-1916, ponencia presentada en VII Jornadas Interescuelas -Departamentos de Historia. Neuquén, 22, 23 y 24 de setiembre de 1999.
Justiniano, María Fernanda, Prácticas sociales y políticas en Salta de 1880 a 1916 trabajo de seminario "Procesos Sociales y Políticos de la Argentina Contemporánea. 1880.1995" a cargo de Luis Alberto Romero. Maestría en Ciencias Sociales UNT. Mayo de 1999
Lahitte, Emilio, Consideraciones sobre el censo de la industria azucarera, en Tercer Censo Nacional, año 1914. Tomo VII. Censo de las Industrias. Buenos Aires, Talleres Gráficos L. de Rosso, 1917.
Langer, Erick y Conti, V., "Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes centromericionales (1830-1930)", en Desarrollo Económico, Nro. 121, Bs. As., 1991.
Lagos, Marcelo, "Articulación de los ingenios azucareros jujeños en el marco regional 1870-1940." En El Noroeste argentino como región histórica. Integración y desintegración. Nro. 3. Sevilla, Junta de Andalucía, 1992.
Madrazo, Guillermo B. "Hacendados y comerciantes del Noroeste", en ANDES, Antropología e Historia, Nº 8. CEPIHA, Salta 1997
Oszlak, Oscar, La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional. Bs.As, Planeta, 1997.
Otero, Hernán, "Estadística censal y construcción de la nación. El caso argentino, 1869-1914". En Boletín del Instituto Ravignani, 16-17, 1997.
Paz, Gustavo L., Familia, linaje y red de parientes: la élite de Jujuy en el siglo XVIII. En ANDES, Antropología e Historia, Nº 8. CEPIHA, Salta 1997
Pellichi, Pedro María (OFM), Relación histórica de las misiones del gran Chaco sobre el Bermejo, II Cuaderno, Buenos Aires, Imprenta El Porvenir, 1865.
Poderti, Alicia E., San Ramón de la Nueva Orán: una ciudad, muchas historias. Cuadernos de la Fundación Banco del Noroeste, Vol. 13. Salta, 1995.
Sabato, Jorge F., La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características. Bs. As, CISEA-Imago Mundi, 1991.
Schleh, Emilio J., Compilación Legal sobre el Azúcar. Buenos Aires, Centro Azucarero Argentino, 1943. Tomos VI y IX.
Smith, Anthony D. , La identidad nacional, Madrid, Trama Editorial, 1997
Sola, Manuel, Memoria descriptiva de la Provincia de Salta, 1888-1889. Buenos Aires, Imprenta Mariano Moreno, 1889.
Sweeney, Ernest, Robustiano Patrón Costas. Una leyenda argentina. Buenos Aires, EMECE, 1998.
Teruel, Ana A., La frontera occidental del Chaco en el siglo XIX. Misiones, economía y sociedad. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata, 1999.
Teruel, Ana, "Zenta y San Ignacio de Los Tobas. El trabajo en dos misiones del Chaco Occidental a fines de la colonia.", en Anuario IEHS Nro. 9, Tandil, 1994.
Buscar en esta seccion :