Estado y cuestión indígena. Gran Chaco 1870- 1920.
Marcelo Lagos
Unidad de Investigación en Historia Regional. FHyCs-UNJu
Fronteras: Estados y Ciudades
Nuestro período de estudio abarca el momento en que se produce el proceso constitutivo del Estado-nación en Argentina. Simultáneamente se desarrollaron las instituciones del poder, los diversos mecanismos de dominación social, una economía más integrada y compleja y la construcción de una identidad colectiva. El tema indígena, en mayor o menor medida, tuvo cabida en cada uno de estos puntos.
Un aspecto que se trató como crucial fue la extensión de la soberanía sobre la totalidad de los territorios que se consideraban propios. Imponer el "orden" sobre esos suelos considerados desiertos era el primer paso para luego llevar el "progreso". Hubo desde el Estado una idea de natural legitimidad sobre esas tierras, siempre calificadas como "vacías". Se construyó una concepción de "desierto" que posee una profunda densidad histórica e ideológica y que fue utilizada en el discurso oficial como percepción tanto del territorio como del "otro molesto" que lo habitaba (Wright, 1997). Sarmiento lo definía como la "antípoda concreta", Avellaneda entendía que suprimir a los indios y a las fronteras no era otra cosa que eliminar el desierto. Construida la imagen desde el poder, rápidamente se incorporó al bagaje terminológico popular para identificar todo lo que tuviera que ver con lo indígena. Construida para las tierras del sur se extrapoló para el Chaco, aunque poco tuviera que ver con la realidad ecológica del territorio.
Pero he aquí que dentro del "desierto" se encontraba el indio quien impedía la dominación efectiva. Por ello el desarrollo de la teoría de la frontera interior, tema con el que se asoció la cuestión india en las primeras décadas del estudio. Por ésta se demarcaba, para dejar en claro a los otros que pretendían el territorio (en nuestro caso el Paraguay con el que se litigaba el Chaco Central), que estos eran espacios internos aún no plenamente dominados.
Entonces la cuestión indígena estuvo primariamente presente como asunto de Estado íntimamente ligado a la conformación territorial. Se fue generalizando la concepción de que las "áreas no civilizadas" eran terrenos desaprovechados a pesar de sus grandes potencialidades económicas y de que se corría serio peligro de perderlas de no proceder a su ocupación efectiva. Desde el Estado se pregonó por una violencia "racionada" para el Chaco. El territorio no sólo debía ser conquistado, a posteriori, para lograr su plena integración, tendría que desarrollarse materialmente. En este aspecto se incluirá la cuestión del aborigen como de interés del Estado, ya que quedará como elemento necesariamente asociado al desarrollo regional.
La necesidad del brazo indio para los incipientes mercados de trabajo originados en torno a agroindustrias, salvó a los indios de la violencia y el exterminio indiscriminado. [1] El Estado como regulador de la violencia fue cauteloso en Chaco. Se vislumbra siempre el intento de tenerla bajo control, las órdenes pueden contener los más duros epítetos contra los "salvajes", pero reparan que siendo el aborigen un elemento imprescindible para cualquier trabajo, los castigos deben ser acotados y solamente ejemplificadores.
Algunas fechas son indicativas de la evolución del tema indio dentro de la esfera estatal. En 1881 quedan organizados por ley los territorios nacionales, entre los deberes de los gobernadores figuraba el estimulo de la acción misional "para atraer a los indios a la vida civilizada". En 1898 se traspasan las cuestiones vinculadas con lo indígena del Ministerio de Guerra al de Interior, esto indica que se van dejando de lado las hipótesis bélicas para considerarse el asunto como de la esfera de tratamiento del ministerio político. En 1917 las gobernaciones de Chaco y Formosa pasan de la órbita militar a la civil, ese mismo año se disolvían las fuerzas de operaciones del Chaco y los regimientos de caballería se transformarían en gendarmería para cumplir misiones de vigilancia y policía. En fin, son cambios que van marcando la reorientación de la política estatal, indicando a ojos vistas que la cuestión se excluye de lo conflictivo para incluirse en lo político.
Paralelo a lo que la historiografía militar denominó como proceso de pacificación, el Estado concretó bajo la dependencia de los ministerios la organización institucional y económica del territorio. Muchos de los proyectos que encaraba el Estado involucraban a los indígenas como mano de obra. La construcción de la línea del ferrocarril Resistencia-Metán y posteriormente Formosa-Embarcación, el servicio de balsas, la apertura de obras viales a partir de la década de 1910, contó esencialmente con peonada indígena. No es casual que gran parte de la documentación producida desde los diversos organismos del Estado tenga relación con lo que implica al indio como trabajador.
La discrepancia entre la unidad cultural y étnica pretendida por la elite en el poder y la realidad heterogénea que presentaba el país, hizo necesaria la construcción de un discurso de entidad nacional, de homogeneidad de la identidad colectiva. Dentro de las percepciones que se conformaron, lo indígena fue considerado como un retraso o ruina a superar, sin más salida que su incorporación a la unidad mayor de la sociedad nacional, o en última instancia a quedar como un recuerdo etnográfico. Las posturas de los sectores políticos eran una extensión de las opiniones de los intelectuales de la época, en abrumadora mayoría provenientes de las clases acomodadas. Es indudable que los grandes argumentos nacidos desde lo político provienen de las introspecciones que realizan algunos intelectuales influyentes y si hubo un discurso para lograr una nación indivisible, este estuvo más orientado hacia la nueva realidad social que planteaba el inmigrante que a las viejas rémoras de la cultura aborigen. Como diría Marco Avellaneda el peligro del Desierto desaparecía al tiempo que nacía uno nuevo, el de los extranjeros.
Hacia fines del siglo XIX y principios del presente, además del oficialismo encontramos opiniones sobre la cuestión indígena en los socialistas, los católicos sociales y los sectores reformistas del liberalismo. Esto merecería un estudio pormenorizado, aquí sólo dejaremos bocetado lineamientos generales.
Una idea generalizada que compartían, tanto liberales como aquellos imbuidos por las ideas marxistas, era que las diferencias étnicas tenderían a desaparecer gradualmente y que la homogeneización se alcanzaría en breve plazo. Entre los socialistas la problemática étnica era considerada secundaria y transitoria. Las categorías del evolucionismo eran aplicadas acriticamente, y sin caer en posiciones de racismo explícito (con el recaudo de no incluir a Ingenieros y Bunge), en general la postura del socialismo fue más efectiva en su labor de denuncia que en nuevas alternativas para repensar el tema. Con suma frecuencia el planteo se encuentra incluido con el de la situación de los trabajadores criollos del interior, se remarca el incumplimiento de leyes nacionales y se pone el acento en el carácter explotador de las empresas que los emplean. Respecto de las reducciones estatales los socialistas entendían que eran una vía correcta, llegando a proponer el envío una comisión a Estados Unidos y Australia para que se estudien sus políticas a fin de perfeccionar la nuestra (de Lucia, 1997).
Otra concepción que cosechó adeptos fue el enfoque eugenésico. Originado en diversos estudios provenientes de la psicología, pedagogía y la higiene; el hincapié puesto en la herencia y en la comprobación "científica" de la existencia de aptos y no aptos, llevó a algunos a adoptar posturas de extremo racismo al punto de reclamar al Estado el control del proceso de reproducción humana a través de la limitación de la procreación de los ineptos. Lucas Ayarragaray, un médico que incursionó en la política, advirtió en sus trabajos sobre la "mala mezcla racial" que aparejaban tendencias degenerativas. La idea de "mejorar la raza" (que aún hoy tiene utilización popular) nació de estos sectores y se encarnó en el Estado. "Gobernar es poblar bien" afirmaba Ayarragaray en 1910 Obviamente que los indígenas eran los destinatarios de los calificativos más duros, un largo proceso de mezcla, es decir su desaparición, podría producir un hombre civilizado. "Necesita llegar a tercerón, cuarterón o quinterón, es decir, necesita varias selecciones con padre o madre blancos para colocarse en condiciones de asimilar la civilización europea y poder ser un factor económico, social y político eficiente." (Ayarragaray, 1910: 15)
El catolicismo social en cierto modo había terminado de tomar forma con Estrada y los debates del ochenta en torno a las reformas educativas. Respecto de nuestro tema de interés podemos decir que no tuvo un tratamiento especial sino que fue incluido en la "cuestión social". Varios católicos formaron los cuadros de distintos gobiernos y un ámbito en el que tuvieron mucha influencia fue en el Departamento Nacional del Trabajo, en especial en la presidencia Saenz Peña con el Ministro del Interior Indalecio Gómez quien designa como Presidente del Departamento a Julio B. Lezama, ambos estrechamente vinculados a los círculos católicos. En el cuerpo de inspectores hubo una importante presencia de católicos que nos dejaron plasmada su visión a partir de pormenorizados informes.
Hemos agrupado en cinco apartados el tratamiento de la cuestión indígena en el marco estatal: a) protección b) reducción c) inserción en el mercado laboral d) integración e) legitimación de la violencia. Casi todas estas temáticas tienen estrecha vinculación, se entrecruzan y superponen y su desglozamiento está realizado a los efectos de organización del texto.
Hemos basado esencialmente la investigación en documentación oficial. Del Ejecutivo hemos analizado todos los mensajes presidenciales del período y algunos decretos; asimismo memorias, informes expedientes y boletines originados en los ministerios del Interior, Guerra y Marina y Agricultura (hacemos la salvedad que algunos de estos organismos cambian de nombre y status dentro del gobierno). Del Legislativo hemos rastreado los diarios de sesiones de senadores y diputados, investigaciones parlamentarias y legislación. Las memorias e informes de los gobernadores de los territorios de Chaco y Formosa (en buena medida editados) y bibliografía de época completan el grueso del material empleado.
Protección
Uno de los temas que atravesó todo el período fue si el indígena, reconocido como diferente, debía contar con la protección del Estado. En rigor, el asunto no tenía nada de novedoso; los españoles habían debatido largamente sobre ello, y sin llegar a ningún acuerdo definitivo primó la idea de la "capitis diminutio", pasando a ser considerado un incapaz de hecho, por lo tanto merecedor de un estatuto jurídico especial.
La revolución de Mayo inauguró la "ficción de la igualdad", es decir hacer como que el aborigen estaba comprendido en las generales de la ley y su situación era idéntica a la de cualquier habitante. Esta hipocresía no tenía mayor sustento, la Constitución unitaria de 1819 caía en contradicciones en el artículo 128 en que se hacía referencia a los aborígenes " Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal, bajo cualquier pretexto o denominación que sea. El cuerpo legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado." Es decir, por un lado se proclamaba la igualdad, por otro se reconocía que serían necesarias leyes especiales para poder nivelarlos, pues eran disminuidos. El pensamiento liberal del siglo pasado interpretaba que esta igualación era manifestación de progreso en contraposición con la diferenciación que habían hecho los españoles en tiempos coloniales. En este sentido la opinión del constitucionalista Bidart Campos es que poner en plano de igualdad a los diferentes es un acto de injusticia: " se debe aplicar la regla inveterada de que a quienes se emplazan en circunstancias diferentes no se los ha de nivelar a todos igualitariamente porque, de ser así, en vez de igualdad imponemos desigualdad (entendiendo que) las medidas que se adopten con el fin exclusivo de asegurar el progreso de grupos raciales o personas que requieran protección no se considerarán como medidas de discriminación." (Bidart Campos)
En varios reglamentos y decretos referidos al aborigen se incluía la aclaración que éstos "eran hombres", cosa que parecía aún necesario indicar avanzado el siglo XIX, cuando por otro lado se lo ponía en plano de igualdad. A la par de la ficción igualitaria apareció con fuerza la idea del "protector ", al mejor estilo indiano. Una ley de Salta de 1859 establecía que el síndico procurador de los departamentos limítrofes del Chaco, y en las misiones el padre conversor, desempeñarían el cargo de protector de indios. Más adelante, en 1879, Avellaneda dictó un decreto para proveer a la "colocación" de familias y menores indígenas aprehendidos, la misión estaría a cargo del Defensor de Pobres e Incapaces. Este debía velar porque la situación de aquellos fuera ventajosa hasta que se hallaran en condiciones y aptitud de procurarse los "beneficios de la civilización". Este "protectorado" se prestó a frecuentes abusos, y de hecho se convirtió en un tráfico de servidumbre. Nicasio Oroño le escribe desde Santa Fe en el mismo 1879 a Manuel Obligado, jefe militar de la frontera norte de esa provincia "Como veo que ha hecho una buena cosecha de indígenas, espero que no olvidará mandarme con Cornelio o en alguno de los vapores un par de chinitas de seis u ocho años. El transporte lo pagaré‚ yo aquí." (Obligado, 1925: 112.) Esta especie de "protección privatizada" tuvo su mayor cantidad de adeptos en las sociedades de beneficencia. Los encargos y los embarques fueron frecuentes, sobre todo en torno a las campañas militares. Por ejemplo, el diario La Nación el 31 de Octubre de 1885 titulaba " Espectáculo bárbaro. Indios numerados vienen en el vapor San Martín para ser repartidos. Ciento cincuenta y cuatro indias quedan en manos de la Comisión de las Señoras de la Sociedad de Beneficencia." (Ospital , 1983)
Los avances más concretos respecto de la protección fueron los proyectos de creación del Patronato Nacional de Indios, uno presentado por Bialet Massé en su Informe de 1904, y el otro, de 1914, de Miguel Ortiz Ministro del Interior de Victorino de la Plaza. Ambos tienen puntos en común. El primero es que ninguno prosperó, lo que indica la política errática del legislativo sobre la temática. Los dos ubicaban la institución bajo dependencia del Ministerio de Interior, que reglamentaría sus deberes y atribuciones. Los proyectos relacionaban al Patronato con la "colonia indígena", como la denomina Bialet, o la reducción como la califica Ortiz. Allí estaría la "fábrica de civilización", el artículo 2 del Proyecto de 1914 era claro al respecto: "atraerlos (a los indios) a constituirse en reducciones, proporcionales trabajo permanente y remunerado, inculcándoles las nociones de propiedad individual, el ahorro, la moneda y otras útiles (...) mejorando sus costumbres, respetando, mientras sea necesario, las instituciones políticas y domésticas siempre que éstas no sean repugnantes a los principios de humanidad." (Cámara de Senadores, 31 de Agosto de 1914)
La figura del Defensor de Indios era la de un supervisor de la adaptación del indio a la civilización. El artículo 11 del proyecto de Bialet establecía: "El Defensor de indios ejercerá en las colonias todas las funciones asignadas por las leyes a los defensores de menores e incapaces (...)
Recibirá los pedidos de trabajadores que le dirigiesen los particulares, autoridades o bolsas de trabajo, hará conocer a los indios las condiciones precisas de trabajo, los salarios y retribuciones ofrecidas y formulará los contratos correspondientes de conformidad a lo establecido en la presente ley (...)" (Bialet Masse, 1904: 111) El Defensor se hacía cargo de las personas y bienes de los indios en reducción y reglamentaría la comercialización de armas y bebidas entre estos.
El proyecto de 1914 avanzaba respecto del indio como sujeto de derecho y establecía que el Patronato era el responsable de determinar la capacidad civil y la responsabilidad penal, al tiempo que determinaría la misión de amparo que le correspondía ejercer al Estado y los pasos a seguir para la emancipación legal del indígena ( Cámara de Senadores, 31 de Agosto de 1914, art.4).
Siempre se ha considerado a la ley de Servicio Militar como una herramienta más del Estado para acceder a todos los sectores de la población y como parte de su expansión en el área social. Sin embargo, el indio era excluido de esta obligación en el proyecto de Patronato, sólo siendo aplicable a aquellos que "están definitivamente incorporados a la civilización" (Cámara de Senadores, 31 de Agosto de 1914, art.7) Sabemos del indio "enganchado" como baquiano, cargador o simplemente como sirviente de tropa pero no como "conscripto de la Nación", al menos en el lapso estudiado.
La Comisión Honoraria de Reducción de Indios, creada en 1916, ejercía de hecho el protectorado del indio, pero carente de presupuesto y leyes que la respaldaran, elevaba al Ministerio del Interior, del que dependía, constantes reclamos. "Se hace indispensable la sanción de la ley de Patronato de Indios, que al dotar a esta Comisión del Personal de Inspección necesario la invista de la autoridad requerida para intervenir en todos los actos individuales y colectivos (de los indios), instruyéndolos sobre sus derechos, inculcándoles la noción de sus obligaciones y defendiéndoles en múltiples circunstancias en que son objeto de malos tratos y explotación inicua (...)" En el mismo documento, mas adelante, se refuerza la idea de que sólo la misión tuitiva del Estado y sus funcionarios liberará al indio de la múltiple explotación que sufre, explotación que se inicia en el mismo seno de la tribu: " Sólo con una amplia y eficaz protección del indígena, se puede llegar con el transcurso del tiempo, a disminuir o desterrar tal vez la perniciosa influencia de los caciques sobre los individuos de sus respectivas tribus, pues por obscura o perezosa que sea la mentalidad del indio, no puede dejar de establecer comparaciones entre el bien que le reporta la obediencia a los funcionarios públicos que lo ayudan y protegen y la poca provechosa sumisión a los caciques, verdaderos parásitos que lucran con la ignorancia y fanatismo de sus subordinados." (Memoria del Ministerio del Interior, 1918: 444)
Reducción
La reformada Constitución argentina de 1994 dice en su artículo 75 inciso 17: " (...) reconocer (a los indígenas) la personería de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos (...)" Esto es en la actualidad la letra de la ley, en lo pragmático falta mucho por avanzar.
Iniciamos de esta forma el apartado porque históricamente el tema de la legalidad de la propiedad de la tierra del indígena estuvo asociado a la reducción. Esto se vinculó con la discusión respecto a supervivencia de las formas de propiedad colectiva y la existencia de la tribu.
El criterio general adoptado por el Estado desde mediados del siglo pasado fue considerar a las tierras ocupadas por los indios como baldías, pasando al fisco una vez incorporadas mediante conquista para su posterior venta, arriendo o donación. En contraposición a esta política aplicada de hecho, algunos juristas consideraban que el indio era dueño por posesión treintañal, y que habiendo sido despojados tenían derecho a entablar juicio al Estado para lograr su restitución. Estas bien intencionadas declaraciones no pasaron de ese terreno. El Estado se apropiaba de las tierras valiéndose de un instrumento legal: la Ley de Seguridad de las fronteras (Nro. 215) del año 1867. La ley distinguía para la continuidad de la ocupación del suelo las tribus que se sometieran voluntariamente, que podrían discutir y establecer convenios con el P.E. la extensión y límites que se les otorgaría, y aquellas que fueran sometidas por la fuerza que quedarían al arbitrio del Gobierno Nacional.
Una idea avanzó: asegurar la "existencia fija " de los indios era eliminar uno de los principales signos de su barbarie: el nomadismo. La residencia en un lugar determinado adoptaba los diversos nombres de colonia, reducción o misión. Hacia allí apuntó la legislación, la Ley Avellaneda de Inmigración establecía en su artículo 100 que se utilizarían todos los medios posibles para atraer gradualmente a las tribus entregando lotes de cien hectáreas por cada familia, en el mismo sentido se orientaban las leyes de Organización de Territorios Nacionales y la de Tierras y Colonias de 1903.
Paralelamente se gestaba la concepción de que la tribu era una rémora que debía eliminarse como forma de organización y por ende como órgano de acceso a la propiedad. Un decreto de 1879 establecía que la convivencia en la tribu "contribuye a que los indios conserven sus hábitos, viviendo en la misma agrupación y sin estímulo alguno para el trabajo, único medio por el cual puede mejorarse su condición, haciéndolos al mismo tiempo útiles." (en Secretaria de Trabajo y Previsión, 1945: 224 .) También el Ejecutivo enviaba un proyecto al Congreso sobre colonias indígenas en 1885, en él desaparecía el concepto de tribu para incluir el de familia. Se entendía que las sociedades civilizadas habían abandonado este tipo de instituciones y que entre los indígenas no hacía más que preservar una organización agresiva. " Hay que suprimir la tribu, y para ello, debe dársele al individuo educación, tratando que al mismo tiempo labre su independencia económica y con esa mira, lo agruparemos primero para instruirlos y luego de llenado este requisito, lanzarlos aptos para la lucha por la vida." (en Secretaria de Trabajo y Previsión, 1945: 224 )
En el área chaqueña la pregonada instalación de reducciones tuvo su primera concreción con la creación de San Antonio de Obligado en 1884 en la actual provincia de Santa Fe. El Jefe de frontera y posterior gobernador del territorio era un firme defensor de la idea. Constituida por mocovíes y tobas en número mayor a 400 prosperó en los primeros años según su fundador, pero al poco tiempo, cuando éste se ausentó a Buenos Aires después de casi veinte años de actividad en la frontera, una sublevación terminó con la vida del misionero, el jefe militar y la reducción. No era un buen comienzo, pero nadie se desalentó y la idea no fue desechada.
Lucas Luna Olmos, gobernador de Formosa, realizó una expedición al Pilcomayo a inicios del siglo. En su informe aplica la fórmula: la desaparición del desierto es igual a una política de poblamiento (blanco) más la reducción del indígena. " Mientras el indio disponga del desierto no habrá misioneros suficientes ni capaces de reducirlo y traerlo a la vida civilizada. El instinto y la sangre dominan. Las dos misiones actuales, (San Francisco de Laishi y Tacaaglé) establecidas en este territorio, casi totalmente desierto, con cerca de 20.000 indios salvajes, son una prueba: hay ciertas épocas del año, sobre todo en primavera, cuando canta el coyuyo, que las misiones quedan desiertas, porque todos, o casi todos, los indios se van al desierto a celebrar sus grandes "saturnales" con la chicha que elaboran de la algarroba. Y no hay quien los detenga.
Vuelven después de varios meses, olvidados de lo poco bueno que aprendieron y avivados sus instintos salvajes.
Pienso entonces, que no hay otro sistema de reducción para el indio que la ocupación del desierto con la población: la colonización. El indio sin desierto tiene forzozamente que entregarse y reducirse, viniendo ellos mismos a constituirse en brazos colonizadores (...)" (Luna Olmos, 1905: 28) El funcionario, que en todo su informe se encarga de demostrar la ineficacia de la acción misionera franciscana, es continuador de la idea de la reducción civil, que no termina por concretarse.
Los militares que actuaron en las últimas operaciones dejaron su opinión sobre la forma práctica con se debía encarar la reducción. Teófilo O'Donnell concretó hacia 1907 su proyecto de colonización militar. Quería formar 3 colonias de 25.000 hectáreas cada una, las chacras de 10 hectáreas se entregarían a cada familia indígena que se presentaran voluntariamente. Las colonias estarían ubicadas en las proximidades de los acantonamientos militares. Se debía proveer a los indios de instrumentos de labranza, siendo los militares los instructores y protectores. La producción se repartiría en dos terceras partes para los indios y el resto para el gobierno. Según su autor el proyecto tenía un doble propósito: asegurar la subsistencia del indio a partir de su propia labor y establecer sobre él una "severa y paternal " tutela para reprimir cualquier intento de sublevación o correría. ( Memoria del Ministerio de Guerra, 1907-1908)
Nadie defendió tan a rajatabla la idea de reducción y logró concretarla en la practica como Enrique Lynch Arribálzaga. Este porteño, que provenía del campo de las ciencias naturales pero también de una amplia experiencia agrícola se instala definitivamente en Chaco a inicios del siglo XX. Según propio testimonio su conocimiento del indígena provino de la utilización de tobas en sus plantaciones experimentales de algodón. Como Delegado del Ministerio del Interior intervino en la fundación de las dos primeras reducciones laicas montadas por el gobierno argentino: Napalpí, Chaco 1911 y Bartolomé de las Casas, Formosa 1914.
Elevó dos informes al Ministerio del Interior en 1914 y 1915 que constituyen un riquísimo material documental para el análisis del tema. En realidad el primero de ellos constituye mucho más que un rutinario y burocrático informe de funcionario, se trata de un verdadero estudio sobre el sistema de reducciones en tiempos coloniales y republicanos, entre jesuitas y franciscanos, un enfoque comparativo con los casos de Estados Unidos, Canadá y Brasil para llegar al "plan argentino", que si bien sigue los lineamientos generales del pensamiento de época, tiene un tratamiento y una estructuración lógica que no posee ningún otro documento.
Reducción "sin comunismo" (en alusión al sistema jesuítico), educación, trabajo, obraje y agricultura eran los pilares del sistema. Reducir es para Lynch "atraer, persuadir, acostumbrar por grados, sin violencia alguna (...) concentrar en ellas todos los indígenas salvajes que restan en la República, para que trabajen y se eduquen allí, vayan luego, capaces ya de manejarse entre los cristianos a ganarse la vida con un oficio o una destreza manual cualquiera." (Lynch Arribálzaga, 1914: 42)
Una condición fundamental era eliminar la concepción y práctica colectivista en torno a la propiedad inculcando el reconocimiento y usufructo que brinda la propiedad individual. Esto se aplica en la práctica a la entrega de tierras en la reducción, Lynch propone su suspensión hasta que no quedara demostrado el apego del indio a ella. Entiende que debe otorgarse para cada familia una hectárea para separar al individuo de la toldería "ese falansterio siempre insalubre". La propiedad definitiva sólo cuando la "escuela haya modelado una generación".
El Plan de Lynch basaba la existencia de la reducción en un primer momento en el obraje. En sus informes presenta la producción de rollizos de quebracho, lapacho y algarrobo. Al mismo tiempo, y con un objetivo mas elevado, se desarrollaría la agricultura, que sólo tenía carácter de experimental al inicio. Además de las huertas, Lynch apostaba a las plantaciones comercializables como el algodón, la caña de azúcar, el tártago. Por su parte, la ganadería además de satisfacer los roles de alimentación, tiro y carga para el trabajo, sería la "moneda" en que el indio realizaría sus ahorros.
Los informes estaban plenos de optimismo sobre el futuro de la reducción, Lynch afirmaba que sus previsiones se cumplían, las cuentas cerraban y los indígenas, tratados con honradez y benevolencia estaban conformes con la vida de reducción. Pero no siempre las buenas intenciones tienen respuestas favorables de la realidad. La crisis financiera derivada de la guerra desatada en 1914 disminuyó la demanda internacional de quebracho y esto repercutió en el lejano experimento indígena del Chaco. Otros factores negativos se aunaron; una epidemia de paludismo, langostas, ataques de otros obrajeros de la zona que se quejaban por competencia desleal, ya que la reducción no pagaba derecho de monte y sus fletes tenían una rebaja del 50 %. La prensa local también cargo las tintas "Ahí está la reducción de Napalpí (...) organizada con las más nobles intenciones ha resultado un fracaso absoluto porque en los años de vida que lleva, no solamente no ha reducido a ningún indio sino que financieramente representa una enorme carga sobre el erario nacional, constituida por 140.000 $ anuales, que le asigna el presupuesto, además de otros 100.000 $ que adeuda al comercio de esta plaza. " ( El Colono, 26 de Junio de 1916 en Beck, 1994: 110)
Un informe de la Comisión Inspectora de Tierras Públicas de 1916 era lapidario, indicaba que la reducción no contaba con población estable, que cuando había radicación era sumamente precaria, que la actividad obrajera se prestaba para todo tipo de abusos y explotación del bracero indio, que la cercanía del poblado de Quitilipi favorecía el alcoholismo las pendencias y la compra de armas de fuego. Huérfana de apoyo oficial la reducción languideció, pero sobrevivió.
Un ciclo de esta experiencia concluye unos pocos años después en que cerramos nuestro período de análisis con la sangrienta sublevación de 1924. Quienes han estudiado el caso lo han definido como movimiento milenarista, pero reconociendo una multiplicidad de causas (Cordeu y Sifredi, 1971). El fortalecimiento de las prácticas shamánicas habría derivado en la creencia del advenimiento de una era en la que se superarían las penurias del presente; en un renovado sentimiento antiblanco y complicado con la reactivación de ancestrales conflictos interétnicos entre tobas y mocovíes con quienes se conformaba la reducción. Pero como causa de fondo subyacía una cada vez mayor competencia por la fuerza de trabajo del indio (Iñigo Carrera, 1988). Por un lado los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, por otro las colonias algodoneras del centro y oriente chaqueño, sumado a los obrajeros y los administradores de la reducción que querían retenerlos. No es casual para el desarrollo de los acontecimientos que en ese año 1924 el gobernador decretara la prohibición de la salida de los aborígenes del territorio hacia otras provincias con fines laborales.
No nos corresponde extendernos sobre este caso que ya ha sido objeto de análisis (a los autores citados en el párrafo anterior agrégese Arengo, 1996). Nos interesa para concluir analizar cuál fue la actitud de la administración de la reducción y del Estado ante sus "protegidos "indios de Napalpí. De diversas formas casi todos los documentos y testimonios acusan a la administración de ser la propagadora de la histeria "de malón" originada entre los blancos de la región, cuyas versiones fantásticas y desmedidas tuvieron notable peso sobre la represión. A su instancia se instaló un destacamento policial que desató una espiral de pequeños actos violentos que caldearon los ánimos. Asimismo negó intransigentemente todo reclamo de los aborígenes como la entrega de alimentos, rebajas en los porcentajes que se retenía en los trabajos del obraje, etc. Por su parte el Estado a través de su representante directo, el gobernador del territorio Centeno, tuvo al principio una actitud dialoguista pero terminó desatando una represión que dejo más de doscientos muertos y heridos. No sólo movilizó tropas de policía y gendarmería sino que permitió la asistencia de indios "adeptos" y también particulares que deseaban colaborar. En la masacre puso a disposición de las tropas hasta un avión de reconocimiento y se mantuvo indiferente a la persecución encarnizada de los sobrevivientes. No vemos en la actitud del poder estatal sensibles diferencias con la severidad que trataba a grupos oponentes o contestatarios, recordemos que los acontecimientos de la Semana Trágica y las huelgas de Santa Cruz son casi coetáneas de los incidentes de Napalpí.
Inserción al mercado laboral
Hemos tratado en otro trabajo este tema, ejemplificando con variados puntos de vista la estrategia de la vía laboral como integradora de la civilización y como aprovechamiento de brazos tan necesarios como poco explotados. Aquí abordaremos el asunto desde la forma en que el Estado instrumenta la incorporación y regulación del indio como trabajador.
Una breve frase que el presidente Roque Saenz Peña incluye en su Mensaje de apertura del Congreso en 1912 resume el pensamiento que sobre los aborígenes chaqueños se ha ido gestando desde que dieron fin las campañas del sur: "Considero que en favor del buen trato y conservación de los indios militan no sólo un mandato constitucional, sino otras muy interesantes de orden económico. El indio es un elemento inapreciable para ciertas industrias, porque está aclimatado y supone la mano de obra barata, en condiciones de difícil competencia." Como claramente lo expresa se ha instalado la idea del "aprovechamiento" del indio, que será imprescindible para terminar de incorporar a esas regiones hasta hacia poco incultas por su culpa y que a partir de entonces se integrarán al país contando con su esfuerzo.
Por otra parte, como ya hemos visto, se ha afirmado el pensamiento de que el Estado debe brindar "protección" y uno de los aspectos en que se intentó poner mayor énfasis fue en el de las relaciones laborales, pues eran la fuente de los mayores contactos y conflictos interétnicos. En otras palabras: inserción al mercado laboral bajo el amparo del Estado. Veremos como, también en este caso, es la historia de las buenas intenciones y las pocas realizaciones.
Nos remontemos a los antecedentes. Ya se ha investigado que en forma regular los indígenas del Chaco occidental aportaban trabajo a las haciendas ganaderas y agrícolas de Jujuy y Salta desde el siglo XVIII. (Teruel y Lagos, 1992; Gullón Abao, 1993; Teruel, 1994). Para cuando arrancamos con nuestra etapa de estudio poco se había avanzado con el "ir y venir, entrar y salir de los indios" de un espacio a otro del Chaco. Baldomero Carlsen, enviado a realizar un relevamiento de la línea de frontera de chaco salteño en 1870, ya tiene plenamente desarrollada la concepción de la conveniencia de la integración laboral frente al exterminio. "Los indios en toda su historia sufren horribles necesidades, continuas y grandes carestías debido exclusivamente a su índole holgazán cuanto a la vida poltrona que hacen todas estas naciones, rasgo característico que se hace exagerado en las razas del Chaco que por decirlo así son herborizadoras, pues que en ciertas estaciones del año no viven sino de las frutas mezquinas que abundan en los bosques (...) Esta misma índole hace más dóciles a las tribus del Chaco quienes es notorio se prestan a todo tipo de labores conformes con una modesta recompensa de ropa y trabajo lo que prefieren a una suma crecida de dinero, de manera que soy de opinión que pronto no sólo veríamos al indio utilizado con ventaja como actualmente sucede en todo el trayecto de Orán a Esquina Grande sino desde la Esquina Grande hasta Corrientes, donde veríamos que el indio mismo con los instintos de las ventajas que ello le reportaría se estaría brindando a llamarlos de manera que se contemplaría al indígena tal vez convertido en el más útil ciudadano y prestando el más útil recurso a la industria que circulase por esta parte de la frontera que son sus brazos. (...) Así que cubriendo la mano bienhechora del Gobierno Nacional este extenso trayecto territorial, solo florezca por él la industria y el ingenio civilizador de los pueblos argentinos, haciendo así que desaparezcan las oscuras tradiciones de tan infinitas expediciones que desde tiempos inmemoriales le han cruzado por todas partes, sin dar mas fruto que dejar este gran país, poblado de espectros errantes." (Carlsen, 1871, AGN, BN, Leg. 382) Aparecen aquí varios elementos discursivos que se repetirán frecuentemente desde distintos ámbitos de la esfera estatal, a saber: el indio puede dejar de ser un miserable si se incorpora a la civilización mediante el trabajo, por ende el indio no es un elemento negativo sino potencialmente útil; el Estado debe intervenir para que el progreso de la región y del indio vayan de la mano.
La otra cara de la moneda aparece en informes de la misma época, el indio trabajador es explotado inicuamente por el poblador de la frontera. Decía Napoleón Uriburu en 1875 " (...) en la frontera de Salta (...) los vecinos trataban de aprovechar del trabajo de estos infelices, explotando su ignorancia, defraudándoles el salario y exacerbándoles con especulaciones innobles, hasta hacerlos abandonar sus tierras y alejarse hasta donde pudieran vivir en completa libertad y lejos de nuestro contacto, para lanzar luego sobre las poblaciones, invasiones depredatorias en represalia de los excesos y arbitrariedades de que han sido víctimas." (Memoria Gobernación del Chaco, 1875) Se reclamará pues la acción del Estado para poner justicia en nombre de la civilización interviniendo contra los abusadores, pues sólo el Estado será capaz de imponer orden en el inestable mundo de la frontera.
El Estado hace sentir su presencia cada vez con mayor fuerza. Se corporiza en el milico de frontera que realiza batidas, en los colonos que al este y oeste se asientan en lotes fiscales, en expedicionarios que remontan ríos en embarcaciones gubernamentales, en ingenieros que proyectan caminos y vías férreas, en funcionarios que quieren levantar censos de indios. Desde finalizada la Guerra del Paraguay hasta la década de 1920 el Estado ha envuelto todo.
No todos reclaman lo mismo del Estado, otros le piden violencia, coacción para obligar al trabajo, ocupación efectiva del "desierto" para dejar al indio sin recursos. Eso lo veremos más adelante.
Los instrumentos legales referidos al trabajo indio no superaron el estadio de proyecto. El primero fue el código laboral de 1904, presentado por Joaquín V. González, que contenía en sus catorce títulos uno destinado a definir la persona civil del indio. El artículo 250 decía que "cualquier explotación en que se emplee el trabajo de los indios que habitan los Territorios Nacionales y toda persona que los tenga a su servicio doméstico o de otra clase, están obligados a considerarlos personas libres y dueños de todos los derechos inherentes a todos los habitantes de la República." González y sus colaboradores obviamente sabían que la esclavitud había sido abolida por la Constitución de 1853, pero si en 1904 creían necesario expresar taxativamente la condición de "libre" del indio, se entiende que tendrían sus razones. El indígena sería "asistido" por la fiscalía de territorios o provincias, que velaría por su buen trato, firma de contratos, amparo de sus derechos y la justa aplicación de las leyes.
En otros artículos del proyecto, que a veces se asemeja a un compendio de denuncias, se establecía que el indio no podía ser obligado a trabajar por amenazas (seguramente se refiere a las que realizaba el propio ejército cuando alguna tribu se negaba a "salir" del Chaco), ni ser sometido a castigos corporales, ni malos tratos (esto no se especifica cuando el código trata de trabajadores criollos o extranjeros) ni a trabajar más tiempo que el establecido en el sector o clase de labor.
Aludía al trabajo de mujeres y menores, a las obligaciones de provisión de ropa, alojamiento, asistencia médica, pago por convenio y en efectivo. Incluía la consabida prohibición de venta de alcohol y la obligación de los empresarios de permitir a los misioneros a que formen a los indios en la moral cristiana. El proyecto que podía significar un notable progreso para la realidad del aborigen trabajador era producto del acercamiento de figuras liberales reformistas del gobierno, de socialistas moderados y católicos sociales. Por otras razones e intereses, ajenas al tema específico del indio, el proyecto quedó abandonado en el Congreso sin llegar a ser discutido en detalle.
En 1907 se creó el Departamento Nacional del Trabajo, organismo que a través de su división Inspección y Vigilancia nos legó importantísimo material documental sobre las condiciones de los trabajadores indios. En el período que analizamos, por lo menos desde 1910 en adelante, el Departamento integró su cúpula con miembros del catolicismo social argentino y el cuerpo de inspectores, Rafael Zavalía, Alejandro Unsain, Pablo Storni y muy especialmente José Elias Niklison nos dejaron una visión crítica y detallada del proceso de inserción de los indígenas en los ingenios azucareros, empresas forestales, extractivas yerbateras y colonias algodoneras; que tienen tanta riqueza como del merecidamente famoso informe de Bialet Massé pero no gozan aún de su prestigio. Hemos trabajado sobre la temática (Lagos, 1988, 1992) y reeditamos parte de la difícilmente accesible obra de inspección de Niklison (Boletines del Departamento Nacional del Trabajo años 1916, 1917; reed. 1989, 1990) por lo que remitimos a ella a fin de no reiterarnos.
Más que efectiva, la labor del Departamento fue de denuncia, no contaba con un presupuesto adecuado, un marco legal apropiado y, lo más importante, con respaldo firme del poder, por eso muchos lo consideraban un organismo superfluo e inoperante. Pero allí quedan los informes de inspección, documentando el papel del ejército en el reclutamiento de indios, las condiciones del traslado hacia los centros de labor, las formas en que se pagaba, los manejos de almacenes y proveedurías, las jornadas de trabajo; en fin, un corte, con la rudeza de un documentalista cinematográfico, de la incorporación masiva de los indios al mundo del trabajo en el primer cuarto de siglo.
Un proyecto presentado unos meses antes del inicio de la presidencia de Yrigoyen en 1916, ratificaba términos y preocupaciones respecto del trabajo indio en los ingenios. Correrá la suerte de los anteriores sin obtener la sanción. Se recalcaba la misión protectora del Gobierno Federal a través del Departamento del Trabajo cuyo Director e inspectores debían, por lo menos una vez al año, controlar las condiciones laborales y proponer los medios para mejorar su situación. A cargo de los fiscales de juzgados quedaría la representación del estado en defensa de los indios, especificándose su intervención en casos de defraudación, trato inhumano o coacción por parte de "patrones, funcionarios policiales o administrativos". Seguramente sin pretenderlo, el proyecto de ley indicaba los ilícitos más comunes y quienes los cometían.
También el proyecto de Código de trabajo presentado durante la presidencia de Yrigoyen contenía un título dedicado al trabajo indígena. Basándose en la experiencia recogida desde el Departamento del Trabajo se puntualizaban aspectos que más que destinados a la labor del indio en general hacen pensar exclusivamente en el trabajo de los ingenios. Para no reiterar aspectos que son comunes con los proyectos anteriores nos centramos en un par de temas no tratados hasta esa fecha. En el articulo 136 se mencionaba la prohibición de la actividad de los "conchabadores", que no podrían actuar sin previa autorización del Ministerio de Interior. Es la primera vez que aparecen mencionados los contratistas, figuras proverbiales de las décadas del veinte y treinta en la labor de "sacar" (término vulgar referido a lograr la aceptación y traslado de indios al trabajo, aplicado reiteradamente en el documento) del Chaco. En lo que hace a los ingenios en la primera década del siglo aún seguían teniendo a sus servicios mayordomos que eran los encargados de la tarea, pero al lado de estos ya aparecen contratistas independientes que cobran por brazo aportado. Con el tiempo y por razones de estricta conveniencia económica los ingenios (nos referimos a los jujeños, que son los que desde antiguo y por volumen, utilizaron masivamente chaqueños) delegaron la consecución de sus braceros en estos personajes conocidos popularmente como "negreros". [2]
Fueron las autoridades de los Territorios Nacionales en 1924 las que impidieron la "salida" de los indios, medida que fue ratificada por la presidencia de Alvear en 1927. Ocurre que el desarrollo del algodonero, necesitado de braceros temporarios, provocó una disputa por la posesión de la mano de obra, de tal magnitud que hubo de intervenir el presidente mediante decreto. La fama explotadora de los ingenios, sumado a la concepción de la posibilidad de desarrollo regional a partir del algodón, hizo que la balanza se volcara en favor de los colonos y empresas cultivadoras del Chaco, no obstante los ingenios de azúcar venían girando su área de captación hacia el oeste y sur boliviano, reemplazando lenta pero no totalmente a los chaqueños por campesinos andinos. La legislación nunca definitivamente concretada cuando se trataba del asunto específicamente indio, se aceleraba cuando intervenían otros intereses.
Para los indios haber trabajado en establecimientos industriales les otorgaba en cierta medida un certificado de buena conducta. Son frecuentes los documentos de exploradores militares o civiles que hacen referencia a que arribados a una toldería prontamente se les muestran los "papeles" donde consta la actividad. En la expedición de Luna Olmos al Pilcomayo en 1905, la credencial, conservada cuidadosamente según el autor en canutos de caña atados al cuello o cinturón, hace que el autor inmediatamente catalogue a los aborígenes como mansos (Luna Olmos, 1905: 32, 46 y 54 )
No hay duda que el proceso de inserción a mercados laborales fue uno de los más claros y definitorios en la etapa del desarrollo de las comunidades indias del Chaco en el período que estudiamos. El otro es la violencia, y en buena medida están íntimamente ligados. Si ésta fue necesaria aún el último tercio del siglo XIX, y aclaremos que no fue exclusividad de las tropas nacionales, en las primeras décadas del XX están tan acotados y cercados los medios tradicionales de subsistencia y tan aceitados los mecanismos para asegurar la concurrencia al trabajo que se vuelve poco frecuente, no desaparece, sólo se hace más selectiva.
Integración
Ya se ha abordado el tema en una investigación anterior, aquí queremos enfocarlo exclusivamente desde la óptica del Estado y la búsqueda de una definición para calificar el status del indio con vistas a su futuro ingreso en la sociedad nacional.
El asunto en debate era si el indio era un ciudadano argentino, y en caso que la respuesta no fuera positiva qué instituciones civiles eran las que debían regir el accionar de estas sociedades. Sobre el punto no hubo acuerdo ni se llegó a una definición.
"Nacionales, pero no ciudadanos", "argentinos, pero rebeldes", "ciudadanos con los derechos restringidos" he aquí algunas de las definiciones en torno de las cuales giraron las discusiones en el ámbito legislativo hacia la década de 1880. Algunos diputados cuestionaban cómo se podían definir ciudadanos aquellos que no pagaban impuestos, no tenían obligación de formar las guardias nacionales ni otros deberes con que cargaban todos los demás. Otros señalaban la dificultad de calificar de ciudadanos a aquellos que no votaban porque no estaban inscriptos en ningún registro nacional, que no estaban enrolados, que no podían ser diputados porque no pertenecían a ninguna provincia.
Una tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires de 1894 incluía las diversas posturas respecto del tema, comparándolas con la de la legislación norteamericana y concluía: "La diversa condición en que se halla nuestro indígena ante la legislación de la que se encuentran los pieles rojas se manifiesta además en el derecho de ciudadanía que las leyes aquí le conceden y que las de América del Norte le niegan.(...)Los indios son ciudadanos argentinos, aún cuando no se encuentran en el actual ejercicio de las prerrogativas que le son propias, para lo cual no tienen más requisitos que llenar que el de la edad requerida por la ley de elecciones. LLegados a esta conclusión ocurre preguntar: ¿ Qué ley o precepto constitucional autoriza al P.E. para disponer, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, destinarlos a cuerpos de línea o a buques nacionales, seguramente contra la voluntad de ellos? ¿ Qué disposición legislativa lo ha facultado para dar indios a los particulares que los solicitan en tal forma que parecía la donación de una cosa? (...) o se los considera como argentinos y entonces, en las luchas que sostenían contra el ejército nacional incurrían en delito de sedición castigado con prisión, o eran extranjeros y en ese caso emplearían la ley de guerra." ( Zavalía, 1894: 108, 109)
En un tratado sobre derecho constitucional argentino Juan González Calderón opinaba que "Las declaraciones, derechos y garantías, que la Constitución ofrece a "todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino" no puede menos que comprender, en su gran amplitud, a los indígenas cuya situación fue favorablemente contemplada por los fundadores de nuestra nacionalidad " Agregando luego " (...) La ley de ciudadanía de 1869, vigente, no es menos explícita y terminante que la Constitución "son argentinos (art. 1 inc.1) todos los individuos nacidos o que nazcan en el territorio de la república, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres." Los indios nacidos en nuestro suelo son pues, ciudadanos argentinos y gozan de idénticos derechos que los demás" (González Calderón, 1908: 42)
Para otros, estas opiniones, a pesar de su lógica, constituían el basamento de la ficción de la igualdad. "Frente a los indígenas no incorporados a la civilización, que carecen en su mayoría de residencia fija, así como de domicilio legal, la igualdad no ha abierto sino camino a innumerables abusos (...) los indígenas en este estado son verdaderos incapaces de hecho (...) la igualdad del indio es potencial y se convierte en actual por el reconocimiento de su aptitud (...) se prevé, pues, un estado de transición. ¿ Cómo tendría lugar el reconocimiento de esa aptitud ? Una solución consistiría en acordarla a los indígenas que hayan cumplido con la ley de servicio militar y sepan leer y escribir." ( en Secretaria de Trabajo y Previsión, 1945: 74)
La contradicción entre sociedad legal y sociedad real, la igualdad de derecho frente a la desigualdad de facto estaba en la conciencia de algunos funcionarios estatales; lo que no cabía en sus mentes era la posibilidad de que en la construcción de la nacionalidad pudiera basarse en la aceptación de las diferencias identitarias. Los principios historicistas europeos, que como sabemos tenían fundamental influencia en nuestra elite ilustrada, subrayaban que la unidad de una nación derivaba de la homogeneidad racial y cultural. Ese modelo de nación, como mejor forma de organización que facilitaría el acceso al progreso, podría también redimir al indio permitiéndole zanjar las distancias sociales y económicas. La vía de acceso a la ciudadanía, a la nacionalidad, sería cultural, por medio de la instrucción. La adopción de esta ideología conllevaba la negación del indio.
La fórmula era antigua y había sido aplicada para los sectores populares: sólo se hacían merecedores de los derechos políticos, es decir del acceso a la ciudadanía, aquellos que desarrollaran sus aptitudes intelectuales por la vía de la educación formal manejada desde el Estado. Con los aborígenes la cuestión no superó el plano de la discusión teórica en lo referente a su status de ciudadano y no se concretó casi absolutamente nada en la faz educativa destinada a integrarlo. El proceso de aculturación, que evidentemente se produjo con fuerza en el período que analizamos, terminó derivando del contacto con los mercados de trabajo o del asentamiento en áreas urbanas marginales. No fue producto de una acción planificada desde el poder, desde éste se concretaron otro tipo de cosas como por ejemplo autorizar la violencia.
Legitimación de la violencia
"Fieros y sucios salvajes, semidesnudos, por no decir desnudos del todo. Asquerosos tipos todos, aun los del bello sexo (...)
Nosotros les hacemos la guerra no para exterminarlos ni quitarles sus haciendas y mujeres, sino para que se sometan a las leyes de la patria (...) Tenemos millones de vacas y nuestras mujeres son más hermosas, que no se enojen las chinas pero son muy feas y por cierto no nos inducen a cautivarlas.
Así pues deben comprender que no hacemos la guerra para causarles mal sino en su propio beneficio." (Fotheringham, 1911: 461) Esta justificación del ejercicio de la violencia escrita por un militar argentino a inicios de este siglo perfectamente podría pasar por el texto de un adelantado español del XVI. La desnudez, la fiereza, el deber moral de civilizar, los viejos leit motiv, una y otra vez reiterados. Aquí subyacen los argumentos profundos, con una fuerte carga de desprecio racial, utilizados en todos los tiempos y por todos, desde los altos funcionarios gubernamentales hasta los rudimentarios soldados de fortín, para sentirse cómodos en la misión.
Pero sobre ese permanente mar de fondo hay variantes. Indagaremos el tratamiento del asunto rastreando dos tipos de fuentes: los mensajes presidenciales y la instrucciones impartidas desde el Ministerio de Guerra o los Jefes de frontera. Una vez más se verifica que la rudeza terminológica se apacigua con el correr del tiempo y que el discurso del exterminio se trasmuta en otro integrador. [3]
En la pocas líneas dedicadas a la cuestión indígena en las décadas de 1860 y 1870 los presidentes utilizan un lenguaje militar, de enfrentamiento, donde aparecen frases como "diezmándolos donde más seguros se creen (...) arrojándolos de sus guaridas (...) llevarles el espanto." Paralelamente se reclama por una pronta solución pues el tema indio genera un costo excesivo al Estado.
Coetáneamente a la conclusión de la campañas militares del sur, en el Mensaje de 1881 Roca manifiesta que los indios del Chaco son de una peligrosidad menor y que se encaran expediciones para alejarlos lo más posible y evitar sus pequeñas depredaciones "se van retirando a medida que avanza la población". En 1882 y luego, en 1885 cuando concluye la campaña de Victorica, se habla de cercamiento definitivo de las tribus, de realización de batidas finales, concluyendo " Quedan desde hoy levantadas las barreras absurdas que la barbarie nos oponía en nuestro propio territorio, y cuando se hable de fronteras en adelante, se entenderá que nos referimos a las líneas que nos dividen con las naciones vecinas y no las que han sido entre nosotros sinónimos de sangre, de duelo, de inseguridad y descrédito para la República." ( Mensaje del P.E. al H. Congreso de la Nación, 1885) Consolidaba Roca la idea de las fronteras interiores, tan utilizada con posterioridad por la historiografía tradicional y el carácter vergonzante que ello significaba para una nación que pretendía ser civilizada. [4]
Prontamente el asunto indígena desaparece del temario de los Mensajes, para luego tomar un rumbo diferente. Figueroa Alcorta señala en 1908 que dadas las peculiaridades del medio chaqueño se requieren otros procedimientos diferentes a los empleados en el sur, es decir la penetración pacífica. Se especifica que se ha organizado una división de Caballería que realiza operación de policía desde Orán hasta Paraguay "... las tropas avanzan lentamente haciendo comprender a los indios que no van en son de guerra, sino simplemente a establecer el imperio de las leyes nacionales que amparan a ellos mismos, facilitándoles su incorporación a la civilización nacional y el mejoramiento de sus condiciones de vida." (Mensaje del P.E. al H. Congreso de la Nación, 1908) A partir de allí la cuestión es tratada con el mismo tono.
En la década de 1910 se encuentran referencias a las reducciones, indicando datos favorables sobre su funcionamiento. En 1915 de la Plaza afirma que el sistema está dando buenos resultados y que " en ambas reducciones (Napalpí y B. de las Casas) hay 2.500 indios mansos, trabajando, cuyos hijos van a la escuela sin que haya sido menester la presencia, no ya de tropas, pero ni siquiera de un solo gendarme de policía" (Mensaje del P.E. al H. Congreso de la Nación, 1915) De la misma opinión era Yrigoyen, en las escasísimas expresiones sobre el tema indica que el sistema de colonias (así las denomina) está dando óptimos resultados. Han desaparecido las alusiones al salvajismo, a la necesidad de exterminar la barbarie, si solo nos guiáramos por los discursos de los presidentes opinaríamos que la violencia en el Chaco es sólo un recuerdo muy lejano.
Está claro que el Ejecutivo tiene muchos asuntos de que ocuparse y que el tema indígena siquiera en sus momentos más álgidos ocupó un lugar de importancia en su discurso político, pero si ajustamos la mira a un ámbito más específico como lo es el Ministerio de Guerra, con mayor volumen expresivo, veremos que sigue un idéntico derrotero.
En las décadas de 1870 y 1880 en toda la documentación el tratamiento que recibe el indio es de "enemigo" y todas las acciones en su contra son consideradas de guerra. A fin de siglo XIX desaparece el calificativo y a todas las operaciones punitivas se le agregan otros fines, como explorar caminos, hallar aguadas, etc., que pretenden demostrar que las acciones no son exclusivamente violentas. Por fin, a inicios del XX sólo se habla de la misión civilizadora y de la violencia como recurso extremo.
Analicemos algunos ejemplos. Decía Victorica en 1880. "No podemos permitir el imperio de las chuzas y las flechas. La nación alzará su frente despejada de las sombras de la barbarie ante las naciones que la circundan." (Memoria del Ministerio de Guerra, 1880). Más adelante en 1883, en las instrucciones para que ajusten su conducta los Coroneles Bosch y Obligado indicaba " Si encontraran tribus indias, procurarán su sometimiento, las batirán en caso de resistencia y las desarmarán en los puntos convenientes" (Memoria de Ministerio de Guerra, 1883) El propio Francisco Bosch pronuncia un discurso ante la tropa al momento de iniciar la campaña cuyo objetivo es "atraer a la civilización a las tribus bárbaras que rechazan los beneficios que ella dispone y que nosotros sabemos apreciar. Hagámosle comprender cuál es nuestra misión y que sólo emplearemos en último caso el elemento destructor de las armas..." (Memoria del Ministerio de Guerra, 1883)
La represión como escarmiento, la venganza, la violencia ejemplificadora son siempre pretextos que aparecen en informes, boletines y memorias. El indio es acusado de iniciar siempre las acciones, de abrir fuego, de provocar con sus rapiñas la intervención del ejército. Es frecuente encontrar en los partes: se vengó al Sargento de baqueanos con la muerte de tantos indios, o cayeron prisioneros y fueron ejecutados los indios que habían atacado y provocado heridos en tal partida. Con mucha naturalidad indica Fotheringam la suerte de un cacique que había tenido variados enfrentamientos con las tropas, " Se formó un consejo de guerra (...) Llegó el día de arreglo de cuentas. Fue sentenciado a muerte. Aprobada la sentencia se llevó a cabo, al pie de un corpulento quebracho. Ahí nomás lo dejamos para escarmiento." ( Fotheringam, 1911: 440)
Como afirmábamos anteriormente hacia fines del siglo XIX el discurso se hace más moderado. El ministro de la guerra Luis María Campos daba estos instructivos a las guarniciones chaqueñas en 1899 " Sería error grave, no ya asumir ante ellos una actitud agresiva y de combate sin causa plenamente justificada, sino también inquietarlos sin razón, introduciendo temores y desconfianzas en las tribus sobre la acción de las tropas de la Nación, que no van a realizar una conquista ni a exterminar, sino a garantir los intereses generales y legítimos de trabajo, teniendo siempre en vista que esas tribus no deben ver enemigos en las tropas, sino protectores, siempre que la actitud de las primeras se mantenga en situación de no hacer necesarias las medidas de represión que reclaman desmanes que no deben ser tolerados, procediendo siempre en estos casos con suma prudencia en el castigo y dentro de los límites absolutamente precisos.
Es pues pacifica, esencialmente pacífica, aunque no por eso menos honrosa la misión delicada que se encomienda al celo y competencia de V.S. encuadrada dentro de una acción de sometimiento que llamaré‚ de persuasión respecto de los indios, y de previsión para evitar más bien que castigar los desmanes de éstos, por una parte, y por otra de ocupación paulatina del territorio en el movimiento de avance y estacionamiento de tropas." ( Memoria del Ministerio de Guerra, 1899)
En realidad toda esta postura obedece a que por aquellos tiempos la peligrosidad de indio era considerada menor y sumamente acotada. El bandolerismo era asociado generalmente con criollos que habitaban con los indígenas y los incentivaban al robo. Cuando la represión se ejerciera debería ser circunscripta como lo explicaba el coronel Cenoz "Como en todas partes, existen entre ellos elementos muy malos y hasta incorregibles, que ejercen sobre los demás cierto dominio, que los inducen a sublevarse y a cometer toda clase de depredaciones. Muchos de estos elementos son conocidos por sus antecedentes y bien podría tomar medidas el Superior Gobierno, alejándolos de aquellas tierras, para asegurar orden y tranquilidad en las poblaciones. Los que conocen bien estos elementos son los padres misioneros y los dueños y capataces de los ingenios y obrajes donde trabajan y sería fácil entonces proceder en la forma indicada medida que estos los sindicaran. Sería un gran paso para el progreso en aquellos puntos y para el adelanto de la civilización; y serviría además de ejemplo para toda la indiada." (Cenoz, 1913: 115)
En realidad el papel del ejército desde la última década del XIX fue el de policía. La operación típica es la batida con el objeto de castigar un acto delictivo previo. Las partidas que realizan las operaciones son sumamente reducidas, al igual que las guarniciones de fortines, oscilan entre diez y veinte efectivos. Las quejas nacidas de los fortines derivan más de la falta de medios y aprovisionamiento, de la escasez de caballada, del retraso de pago que de la agresividad de los indios. Los informes comúnmente elevados manifiestan "Las operaciones de guerra contra los indios se han limitado al desprendimiento de una que otra partida de los acantonamientos, para perseguir pequeños grupos de indios que audazmente tentaron caer sobre algunos establecimientos ganaderos de Santa Fe y Santiago, no consiguiendo sus propósitos..." (Memoria del Ministerio de Guerra, 1890)
Las expediciones de mayor volumen, como la de 1884 o 1911, no registraron grandes enfrentamientos, los propios oficiales tenían más quejas contra la naturaleza chaqueña que contra sus adversarios. "Fue una linda expedición. Los bosques formaban el mayor obstáculo, la dificultad más seria" señalaba el citado Fotheringham; Rostagno manifiesta como principales dificultades de su campaña la falta de aguadas, las dificultades para aprovisionarse y el escollo de encontrar vías practicables de comunicación " Se han recorrido más de 3.600 leguas (...) han desaparecido como consecuencia como regiones de leyenda, de hazañas y misterios. Durante ese inmenso recorrido no se ha tenido necesidad de disparar un solo proyectil, aunque se encontraron más de 8.000 indios en las hermosas lagunas del Pilcomayo central (...)" (Rostagno, 1911: 15)
No existe prácticamente historia de desplazamiento e intromisión sobre tierras previamente ocupadas sin la utilización de la violencia. Esta fue moneda corriente en la relación con los chaqueños, aunque no la exclusiva forma de contacto. Al igual que para otros casos de nuestro continente; suroeste de Estados Unidos, amazonía colombiana, venezolana y brasileña o sur argentino y chileno; el recambio tecnológico del armamento y la apetencia de nuevas tierras derivada de la apertura de mercados fueron de los factores determinantes en el quiebre de una relación de fuerzas mantenida precariamente. Desde el Estado argentino se buscó la contención de la violencia generalizada porque el interés público indicaba a las claras que era necesario, por motivos mas económicos que humanitarios, conservar al indio.
Conclusión
Está claro que la cuestión india no ocupó un lugar de importancia ni en el debate político argentino ni como cuestión central de Estado. Cuando el tema se abordó con frecuencia fue como asunto de frontera, de territorio o de guerra, no porque preocupara el destino en sí de estas minorías. Más adelante, entrados en este siglo, superados los problemas de ocupación espacial, la cuestión no mereció jamás un tratamiento profundo. La política indígena (si es que se puede hablar de una) fue errática, circunstancial, sin definición y sobre todo sin concreción, cuando hubo alguna propuesta.
Influye que tal cosa suceda el hecho de tratarse de una población escasa y marginal, que no es fuente de rédito político (no votan, son pobres, son pocos), y que no ha gozado ni de simpatía ni buena fama entre los otros pobladores. Será necesario un tiempo muy prolongado, mayor del que abarca este análisis, para hacer desaparecer la imagen del indio enemigo.
No hubo en Argentina, por lo menos si lo comparamos con lo hecho en México a partir de la revolución o en Bolivia a mediados de siglo, una política indigenista. En el primer país, hubo a partir de la revolución de 1910 un intento de integración paternalista de la masa indígena a través del "deseo" de elevación de las condiciones materiales de existencia y del reconocimiento de las antiguas culturas "monumentales" como partes conformantes del pasado histórico que contribuyó a la formación de la nacionalidad mexicana. En nuestro vecino país este último aspecto nunca ha tenido la fuerza reivindicativa de México, pero los aspectos tocantes a la posesión de la tierra y la pervivencia de la comunidad fueron centro de un nutrido debate político. En Argentina, la escasa "riqueza" del pasado cultural del aborigen autóctono, impidió que se lo incluyera entre los elementos formadores de la nacionalidad, más bien se lo negó como herencia ignominiosa. Respecto de la tierra, poco y nada se debatió, menos se promulgó. Esto no implica que no haya existido desde el poder una percepción del asunto indígena. Sin embargo, los datos que nos brinda esa visón, como sucede igualmente en México y Bolivia, nos dan las más de las veces, pautas de los prejuicios y convicciones de la elite intelectual y por momentos del tiempo histórico y político, que de la realidad indígena. [5] Si hubo una coincidencia, ésta se basó en la indiscutible legitimidad de las naciones a imponerse sobre los sectores retardados o diferentes que impedían de alguna forma el progreso de los países.
Por razones de simpatía hacia las minorías indígenas, que obviamente compartimos, algunos autores indican que en el Chaco se aplicó una política de persecución y exterminio, ideada desde un Estado racista y oligárquico. La fórmula es efectista, llegando en algunos casos al simplismo del enfrentamiento del mal (el blanco, el capitalismo) con el bien (el indio, la naturaleza), (Rozenzvaig, 1996). Hablar de genocidio es un argumento contundente a la hora de hacer denuncias, convincente para lectores que de ante mano tienen identificadas las víctimas. No se nos mal interprete, no estamos planteando una nueva leyenda rosa para el Chaco. Lo repetimos, no negamos la violencia, que estuvo en la misma esencia de las relaciones interétnicas y desde tan antiguo como los contactos, lo que queremos dejar en claro es que el Estado actuó con discreción en Chaco no por razones humanitarias sino de estricta conveniencia económica: el indio muerto no sirve para trabajar. Y atención, esto no es nuevo, ni original.
En este sentido es importante dejar en claro las diferencias con el caso del sur del país, donde se consideraba que estaba el "verdadero problema del indio", donde éste no era incluido como potencial trabajador en el despegue de las actividades agrícolas y ganaderas, en fin, donde la violencia tuvo un despliegue sin control.
No creemos que sea necesario el exterminio completo de un pueblo para recién hablar de genocidio, no es una cuestión de volumen sino de política. Un corto número de víctimas, producto de una persecución planificada y ejecutada por un Estado, puede merecer tal nombre. La política del Estado argentino de evitar el exterminio del chaqueño para así ponerlo al servicio de las explotaciones regionales, trajo a la larga un deterioro de las poblaciones indígenas, mayor de las que fueran producto de las campañas militares, y de alcances más profundos, ya que fue trastocando las estructuras mismas de la cultura aborigen. No hubo una política explícita genocida desde el Estado, una sistemática y cruel campaña de aniquilamiento, una planificada acción militar para lograr su eliminación. Lo que fue genocida en todo caso fue la política errática, o mejor como lo venimos afirmando, la falta de una política, que en absoluto creemos casual. La situación de dejar al indígena en condiciones de ser sobreexplotado, de promover una "integración" cargada de desprecio y discriminación, quizá no fuera más que la "exageración " de lo que se hacía con el criollo y en menor escala con el gringo, como lo afirmara en esos tiempos Bialet.
¿Podría haberse aplicado otra política desde el Estado? Si pensamos la respuesta a este interrogante contrafactual en los términos de la lógica de la época, debemos contestar que no. Todos los argumentos y razones del fin de siglo XIX, imperialista y colonialista, indicaban que era "obligación" de un Estado civilizado someter, integrar a los aborígenes por su propio bien. Si ingleses y franceses iluminaban con su ejemplo el camino que sacaba de la barbarie a los pueblos del Asia y Africa, el mismo deber tenían los argentinos para con sus congéneres retrasados que habitaban el mismo territorio. El deber ser tuvo aquí más de eliminación de una vergüenza nacional que de antorcha redentora del salvajismo.
¿Fue racista la política del Estado argentino? Hay coincidencias en que el estereotipo negativo del indio, así como las relaciones de desigualdad no constituyen más que una continuación del producto recibido de la herencia colonial. Los prejuicios, la violencia y la discriminación construida durante el dominio colonial habrían permanecido intactos durante la construcción del Estado-nación, sufriendo leves modificaciones, más de forma que de fondo, bajo la influencia del liberalismo. Negar estos antecedentes equivaldría a negar las políticas de discriminación racial impuestas desde la colonia, sin embargo, existen algunos matices diferenciales. El Estado por nosotros analizado tuvo un racismo de "inclusión", a diferencia de la República de españoles e indios. Asimilar para hacer desaparecer lo diferente, que es la contracara de la civilización y el universalismo (de la raza blanca).
La búsqueda de la unidad y la homogeneidad como elementos irrenunciables, en la construcción de la nacionalidad, tuvo mucho que ver, en la concepción de la elite, con el poder y la dominación. Para la nación "cívica" la unidad se debía sustentar en la adhesión y lealtad tanto a un cuerpo político como a una idea de homogeneidad cultural que constituiría una identidad colectiva de la que se nutriría el ciudadano. Y fue la elite la que inventó y revitalizó un origen, una tradición cultural "común", buscando borrar toda diversidad que interfiriera con su aspiración de ser la auténtica poseedora de la cultura.
Entonces la unidad cultural se construirá sobre la base de la negación de las diferencias. El indio será incluido, a condición de que pierda sus peculiaridades, integrado en lenguaje de época. O excluido y separado, reducido, mientras se transforma
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